Sofía Lee explicó en En Blu Jeans cómo fue creado este horóscopo y el por qué de los animales que corresponden a cada signo. Así mismo, identificó cada una de las cualidades de estos animales y señaló qué signos serán “favorecidos” en este nuevo ciclo que comienza a partir del 8 de febrero con el año del Mono de Fuego. “El horóscopo chino tiene que ver más con la abundancia porque tiene esos elementos, el fuego, el metal, el agua, la madera y la tierra”, dijo la experta.
El uso de redes sociales para reclutar a niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados genera preocupación en la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Tras el informe publicado por Human Rights Watch, que advierte que el reclutamiento forzado de menores se cuadruplicó en los últimos años y que desde 2021 al menos 1.500 niños han sido vinculados por la fuerza a estos grupos, el delegado para las relaciones Iglesia-Estado, monseñor Héctor Fabio Henao, alertó sobre el alcance que está teniendo esta práctica.“Con las redes puede estar tocando cualquier puerta, puede estar tocando cualquier barrio, puede estar tocando cualquier dimensión de la sociedad colombiana. No estamos hablando ya de un ámbito circunscrito, geográfico, concreto, estamos hablando de un fenómeno de dimensiones enormes”, señaló Monseñor.Según el informe de Human Rights Watch, plataformas como Facebook y TikTok son utilizadas por los grupos armados para difundir contenidos que idealizan la vida dentro de estas estructuras e invitan a los menores a vincularse. La Iglesia advierte que estas nuevas formas de captación se suman a las condiciones de vulnerabilidad que ya enfrentan muchos niños y jóvenes en el país.El delegado para las relaciones Iglesia-Estado señaló además que los grupos armados y las organizaciones criminales están aprovechando las aspiraciones de los jóvenes para atraerlos con promesas de beneficios y oportunidades. Por eso, insistió en que la respuesta no puede limitarse a la intervención de la fuerza pública.“El Estado requiere enfocar esta problemática de infancia, juventud y niñez de una manera muy clara, también buscando cuáles son las raíces profundas y de qué manera llegar, con mensajes y también con oportunidades que sean capaces de darle luces y transformaciones a lo que los jóvenes están esperando. Hay una juventud que está esperando respuestas, y esa juventud está ansiosa de encontrar oportunidades.Y ojalá no sean los grupos ilegales las que le estén cubriendo ese espacio, las que estén respondiendo a esas necesidades”, afirmó Monseñor.La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, coincidió en que la protección de los menores requiere medidas adicionales y llamó la atención sobre la deserción escolar como uno de los factores de riesgo. “El despliegue de la fuerza pública, la protección de la población es importante, pero es insuficiente, porque estos menores de edad necesitan también un acompañamiento”, afirmó.Marín advirtió que la cobertura educativa, en lugar de aumentar, se ha reducido en los últimos años. Según explicó, en 2018 el 92 % de los menores en edad escolar asistía al colegio, mientras que actualmente la cifra se ubica en 88 %. Para la defensora, garantizar la permanencia de los niños y adolescentes en el sistema educativo es una de las medidas necesarias para reducir su vulnerabilidad frente al reclutamiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo.Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008 y estuvieron relacionados principalmente con municipios de Norte de Santander como Ocaña, San Calixto, Villa Caro, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, además uno de los casos ocurrió en Aguachica, Cesar. En total, las investigaciones abordaron 17 víctimas.Los comparecientes pertenecieron al Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, BISAN. De acuerdo con la JEP, no fueron considerados máximos responsables de los crímenes ni tuvieron un papel decisivo en el diseño o ejecución del patrón de macrocriminalidad analizado dentro del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.Por esa razón, y luego de evaluar sus actuaciones dentro de la justicia transicional, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal.La JEP verificó que los comparecientes realizaron aportes de verdad plena y detallada sobre lo ocurrido, reconocieron responsabilidades, asumieron compromisos de no repetición y realizaron u ofrecieron medidas de reparación simbólica en favor de las víctimas y de la región. Obligaciones que hacen parte del régimen de condicionalidad y deberán continuar durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdicción. Si incumplen, los beneficios podrían ser revocados.La resolución también precisa que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica que tiene efectos de sentencia. En este caso, los procesos que se adelantaban por los hechos analizados deberán archivarse y no habrá una sanción penal para quienes recibieron el beneficio. De los 11 hechos, solo uno se encontraba en etapa de ejecución de penas en la justicia ordinaria y otro estaba en juicio; los demás permanecían en etapas de indagación o acusación.La decisión se tomó después de un proceso en el que las víctimas participaron en distintas audiencias y los comparecientes entregaron información que, según la JEP, permitió reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al que había sido establecido en la justicia ordinaria. Además, en las audiencias hubo actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y compromisos para dignificar a las víctimas.La resolución revisó inicialmente la situación de 60 integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP negó el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a Wilmar Ferney Durán Caselles. Por tanto, la decisión concede el beneficio a los otros 59 comparecientes.Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reportó que, mediante 42 resoluciones, ha resuelto la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. De ellos, 933 pertenecen a la fuerza pública.
