Ángela Guerra y Edilberto Rojas, padrinos de la pequeña Sara Salazar, capturados por el crimen cometido de la menor, no aceptaron los cargos y serán trasladados a la cárcel de Picaleña, donde tendrán que esperar a que se concreten las fechas para las nuevas audiencias. Los implicados fueron acusados de los delitos de "tortura agravada, homicidio agravado y acceso carnal violento". El caso de Sara Yolima Salazar, quien fue ingresada el 21 de abril de emergencia en el hospital de la población de Armero Guayabal por lesiones antiguas y nuevas que le provocaron la muerte un día después, reabrió la herida que dejó en diciembre pasado el caso de Yuliana Samboni, una menor indígena de siete años que fue secuestrada, violada, torturada y asesinada en Bogotá. "Sarita" fue hospitalizada con un presunto golpe en la cabeza, pero su condición obligó a que la trasladaran a un hospital de la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima (centro), donde los médicos descubrieron heridas en el pecho, trauma cráneo encefálico severo, amputación de un dedo, fractura en el brazo izquierdo, cicatrices en las piernas y signos de abuso sexual. La pequeña presentaba desnutrición y había sido entregada en custodia a su madrina después de que su mamá biológica dijera que no tenía dinero para mantenerla. "Cero impunidad con agresores de niños. La Fiscalía capturó a dos presuntos responsables del homicidio de Sarita. Juez dictó medida intramuros", precisó hoy en otro tuit la Fiscalía.
Fueron capturados por la Dijín de la Policía y la Fiscalía en Tolima Ángela Johana Guerra Ureña y Edilberto Rojas Torres, los padrinos de Sara Salazar, la menor que fue maltratada, asesinada y abusada sexualmente en Armero Guayabal. Las detenciones se dan luego de que se emitieran órdenes de capturas tras los resultados de las pruebas de laboratorio practicadas a la menor. Ángela Guerra deberá responder por los delitos de tortura agravada y homicidio agravado, mientras que Edilberto Rojas por homicidio agravado. Estas personas, hace un año, tenían bajo su custodia a la menor.
Con el paso de las horas se conocen más detalles de la muerte de la niña Sara Yolima Salazar Palacio, de tan solo 3 años de edad, asesinada el pasado fin de semana en Tolima. Según trascendió, tras los resultados obtenidos por Medicina Legal, autoridades habrían identificado ya a los presuntos responsables del descuido, maltrato, abuso y asesinato de la menor; investigadores del caso ya trabajan en dos órdenes de captura. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que la entidad está “actuando con toda intensidad en el esclareciendo de este delito”. Sin embargo, confesó que dependen de las pruebas forenses que se han dispuesto. “En el corto plazo mostraremos los responsables en este crimen”, enfatizó. Por otro lado, también avanzan las investigaciones de la Procuraduría por las fallas de atención por parte de funcionarios públicos y de la comisaría, donde se conocieron las primeras denuncias sobre los abusos a la menor. Carlos Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, aseguró que la menor tenía "todos los signos que denotan maltrato infantil: desnutrición, malas condiciones, bajo peso, y traumas antiguos y recientes". De acuerdo con la necropsia practicada a la menor, entre los traumas recientes que se pudieron evidenciar en el cuerpo de Sara hay signos de violencia sexual. Además, se confirmó que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico por fuertes zarandeos a los que fue sometida. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Continúan los casos de abuso sexual a niños en el país. 4 niños eran abusados por su abuelo y su tío desde hace 2 años en Bogotá. -El Gobierno no descarta ampliar la declaratoria de emergencia económica y social en Mocoa tras la avalancha que cobró la vida de 328 personas. -Dos niñas habrían intentado quitarse la vida jugando a la ballena azul en Palmira, Valle. -Un deslizamiento de tierra dejó sin agua potable a más de 10 mil familias en el sur de Medellín. -El presidente Nicolás Maduro comparó los disturbios que se registran a esta hora en Caracas, con el conflicto en la Franja de Gaza. -Venezuela deberá pagar más de 8 millones de dólares para poder salir de la OEA. -El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa respondió a la polémica por sus declaraciones en las que aseguró que Soacha era un municipio pobre. -Terminó la marcha de trabajadores del estado en Bogotá. Protestaban contra el Gobierno y sus propuestas salariales.