Cuarenta y seis personas murieron al estrellarse un avión de transporte militar sudanés en una zona residencial de las afueras de Jartum, informó el miércoles el gobierno regional."El balance final de víctimas es de 46 muertos y 10 heridos" entre civiles y militares, señaló un comunicado de prensa del gobierno regional de Jartum.El avión Antonov se estrelló el martes por la noche tras despegar cerca de la base aérea de Wadi Seidna, uno de los mayores centros militares del ejército en Omdurman, al noroeste de la capital sudanesa.El accidente tuvo lugar en medio de la guerra entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que desde abril de 2023 se disputan el control de Jartum.Un balance anterior del ministerio de Salud daba cuenta de 19 muertos.Los equipos de emergencia trasladaron a los civiles heridos, niños incluidos, a un hospital cercano, indicó la fuente ministerial.Se escuchó una fuerte explosión, dijeron testigos del accidente, que señalan que varios edificios fueron dañados.El accidente provocó cortes de electricidad en los barrios cercanos, se indicó.La catástrofe se produjo debido a un fallo técnico, dijo a la AFP una fuente militar que solicitó el anonimato.Sudán está sumido en una guerra desde abril de 2023 entre los paramilitares de las FAR, dirigidas por el general Mohamed Hamdan Daglo, y el ejército regular, con el general Abdel Fatah al Burhan al frente, que dirige de hecho el país, uno de los más pobres del mundo.La guerra ha matado a decenas de miles de personas, desplazado a más de 12 millones y creado las mayores crisis de hambre y desplazamiento del mundo.
La solicitud se hizo debido a los abusos que se han documentado y han dado la vuelta al mundo desde el comienzo del conflicto armado hace ya casi un año.En un comunicado, el grupo de expertos advirtió de que, en caso de no acabar con esta situación de forma inmediata, 24 millones de niños sudaneses que han visto sus derechos violados corren el riesgo de sufrir una "catástrofe generacional".El comité alertó de que, de esos niños, 14 millones necesitan ayuda humanitaria urgente, mientras que 19 millones no van a la escuela y otros 4 millones están desplazados, lo que convierte a Sudán en la mayor crisis de desplazamiento infantil del mundo, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).Además, el órgano de Naciones Unidas advirtió de un fuerte aumento del número de niños muertos o víctimas de la violencia sexual como arma de guerra en comparación con hace un año.También se mostró muy preocupado por el reclutamiento de menores por parte del Ejército sudanés y de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), especialmente en Darfur y otras zonas, por lo que instó a ambas partes a poner fin a este alistamiento forzoso.Según los informes recibidos por el comité, muchas escuelas de todo el país han sido destruidas y al menos 170 se han convertido en refugios de emergencia para desplazados internos, lo que pone en peligro el derecho de los niños a la educación durante muchos años y los expone al riesgo de la explotación sexual y el tráfico de personas.En cuanto a la situación sanitaria, el comité recordó que dos tercios de los sudaneses carecen de acceso a los servicios de atención sanitaria debido a la escasez de suministros médicos, que ha provocado el cierre de entre el 70 % y el 80 % de los hospitales del país.El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros y está formado por 18 expertos independientes.
Los sangrientos combates entre una fuerza paramilitar y el ejército de Sudán han dejado más de 700.000 desplazados internos desde que iniciaron a mediados de abril, el doble de lo registrado hace una semana, afirmó este martes la agencia de la ONU para las migraciones."Ahora hay más de 700.000 desplazados internos por los combates que comenzaron el 15 de abril. Es más del doble del número" contabilizado el martes pasado, que era de 340.000 personas, explicó Paul Dillon, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).Incluso antes de que comenzaran los combates, 3,7 millones de personas estaban registradas como desplazados internos en Sudán, recordó Dillon."Muchos desplazados internos se refugian en casas de familiares, mientras que otros se reúnen en escuelas, mezquitas y edificios públicos", explicó el portavoz de la OIM.Unas 150.000 personas han huido a países de la región desde que estallaron los enfrentamientos, según cifras compiladas por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).Sudán se encuentra sumido en el caos desde que el 15 de abril estallaron enfrentamientos entre el ejército del general Abdel Fatah al Burhan y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) del general rival Mohamed Hamdan Daglo.Las negociaciones que se llevan a cabo en Arabia Saudita para lograr un alto al fuego están estancadas. No hay "ningún avance importante", dijo el lunes a AFP un alto diplomático saudita, bajo anonimato.Los combates han causado hasta ahora unos 750 muertos y al menos 5.000 heridos, según la oenegé Acled.El conflicto ha provocado múltiples advertencias de las agencias de la ONU sobre una crisis humanitaria "catastrófica".Le puede interesar:
Al menos 528 personas han muerto y más de 4.500 han resultado heridas por los enfrentamientos que se iniciaron hace exactamente dos semanas entre el Ejército de Sudán y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó este domingo, 30 de abril, el Ministerio de Salud sudanés en un comunicado.Sin duda, esta situación ha afectado a miles de personas, entre ellos al futbolista colombiano Brayan Angulo, del equipo sudanés Al-Merrék, y su esposa, Angie Villa, quienes decidieron huir de Sudán por las terribles cosas que estaban sucediendo. Ellos estuvieron en Sala De Prensa Blu y hablaron de toda la travesía que vivieron.“Yo firmé un contrato con Al-Merrék, equipo sudanés, en Agosto. Mi esposa llegó a los tres meses (...) Al principio nos costó mucho, pero luego nos acostumbramos. Luego fue complicado por toda la situación que hay”, comentó el futbolista colombiano.Según cifras oficiales, el total acumulado de heridos es de 4.599 y se han registrado 528 muertos en todos los hospitales de los diferentes estados de Sudán entre el primer día de combates, el 15 de abril, y hasta el jueves 27 de abril.“Fueron días muy difíciles, de tristeza y angustia. El primer día de la guerra me cogió por sorpresa, me cogió sola en el apartamento (...) Uno piensa que es como en Colombia, nada grave, pero empecé a escuchar tiros y todo eso. En redes sociales ví que habían tomado el aeropuerto, con muertos, bombas, incendios”, contó Angie Villa sobre la dura situación que atravesó.Ante esto, Angulo contó que para ese momento él estaba en otro hotel por lo que no quiso decirle nada a su esposa. “A las dos horas eso eran misiles. Cuando me asomé por la ventana, lo primero que vi, cuando me levanté, es que estaban tratando de derribar un avión”, dijo.“Hubo una tregua y al tercer día dije si no salimos hoy, tendríamos que esperar a otra tregua que podría ir de una semana a quince días”. Cinco minutos más adelante, nos encontramos en el aeropuerto y era como el centro de toda la guerra y ahí dije hasta aquí llegamos”, comentó Angulo.Sin embargo, las personas de la milicia lo arrodillaron y le preguntaron a qué se dedicaba, afortunadamente, el colombiano iba con un compañero del club lo que lo ayudó, pues él tenía el uniforme del equipo.Luego de toda la travesía que tuvieron que pasar, Brayan Angulo y su esposa pudieron salir de Sudán y actualmente se encuentran en Egipto.Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'
Los sudaneses aprovecharon la nueva tregua, anunciada con la mediación de Estados Unidos, para abastecerse de agua y alimentos o huir hacia zonas más seguras o países vecinos de Sudán, en medio de múltiples dificultades por el cierre de bancos y tiendas o la subida de los precios.Según medios locales y testigos, una calma tensa prevalece en Jartum y la vecina ciudad de Um Dorman, sin que se registraran importantes violaciones de la nueva tregua como sucedió en otras pausas anunciadas desde el estallido de los enfrentamientos el pasado día 15 entre el Ejército y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).Medios locales han mostrado imágenes de centenares de sudaneses en la estación de autobuses de Jartum para intentar desplazarse a zonas más seguras o a países vecinos como Egipto (norte), en un viaje que puede durar hasta dos días, y donde un billete puede costar hasta diez veces más de lo normal.Muchos habitantes de Jartum se quejan, no obstante, de las dificultades de abandonar la ciudad debido a la carestía de los billetes, la escasez de medios de transporte debido a la falta de gasolina, según las mismas fuentes.Miles de habitantes de la capital salieron a las calles en un intento de abastecerse de agua y alimentos, en medio de muchas dificultades por el cierre de las tiendas y la falta de liquidez en efectivo por el cierre de los bancos desde el inicio de los enfrentamientos.Mientras tanto, el independiente Comité Central de Médicos de Sudán informó hoy de que al menos 291 civiles han muerto y 1.699 resultaron heridos en los últimos diez días, una cifra que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) eleva a más de 459 muertos y 4.079 heridos."Muchos heridos y muertos no están incluidos en este recuento (...) muchos no han podido llegar a los hospitales debido a la dificultad de movimiento y la inseguridad en el país", dijo el citado comité en un escueto comunicado.Por otro lado, helicópteros y cazas del Ejército sudanés sobrevolaron esta mañana varios suburbios de Jartum y Um Dorman, donde según los testigos, se escuchan sonidos de explosiones o tiroteos de cuando en cuando, aunque sin que se informara de víctimas o combates.El Ejército sudanés y las FAR, que se comprometieron a cumplir con la nueva pausa, se han acusado mutuamente en sendos comunicados de violar la tregua.Le puede interesar:
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que los generales sudaneses en disputa acordaron un alto el fuego de tres días desde el martes, 25 de abril, para tratar de poner fin a los enfrentamientos."Tras intensas negociaciones durante las últimas 48 horas, las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) acordaron un alto el fuego en todo el país desde la medianoche del 24 de abril, que durará 72 horas", declaró Blinken en un comunicado dos horas antes de que la tregua entrara en vigor."Durante este periodo Estados Unidos espera que el Ejército y los FSR respeten plenamente y de inmediato el cese el fuego", agregó.El secretario de Estado indicó además que Estados Unidos trabaja con sus aliados para el inicio de una "comisión" que estaría a cargo de negociar un cese permanente de hostilidades en Sudán.Blinken habló previamente el lunes con su homólogo keniano sobre el conflicto sudanés y recientemente multiplicó los contactos con los generales rivales, así como con países de la región y con la Unión Africana.El éxodo masivo de extranjeros se aceleró este lunes en Sudán, sacudido por feroces combates entre el ejército y un grupo paramilitar que abocaron el país al borde "del precipicio", advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.Las explosiones, los bombardeos y los disparos no han dejado de resonar desde hace diez días en la capital sudanesa, Jartum, y otras zonas, provocando centenares de muertos.Sin embargo, las capitales extranjeras lograron negociar con los dos beligerantes la evacuación de su personal diplomático y de ciudadanos de sus países.Esta espiral "corre el riesgo de una conflagración catastrófica dentro de Sudán que podría envolver a toda la región y más allá", aseguró este lunes Guterres.Pese a esta advertencia, el emisario de la ONU en Sudán, Volker Perthes, permanecerá en este país del este de África, a diferencia de numerosos diplomáticos y otros ciudadanos extranjeros.En total, se evacuó a más de 1.000 ciudadanos de la Unión Europea (UE), según el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell.España anunció la salida de 100 personas, españoles pero también latinoamericanos.Estados Unidos evacuó en helicópteros a su personal diplomático, menos de 100 personas.China y varios países árabes también evacuaron a cientos de sus nacionales.Unos 700 empleados de la ONU, embajadas y de organizaciones internacionales "fueron evacuados hacia Puerto Sudán", una ciudad a orillas del mar Rojo, indicó Naciones Unidas.Los más de 5 millones de capitalinos no tienen desde hace días agua ni electricidad, y la comida empieza a faltar.Los enfrentamientos, que se desarrollan principalmente en Jartum y Darfur, en el oeste de este país de 45 millones de habitantes, estallaron el 15 de abril entre el ejército del general Abdel Fatah al Burhan, gobernante de facto de Sudán desde el golpe de 2021, y su rival, el general Mohamed Hamdan Daglo, líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)."Temo por su futuro"Más de 420 personas murieron y 3.700 resultaron heridas hasta ahora, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).Los habitantes de Jartum sólo tienen una idea en mente: abandonar la ciudad, que se hunde en el caos.Los dos bandos se acusan mutuamente de haber atacado las cárceles para liberar a cientos de presos, saquear casas y fábricas.También se han registrado enfrentamientos en torno a bancos, que fueron vaciados.En un país donde la inflación ya es de tres dígitos en tiempos normales, el precio del arroz o de la gasolina está por las nubes."A medida que huyen los extranjeros, que pueden hacerlo, se agrava el impacto de la violencia en una situación humanitaria ya crítica en Sudán", advirtió la ONU.Atrapadas en el fuego cruzado, sus agencias y muchas otras organizaciones humanitarias han suspendido sus actividades en el país.Cinco trabajadores humanitarios, entre ellos cuatro de la ONU, murieron y, según el sindicato de médicos, casi tres cuartas partes de los hospitales están fuera de servicio.El hambre amenazaEn tanto, los encarnizados combates entre las fuerzas de los dos generales en el poder no dan tregua.Los tiroteos se intensifican en la capital y sus alrededores. Aviones de combate sobrevuelan la zona mientras van avanzando los blindados paramilitares.La disputa entre Burhan y Daglo surgió de los planes de integrar las FAR al ejército regular, un requisito clave del acuerdo para restaurar la democracia en Sudán tras el golpe militar que depuso al gobernante autocrático Omar al Bashir en abril de 2019.Le puede interesar Así vivió una colombiana la guerra en Sudán: “Escuchábamos las explosiones y disparos”:
Este lunes, 24 de abril, según información del consulado de Colombia en El Cairo, Egipto, en conjunto de la Cancillería, se confirmó que diez colombianos han sido evacuados de la República de Sudán debido a la delicada situación de orden público que se presenta en ese país.Según la cancillería colombiana, algunas de estas personas lograron salir con el apoyo de las misiones diplomáticas de España, Francia y de las Naciones Unidas acreditadas en Sudán; otros ciudadanos colombianos salieron por sus propios medios.El grupo de connacionales evacuados está compuesto por cuatro mujeres, tres hombres y tres menores de edad: “Algunos de ellos salieron vía aérea hacia Djibouti, y otros se encuentran desplazándose vía terrestre hacia la República Árabe de Egipto”.Adicionalmente, la Cancillería informó que el consulado de Colombia en El Cairo, Egipto, está atento a brindar la asistencia consular que requieran los connacionales y para ello habilitó una línea de Whats App que funciona 24 horas +20127833733 y el correo electrónico ccairo@cancilleria.gov.co.Crítica situación de orden público en Sudán, ¿por qué?Un médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) describió una situación "catastrófica" en Darfur, en el oeste de Sudán, con niños heridos de bala y pacientes atendidos en pasillos, en medio de unos mortíferos combates que empezaron hace casi una semana.En un comunicado, MSF citó el testimonio de Cyrus Paye, médico en el hospital Sud de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte."La mayoría de los heridos son civiles alcanzados por balas perdidas, y muchos de ellos son niños", aseguró Paye."Sufren facturas causadas por balas, heridas de bala o metralla en las piernas, el abdomen o el pecho. Muchos necesitan transfusiones de sangre", añadió.El establecimiento en el que trabaja es una unidad de maternidad y no tiene capacidades quirúrgicas, pero con los combates se tuvo que "reorganizar el hospital para poder atender a los heridos", explicó el médico."La situación es catastrófica (...), hay tantos pacientes que no queda más remedio que atenderlos en el suelo, en los pasillos, porque simplemente no hay suficientes camas", agregó.Los combates oponen desde el 15 de abril al ejército regular del general Abdel Fatah al Burhan, jefe de facto de Sudán desde el golpe de Estado de 2021, y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), de Mohamed Hamdan Daglo.Tienen lugar principalmente en la capital, Jartum, y en la región de Darfur, ya azotada en los años 2000 por un encarnizado conflicto.Le puede interesar: 'Cómo saber cuándo cambiar las llantas'
Las embajadas de varios países, incluyendo Colombia, empezaron la evacuación de sus ciudadanos en Sudán tras el golpe de Estado que estalló la semana pasada y que hoy tiene a su población en medio de la confrontación; miles de personas están huyendo por el conflicto entre grupos militares rivales, el cual ya ha dejado más de 420 muertos y 3.700 heridos.Dos colombianas fueron evacuadas de Sudán hacia España en coordinación con el Gobierno de español y el consulado de Colombia; una de ellas, Elmita Acosta, contó en diálogo con Mañanas Blu cómo fueron esos últimos días allí y lo que tuvieron que enfrentar con su familia desde que la rebelión se dio hasta que lograron salir.“Ha sido una semana muy intensa. De manera súbita empezó esta guerra, pero gracias a Dios logramos salir. Hace más de una semana empezaron confrontaciones entre las fuerzas militares y paramilitares de este país en una lucha por poder, esto fue en la zona céntrica, en la capital, y se ha ido intensificando y por eso todas las embajadas decidieron retirar sus operaciones”, narró.Según detalló, desde el sábado pasado no pudieron salir y quedaron confinados “porque las confrontaciones eran muy intensas”. Junto con su familia, añadió, se refugió en el pasillo de su apartamento lejos de las ventanas para “poder aguantar”, pues no tenían provisiones porque “nadie podía salir”.Acosta comentó que las personas “están aterrorizadas” y muchos sudaneses están sin esperanza, solo tratando de escapar del país. “Escuchábamos las explosiones y disparos”, recordó sobre lo que alcanzaban a percibir.Se viene “algo más intenso” en esta guerra“La capital está quedando prácticamente vacía porque hay un cese al fuego que termina esta noche a las 6:00 y después de eso, al parecer, se avecina algo mucho más intenso (…) Los civiles no sé si toman partido o más bien están tratando de sobrevivir”, relató Acosta.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