Existe un eclipse lunar que llama la atención de millones de personas, tanto así que en redes sociales se popularizó bajo el término de ‘Luna de Sangre’ por el color rojo que adquiere la luna cuando la Tierra se interpone entre ella y el sol, generando una sombra que le termina dando este tinte.Pronto habrá uno de estos y, afortunadamente, se podrá ver en Colombia el jueves, 27 de agosto, a las 8:23 de la noche. Pese que la NASA aclaró que no será un eclipse total, sino que el 96,3 % del disco lunar llegará a entrar en la umbra, la zona más oscura de la sombra de la Tierra, aún así, el fenómeno tendrá su esplendor al máximo.“La luna también puede parecer de un color rojizo, debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la luna. Los atardeceres obtienen su color rojo y anaranjado debido a la forma en la que la luz del sol se dobla cuando atraviesa la atmósfera y absorbe otros colores”, explicó la NASA en un comunicado.¿Cuándo y dónde ver la Luna de Sangre en Colombia?La Luna alcanzará el esplendor de su color rojo sobre las 10:00 de la noche y en su punto máximo hasta las 11:00, en ese momento y a esa hora se podrá ver en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga hasta pasadas la medianoche del viernes, 28 de agosto. Todo estaría terminando un poco más de las 2:00 de la mañana.¿Se necesitan gafas especiales para ver este eclipse?No. Este tipo de fenómenos se pueden ver sin problema y sin necesidad de un equipo especial, a diferencia de cuando suceden los solares, incluso, expertos recomiendan usar binoculares o un telescopio para verlo mucho mejor y en un campo abierto para visibilizar todo.
El aumento del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados encendió las alertas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), luego del reciente informe presentado por Human Rights Watch, que advierte sobre la persistencia de este fenómeno y las nuevas formas utilizadas para acercarse a los menores.Ante este panorama, el Icbf anunció que reforzará sus estrategias de prevención, especialmente en las comunidades donde existen mayores factores de riesgo y donde la presencia de grupos armados amenaza los derechos y los proyectos de vida de niños y adolescentes.Deisy Dorelly Guanaro, integrante de la Dirección General del Icbf y encargada de los asuntos relacionados con la prevención del reclutamiento, aseguró que la entidad trabajará de manera articulada con las comunidades, organizaciones sociales y ONG para evitar que más menores sean víctimas de este delito.Pero la preocupación no se limita a los territorios. El Icbf también identificó las redes sociales como uno de los nuevos escenarios utilizados por los grupos armados para acercarse a los menores. Por esta razón, la entidad anunció que buscará trabajar de la mano con plataformas como TikTok, Instagram y Facebook para prevenir y bloquear contenidos que puedan poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes.El informe de Human Rights Watch, titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá: reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”, advierte sobre el crecimiento de esta problemática en diferentes regiones del país y señala las estrategias que estarían utilizando los grupos armados para captar a menores de edad.Para el Icbf, estos hallazgos representan un llamado a fortalecer las acciones institucionales y a desarrollar nuevas estrategias de prevención desde los territorios. La prioridad, según la entidad, es intervenir en las zonas donde los menores enfrentan mayores riesgos y garantizar que puedan crecer alejados de la violencia y con oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia anunció una estrategia con cuatro frentes prioritarios en vivienda y hábitat, educación, salud y reactivación económica para contribuir a la recuperación de los territorios golpeados por el terremoto.La ANDI aseguró que tiene como objetivo contribuir a la creación de una estrategia de “acción coordinada, sostenida y de largo plazo” para apoyar la reconstrucción y la reactivación de las capacidades productivas y sociales de las comunidades damnificadas.La primera estrategia, reporta la asociación, será para vivienda y hábitat, plan con el que buscan contribuir a la recuperación y reconstrucción de la infraestructura afectada, con el apoyo de un Banco de Materiales que permita movilizar eficazmente los recursos del sector privado.En educación, la ANDI informa que acompañará la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, junto con la reconstrucción de las instituciones educativas afectadas. En el terreno de la salud, orientarán sus esfuerzos a fortalecer las capacidades de atención y respuesta en los territorios.Por último, aseguran que trabajarán para recuperar comercios, empleos, cadenas productivas, emprendimientos e ingresos de quienes se vieron perjudicados, con el fin de reactivar la economía de las zonas damnificadas.Al mismo tiempo, el sector empresarial reconoció la necesidad de estructurar la estrategia en tres distintas fases: respuesta humanitaria, recuperación temprana y, finalmente, reconstrucción y reactivación, debido a las necesidades y condiciones desiguales de las regiones afectadas.La ANDI aseguró que se hará un trabajo conjunto con gobernaciones, alcaldías, empresas afiliadas, organizaciones sociales y otros actores que permitan identificar, conectar y orientar las capacidades y esfuerzos necesarios para responder de manera eficiente a la emergencia.Además, anunciaron que trabajan en un mecanismo para orientar los recursos del sector privado hacia proyectos de recuperación y reconstrucción, con procesos de evaluación técnica, seguimiento y rendición de cuentas que permitan medir el avance de las acciones en los territorios afectados.