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, confirmó a Blu Radio que los tres menores de edad que convivían con la familia que tenía la custodia de la niña Sarita Salazar, violada y asesinada en el departamento del Tolima, están bajo el cuidado de una madre sustituta del ICBF. Según la directora, "la comisaría de familia abrió un proceso de restablecimiento de derechos para los tres hijos de la madrina de Sarita, que ya se encuentran bajo la custodia de una madre sustituta, que les garantizará todos sus derechos". Plazas agregó que se hizo apertura de un proceso se acompañamiento psicosocial a los niños de 15, 10 y 3 años de edad que convivían con la menor que fue abusada sexualmente. La directora del ICBF reconoció la diligencia con la que ha actuado la Fiscalía y los demás órganos de justicia en el caso del asesinato de Sarita, también en el Valerie y Yuliana, pero hizo un llamado a que se apliquen los mismos protocolos en todos los casos que a diario se registran en Colombia por el abuso y crimen contra los menores de edad. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias -Se conoció un nuevo caso de un adolescente que al parecer se quitó la vida con el juego de la Ballena Azul. -Ideam mantiene alerta roja por posible deslizamiento de tierra en la ciudad de Manizales. -Desde valiente hasta cínico le han dicho al expresidente Álvaro Uribe en el Congreso después de que dijera que estaba dispuesto a renunciar a su fuero presidencial si se le comprueba algún vínculo con el escándalo de Odebrecht. -La Contraloría calcula que los próximos cinco gobiernos van a necesitar más de 200 billones de pesos adicionales en el presupuesto, para financiar el posconflicto. -Una niña de 9 años está en Tunja y espera desde hace 12 días una operación urgente por una masa que le encontraron en el estómago, pero ninguna clínica de Bogotá la recibe por problemas con Cafesalud. -Avanzan ya las concentraciones en este nuevo día de protestas en Caracas... Los integrantes de la oposición intentan llegar a la Defensoría del Pueblo. -La embajada de la Unión Europea en Colombia no cree conveniente que Venezuela salga de la OEA porque considera que no es momento de que se destruyan los puentes de cooperación y diálogo. -Atlético Nacional y Junior se pondrán al día en la Liga Águila en el partido que corresponde a la fecha 5 del campeonato. -Las alcaldías locales en Bogotá, siguen estando en el ojo del huracán... La Personería encontró posibles irregularidades en contratos por más de 12 mil millones de pesos en Santafé y Bosa. -Las autoridades capturaron a un segundo sospechoso de haber participado en la masacre del bar Oxígeno en la localidad de Fontibón de Bogotá. La Fiscalía ya le imputó cargos.
Justo cuando se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil y el país es testigo de varios crímenes contra los menores. La Fiscalía anunció que se investigará al círculo más cercano de la pequeña Sara Salazar para determinar quiénes son los responsables del atroz crimen del que fue víctima. La vicefiscal general María Paulina Riveros aseguró que continúan avanzando las investigaciones en el caso de Sara Salazar y que se investigará al círculo más cercano de la menor para determinar la responsabilidad del crimen. Además, señaló que se investigará a la Comisaria de Familia por permitir que los padrinos de la menor obtuvieran su custodia. "Estamos investigando a las personas más cercanas a la niña, a su círculo más próximo y por supuesto investigando no solamente la muerte de la niña y la violencia sexual, sino todo el tipo de violencias que presenta el cuerpo en este caso. La investigación en este momento se contrae a las personas más cercanas", añadió. Por otra parte, Riveros señaló que a raíz del asesinato de Yuliana Samboni se creó un protocolo de atención inmediata a menores con el fin de combatir la violencia sexual a niños y niñas en el país. Resultados de la necropsia Destacando que el caso de Sara Salazar es uno de los hechos más violentos que ha conocido el Instituto Nacional de Medicina Legal, el director de la entidad, Carlos Valdés, anunció que se está a pocas horas de encontrar a quién pertenece de la evidencia genética que se halló en el cuerpo de la menor. "24 horas después de haber terminado la necropsia a la menor Sara y de haber recuperado muestras de allí para ser analizadas en los laboratorios de biología y genética, se ha encontrado evidencia biológica en el cuerpo de la menor. Significa esto que estamos a pocas horas de encontrar los perfiles genéticos en el cuerpo de la menor y poder conocer científicamente a la persona donante de ese perfil genético", afirmó. Cabe recordar que la menor Sara Salazar fue ingresada al hospital Nelson Restrepo Martínez de Armero Guayabal, Tolima, el pasado viernes con heridas de gravedad. Tras las respectivas revisiones médicas, los médicos evidenciaron signos de tortura, abuso sexual y desnutrición, por lo que decidieron poner el caso en conocimiento de las autoridades. No obstante, cuando iba a ser intervenida quirúrgicamente el pasado sábado, falleció.
