Desde el Congreso pidieron al Superintendente de Servicios Públicos sancionar a Electricaribe con una multa más drástica que la de 35 mil millones de peso que inicialmente impuso a Termocandelaria por las irregularidades en la prestación de servicio de energía en la Costa. El representante a la Cámara por el Partido Conservador, David Barguil, aseguró que después de Termocandelaria, la siguiente actuación de la Superintendencia de Servicios Públicos debe ser frente a Electricaribe. “En debate de control político nosotros denunciamos que Termocandelaria era el Interbolsa del sector energético. Señalamos que la empresa recibió más de $500 mil millones por el ‘cargo por confiabilidad’, y cuando la crisis llegó y necesitamos la energía, estos recursos simplemente se esfumaron”, aseguró Barguil. Aunque resalta la sanción a Termocandelaria, la solicitud urgente que hace Barguil al Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, es la de multar a Electricaribe con una sanción aún más drástica. “Ahora que el Gobierno tiene las herramientas para multar a estas compañías que le incumplen a sus usuarios, hacemos un llamado al Superintendente para que haga lo propio con Electricaribe, sancionando de manera ejemplarizante a una empresa que lleva décadas abusando de los habitantes de la costa e infringiendo la ley”, concluyó el congresista.
Después de que el país se viera expuesto a un nuevo apagón entre los años 2015 y 2016 por culpa del Fenómeno de El Niño, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó la primera empresa que tuvo responsabilidad en el desabastecimiento de energía. Se trata de Termocandelaria, la termoeléctrica que se declaró indisponibles a pesar de recibir recursos que los colombianos para abastecer de energía al país, de registrase un bajo nivel de los embalses en medio de las sequías. La sanción asciende a 45.000 salarios mínimos, es decir, $35.410 millones, básicamente porque no tomó las medidas de choque necesarias, ni hizo buen uso de los recursos para evitar el riesgo de cortes de luz. El superintendente José Miguel Mendoza, explicó que el incumplimiento de produjo a pesar de que la empresa recibió $83.000 millones por concepto del Cargo por Confiabilidad para la vigencia 2014- 2015. La superintendencia también adelanta cuatro investigaciones a empresas generadoras de energía, relacionadas con el abastecimiento del servicio en momentos de crisis, como la que azotó al país con el fenómeno climático.
Según la superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque, ya se tiene previsto finalizar en el mes de Mayo culminar con intervención de Termocandelaria. A pesar de esta decisión, se consideró necesario seguir en curso con la investigación a esta empresa por la declaratoria de indisponibilidad de la planta, justo cuando el país enfrentaba una crisis energética. La Superintendencia de Servicios Públicos, tomó la decisión de intervenir por colocar en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica en el país al exponer su imposibilidad desde el 17 de octubre de 2015, afectando los niveles de generación de energía. Hasta el momento, no se conocen más casos de intervenciones ni investigaciones según la superintendencia de Servicios Públicos, pero con Termocandelaria actualmente, se espera un balance sobre su servicio, en la época de crisis en el país. TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. EN INTERVENCIÓN Mediante Resolución SSPD20151300051845 del 19 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión con fines de administración de TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P., por colocar en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica en el país al declararse indisponible desde el día 17 de octubre de 2015, afectando los niveles de generación de energía requerida por el Sistema Interconectado Nacional (SIN) para cubrir la demanda del país, especialmente en época de sequía por el fenómeno del niño. La medida se ejecutó el día 20 de noviembre de 2015 en las instalaciones de TERMOCANDELARIA S.C.A E.S.P en la ciudad de Cartagena, notificando el acto administrativo conforme a los procedimientos establecidos en el Decreto 2555 de 2010 y la señora Superintendente posesionó en el cargo de Agente Especial al doctor Javier Lastra Fuscaldo, quien fue designado en la misma resolución de intervención. El mismo 20 de noviembre, dada la difícil situación de caja en que se encontraba la empresa y ante solicitud del Agente Especial, el patrimonio autónomo Fondo Empresarial de la Superservicios aprobó un cupo de financiación