“Evidenciamos que la niña en 2016 había ingresado dos veces al hospital. Dijeron que posiblemente estaba perdiendo la nariz, al parecer por leishmaniasis, no tenía la nariz”, dijo la secretaria de Salud de Tolima, Sandra Liliana Torres. Este jueves, varios profesionales se desplazarán hasta este municipio para buscar más información que ayude a esclarecer el caso. El caso de Sara Yolima Salazar, una niña de tres años ingresada el viernes de emergencia en el hospital de la población de Armero Guayabal, reabrió la herida que dejó en diciembre pasado el caso de Yuliana Samboni, una menor indígena de siete años que fue secuestrada, violada, torturada y asesinada en Bogotá. Pero este hecho no fue el único de este fin de semana, cuando otros dos niños indígenas murieron a manos de su padre, y una bebé de apenas cuatro meses de nacida fue abusada sexualmente por un soldado de 19 años. "Sarita" fue hospitalizada con un presunto golpe en la cabeza, pero su condición obligó a que la trasladaran a un hospital de la ciudad de Ibagué, donde le descubrieron heridas en el pecho, trauma cráneo encefálico severo, amputación de un dedo, fractura en el brazo izquierdo, cicatrices en las piernas y signos de abuso sexual. La pequeña, que presentaba desnutrición y había sido entregada en custodia a su madrina después de que su mamá biológica dijera que no tenía posibilidad de mantenerla, falleció el pasado sábado y su caso generó críticas y expresiones de dolor en su localidad natal.
Las cientos de personas que todavía se encuentran en Ceuta después de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio siguen en la pequeña ciudad española del norte de África, viviendo en sus calles y, en su mayoría, subsistiendo gracias a la caridad o las aportaciones de ciudadanos.El Gobierno de Ceuta calcula que son entre 3.500 y 5.000 los migrantes que no han regresado a Marruecos y siguen en la ciudad, mientras que el Ejecutivo español rebaja la cifra a 2.500 personas.Estas personas son parte de las decenas de miles que accedieron ilegalmente a Ceuta el pasado jueves y viernes desde Marruecos, la mayoría a nado, y que a diferencia de las muchas que regresaron voluntariamente a su país, se mostraron reacias a retornar, según explicaron fuentes policiales.Según comprobó EFE, esos migrantes viven principalmente en las barriadas periféricas de la ciudad, así como en distintas zonas de los montes, donde pasan la noche con cartones.A lo largo del día se les pudo ver por las puertas de supermercados y tiendas, muchos de ellos haciendo compras de productos básicos y otros solicitando la colaboración de los ceutíes para comprar.La Policía Local localizó muchos de lo asentamientos en los que se encuentran los migrantes, ubicados sobre todo en la zona montañosa de la ciudad, y les invitó a abandonar Ceuta, pero no quisieron retornar a pesar de las facilidades dadas por la localidad española, que puso a su disposición un autobús para su traslado a la frontera o bien a bordo de vehículos militares.Mientras tanto, cerca 1.000 migrantes viven a las afueras del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), acampados en las zonas aledañas al recinto o bien en la playa, donde permanecen varios cientos, la mayoría de origen subsahariano, ya que no hay más espacio en ese centro de estancia.En este caso reciben agua del Ejército español, que aporta cubas, así como alimentos por parte de varias organizaciones y colectivos sociales.También la Cruz Roja Española ha puesto en marcha en la noche de este lunes un servicio especial para atender las necesidades básicas de los migrantes que están acampados en los alrededores del CETI y en la playa aledaña.Los efectivos de la Cruz Roja se han desplazado hasta la playa del Trampolín, a escasos quinientos metros del CETI, para dar de comer y beber a los migrantes que permanecen en este lugar por no poder entrar en el recinto al estar colapsado.Ceuta mantiene este lunes acogidos a 862 menores en sus centros y en otras instalaciones extraordinarios habilitadas en la ciudad, aunque hay constancia de que muchos otros que entraron el pasado jueves todavía no pudieron ser atendidos o están escondidos.