por valor de $85 mil millones, con el fin de garantizar la compra del combustible necesario para declarar la disponibilidad y garantizar la entrega de los despachos de energía requeridos por el mercado de energía. Al iniciar la intervención, se realizaron varias reuniones técnico-operativas con el personal de Ingenieros de la Planta, con el fin de conocer el estado de las unidades de generación y demás infraestructura asociada a la operación, encontrando los equipos en muy buen estado de mantenimiento y operación. Las primeras gestiones del Agente Especial estuvieron enfocadas en la negociación de la compra del combustible requerido, para lo cual, definidos los criterios logísticos para asegurar el abastecimiento del combustible y basado en políticas de compra eficiente que permitieran realizar una óptima utilización de los recursos de la financiación del Fondo Empresarial, realizó una subasta para la compra de 105.000 barriles de diésel, recibiendo propuestas de BIOMAX, BRAVO PETROLEUM, EXXON MOBIL, entre otras. La subasta se cerró con la compra a BIOMAX por presentar las mejores condiciones comerciales, financieras y técnicas, entre esas el precio por galón y la calidad del combustible. Con base en lo anterior, TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. se declaró disponible desde el 28 de noviembre de 2015 y el día 30 de noviembre del mismo año fue llamada al despacho, para lo cual se puso en marcha una de las turbinas de la central (Termocandelaria I), con una producción de 150MWh, reiniciando el suministro de energía al Sistema Interconectado Nacional. El día 7 de diciembre de 2015 fue declarada disponible la segunda turbina (Termocandelaria II), cumpliendo así el propósito de reactivar toda la central y poner a disposición del SIN la capacidad total de generación que es de aproximadamente 309 MWh. Desde la fecha antes mencionada, TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. ha estado disponible al 100%, sin embargo, fue llamada a generar de forma intermitente, puesto que otras centrales eléctricas estaban generando con suficiencia la energía requerida en el país y a más bajos costos.
Explica el directivo que en el proceso de mantenimiento de la Unidad Flores 4 “al parecer una pieza se nos rompió y ocurrió el fallo de una turbina. Lamentablemente esto hace que salgan de circulación 230 megavatios del sistema”. (Lea también: Daño en Termoflores de Barranquilla aumenta el riesgo de apagón: Andeg) Según Sierra, Termoflores entrega a diario alrededor de 90 gigas diarios, por lo que la salida de la generadora representa una pérdida de 2,5 % de la energía nacional. “Estamos trabajando con el productor de la máquina, con quien tenemos un contrato de mantenimiento. Consideramos que nos demoramos entre 3 y 4 semanas para entregar la máquina”. El tiempo de reparación se estima en 3 semanas porque “es lo que demora el desmonte de la máquina y todo el proceso de montaje y reparación. La gran ventaja es que ya logramos identificar todos los repuestos y los técnicos ya están en planta”. Indica también que la pérdida de 2,5 % casi equivale a la energía que el Gobierno importará desde Ecuador. Cabe resaltar que el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, aseguró que el daño en las turbinas de combustión de la planta en aumenta el riesgo de un apagón en el país. Según Castañeda, el riesgo aumenta teniendo en cuenta la complicada situación por la que atraviesa el sector energético por el fenómeno de El Niño y la salida de la hidroeléctrica de Guatapé, entre otros factores. Además, el pasado 25 de febrero el ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció que se importarán 7 gigavatios de energía de Ecuador para garantizar el suministro en el país, luego de la explosión de la hidroeléctrica de Guatapé y los efectos de la sequía que está generando el Fenómeno de El Niño.
Desde el momento de la situación registrada, la térmica ha suministrado 31.24 Gigawatios/día al sistema interconectado contribuyendo a la atención de la demanda nacional con plena disposición operativa. A partir de su intervención, en noviembre de 2015, la Superservicios ha apoyado la operación de la planta con cerca de 100 mil millones de pesos provenientes de créditos del Fondo Empresarial de la entidad. A esto se suma la gestión realizada por el agente especial a cargo de la central, con los proveedores para apalancar las compras del combustible requerido para asegurar la disponibilidad de las dos unidades de generación de Termocandelaria, cuya capacidad total es de 309 megawatios/hora.