Dos hombres fueron asesinados y otro más resultó herido en dos atentados sicariales ocurridos en menos de seis horas en Bucaramanga, una nueva jornada de violencia que se suma a otros homicidios registrados durante el fin de semana en el área metropolitana.El primer ataque ocurrió en el barrio Canelos, donde fue asesinado Brayn Espitia y otra persona resultó herida tras un ataque con arma de fuego. Sobre este caso, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero Salazar, indicó que las investigaciones apuntan a que detrás del crimen estaría alias "Julito", un presunto sicario de 18 años señalado de mantener una confrontación con integrantes de la familia del sector por disputas relacionadas con el control del microtráfico y una presunta venganza personal.El oficial aseguró que este hombre continúa representando una amenaza para la seguridad de la ciudad y recordó que las autoridades mantienen una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita ubicarlo y capturarlo.Horas después, un nuevo atentado sicarial se registró en el barrio Nápoles, donde fue asesinado Andry Estrada, elevando a dos las víctimas mortales de ataques armados en menos de seis horas en la capital santandereana. La ola de violencia no se limitó a estos hechos. Durante el fin de semana se registraron otros cuatro homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana, todos cometidos con arma de fuego por hombres armados que irrumpieron en distintos sectores y atacaron a sus víctimas. A esta cadena de hechos violentos se suma el fallecimiento, en el Hospital de Puerto Wilches, del joven que permanecía gravemente herido tras un ataque sicarial ocurrido frente a un establecimiento de comidas de ese municipio. Con este deceso, las autoridades intensificaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.La seguidilla de homicidios mantiene en alerta a las autoridades de Bucaramanga y el área metropolitana. En las últimas semanas se han incrementado los ataques bajo la modalidad de sicariato, muchos de ellos asociados, según las investigaciones preliminares, a disputas entre estructuras dedicadas al microtráfico y ajustes de cuentas. La Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las investigaciones para esclarecer los casos y desarticular las organizaciones criminales que estarían detrás de estos hechos de violencia.
La creciente preocupación por los hechos de violencia registrados en diferentes regiones del país llevó al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a hacer un llamado para que la seguridad vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional y a fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones y la Fuerza Pública.A través de un pronunciamiento público y durante un consejo de seguridad, el mandatario departamental aseguró que, aunque Santander no enfrenta una situación comparable con la de otros departamentos como Norte de Santander, el contexto nacional obliga a anticiparse y preparar acciones para responder a posibles afectaciones del orden público.Díaz expresó su preocupación por el escenario que podría presentarse después del 7 de agosto, al advertir que el país podría enfrentar un incremento de hechos violentos, por lo que insistió en que las autoridades deben actuar de manera coordinada para evitar que la situación se agrave.En ese sentido, destacó que la Gobernación de Santander ha destinado más de 30.000 millones de pesos para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública mediante la adquisición de tecnología, equipos y otras herramientas que contribuyan a mejorar la seguridad en el departamento. Agregó que ese respaldo continuará, pero recalcó que el esfuerzo no puede recaer únicamente sobre soldados y policías.El gobernador señaló que Santander ya ha recibido amenazas relacionadas con posibles acciones violentas y otras formas de alteración del orden público, por lo que consideró indispensable definir estrategias preventivas desde los consejos de seguridad y mantener un monitoreo permanente de la situación.Asimismo, hizo un llamado a que entidades como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública, la Gobernación y las administraciones municipales trabajen de manera articulada para responder de forma oportuna ante cualquier eventualidad.En un mensaje publicado en sus redes sociales, Díaz afirmó que "la seguridad de Colombia no admite más espera" y sostuvo que los recientes atentados y hechos de violencia evidencian la necesidad de que el nuevo Gobierno Nacional priorice la recuperación del control territorial y fortalezca el respaldo a soldados y policías.El mandatario concluyó que desde Santander continuará el trabajo conjunto con las autoridades y la ciudadanía para preservar la tranquilidad del departamento, al tiempo que reiteró que la seguridad debe convertirse nuevamente en una prioridad para todo el país.
Cuatro personas fueron capturadas en la vereda Chacua, del municipio de Soacha, señaladas de realizar quemas ilegales para producir carbón vegetal, actividad que, según los bomberos, habría originado el incendio de las últimas horas que ha afectado una amplia zona del sur de Bogotá.Aunque el incendio que llegó hasta el sector de El Charquito ya está controlado en un 95 %, los bomberos continúan trabajando para extinguir los puntos calientes que siguen activos.La labor se ha complicado porque en las bodegas afectadas hay plásticos y cauchos, principalmente de cables de fibra óptica, materiales que al derretirse conservan el calor debajo de la superficie e impiden que el agua apague por completo las llamas.Por esta razón, las autoridades advirtieron que durante las próximas horas seguirá saliendo una gran cantidad de humo, una situación normal en esta etapa de la emergencia.El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que más de 70 integrantes de los organismos de socorro de Soacha, Sibaté, San Antonio del Tequendama, Mosquera y Bogotá participaron en la atención de la emergencia, que comenzó como un incendio forestal y luego alcanzó cuatro bodegas de Mepred Químicos, Ambiser, fabricante de jabones, champús y detergentes; Resaiquín, dedicada al almacenamiento de cable de fibra óptica, y una empresa de reciclaje.El Gobernador agregó que la planta Alicachín, operada por Enel, no presenta afectaciones y confirmó que también continúan las labores para controlar otro incendio en el sector Interfax, en Sibaté que empezó hace 18 horas.
Una velatón realizada en las últimas horas frente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Puente Aranda, en Bogotá, marcó el inicio de las exigencias de la familia de Javier Orlando, un hombre que murió mientras permanecía detenido en ese centro de reclusión temporal, donde llevaba cerca de un año y medio.Los familiares aseguran que durante ese tiempo solicitaron en repetidas ocasiones atención médica para el detenido debido al deterioro de su estado de salud. Sin embargo, afirman que nunca obtuvieron una respuesta oportuna y ahora piden que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.Familia asegura que Javier ingresó sano a la URISegún relataron sus allegados a Blu Radio, Javier Orlando no padecía enfermedades de base cuando fue capturado e ingresó a la URI en condiciones normales de salud. Con el paso de los meses, aseguran, comenzó a presentar problemas estomacales, fiebre y otros síntomas que motivaron varias solicitudes para que fuera trasladado a un centro asistencial."Mi tío no tenía ninguna enfermedad de base. Cuando ingresó acá, hace año y medio, ingresó completamente sano. Estando acá comienza a enfermarse, tener problemas estomacales, fiebre y demás, pero no me le dan salida a un hospital", manifestó uno de sus familiares.El allegado también aseguró que, hasta el momento, la familia no ha recibido información oficial sobre la causa del fallecimiento."No tenemos una valoración médica. Medicina Legal no nos ha dicho la razón por la que falleció y acá en la URI de Puente Aranda no nos han dicho nada, no nos responden absolutamente nada", agregó.Denuncian que enviaron escritos solicitando atención médicaDe acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la familia asegura haber enviado escritos y correos electrónicos a las autoridades solicitando atención médica para Javier Orlando, al considerar que su estado de salud empeoraba con el paso de los días.Además, otros detenidos y personas que se encontraban en el lugar señalaron que el hombre llevaba un tiempo presentando complicaciones de salud. Incluso, según esas versiones, algunos internos alcanzaron a grabarlo cuando permanecía tendido cerca de la entrada de la URI pidiendo ayuda antes de morir.Familia sostiene que fue capturado por errorLos allegados también insisten en que Javier Orlando no hacía parte de la organización criminal por la que fue capturado hace aproximadamente año y medio.Según su versión, el hombre terminó involucrado en un operativo de la Policía contra una presunta banda conocida como "Los Químicos", dedicada, al parecer, a la fabricación de drogas sintéticas. La familia sostiene que Javier únicamente había asistido a una reunión con unos amigos y que fue detenido durante el procedimiento.Por ahora, Medicina Legal adelanta los exámenes para establecer la causa de la muerte.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