Se trata de las empresas Gecelca, Termoemcali, Termovalle y Termocandelaria, que de acuerdo a un comunicado emitido por el máximo órgano de control fiscal, la sostenibilidad y operación de las 4 generadoras estaría comprometida. La entidad afirma que “por una deficiente gestión y cálculo de costos y riesgos, cuatro empresas generadoras térmicas que se encuentran en preocupante situación financiera que afectan su viabilidad y continuidad en el mercado”, poniendo en riesgo la oferta de energía. (Vea también: En Santander siete municipios sin energía eléctrica por trabajos en redes). En el periodo de recaudo que va desde al año 2006 a noviembre de 2015, Gecelca, ha recibido $2 billones de pesos; Termoemcali, $402.385 millones de pesos; mientras que Termovalle recibió $378.278 millones de pesos. En el caso de Termocandelaria, que ya se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios, avanza una actuación especial de la Contraloría en donde buscan identificar el desempeño de la compañía en la administración de un total de $587.294 millones por las unidades de generación Termocandelaria 1 y Termocandelaria 2. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: - Las Fuerzas Militares respaldaron el esquema de justicia especial para la paz que se aplicará a los uniformados. - Desde el Congreso de la República exigen que el gobierno cree una entidad especial para vigilar las restricciones de la libertad que se le apliquen a la guerrilla de las Farc tras la firma de un acuerdo de paz. - Las operaciones en el Aeropuerto La Nubia de Manizales permanecen canceladas, por la ceniza del volcán nevado del Ruiz que ha caído en la pista, la actividad del de este crater en nivel 3. - Francia y Rusia amplían sus esfuerzos para luchar contra el estado islámico en Siria. - En el concejo de Bogotá destacaron el nombramiento de Miguel Uribe como nuevo Secretario de Gobierno de Bogotá y consideran que será el canal correcto entre el cabildo y la administración. - El Distrito reportó una reducción de un 17 por ciento en el material particulado del aire en la carrera séptima de Bogotá.
En una jornada de impacto social, más de 1.000 personas en condición de vulnerabilidad recibieron gafas con prescripción médica en Palmira, como parte de una iniciativa liderada por el Departamento de Policía Valle, con el apoyo de la fundación estadounidense Sight is a Right (Ver es un Derecho) y la Policía Cívica de Mayores. La actividad estuvo dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que requerían corrección visual y que, en muchos casos, no contaban con los recursos para acceder a este servicio.Los beneficiarios fueron identificados durante una jornada de valoración visual realizada en abril, cuando especialistas atendieron a 2.050 personas en Palmira y Cali. Tras los exámenes, se determinó que 1.022 pacientes necesitaban lentes formulados, los cuales fueron elaborados y entregados de manera gratuita durante esta misión humanitaria de la organización en Colombia.Steven Stern, presidente de Sight is a Right, destacó que esta es la primera vez que la fundación presta sus servicios en el país y aseguró que ha sido un honor trabajar con las comunidades colombianas. Además, agradeció el apoyo de la Policía Nacional, entidad que facilitó la logística y el desarrollo de la jornada, permitiendo hacer realidad la entrega de las gafas a quienes más las necesitaban.La Policía Nacional señaló que este tipo de alianzas con organizaciones internacionales fortalecen el trabajo social que desarrolla la institución en las regiones y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Con esta iniciativa, cientos de personas recuperan no solo su capacidad visual, sino también mejores oportunidades para estudiar, trabajar y desarrollar sus actividades cotidianas.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el traslado de la sede operativa del Poder Ejecutivo al histórico Palacio de San Carlos. Con esta determinación, la Casa de Nariño dejará de operar como el centro del Ejecutivo y será habilitada como museo. Así las cosas, el gobierno entrante trasladará el despacho del mandatario al recinto ubicado en la Calle 10 # 5-51, en el centro histórico de la capital.¿Dónde queda y cómo llegar al Palacio de San Carlos?Ubicado en la localidad de La Candelaria, el inmueble se encuentra a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar (carrera 7a No. 11-10). Para acceder a pie basta con tomar la calle 10 en dirección hacia los cerros orientales hasta la carrera 5a.En transporte masivo, la ruta habitual es descender en la estación Museo del Oro del sistema TransMilenio y caminar hacia el suroriente. Aunque actualmente el recinto no ofrece visitas guiadas al público por albergar funciones institucionales, su fachada forma un conjunto continuo con la Casa de Rafael Pombo, el Teatro Colón y la Casa Colonial donde opera la Academia Diplomática.La historia del palacio más antiguo de BogotáConstruido a finales del siglo XVI, en 1580, por orden del arcediano Francisco Porras Mejía, el Palacio de San Carlos es considerado el palacio más antiguo de la ciudad. Su estructura fue levantada con piedras de las canteras de la sabana y vigas traídas de las selvas colombianas.En 1605, la propiedad fue adquirida por el arzobispo fray Bartolomé Lobo Guerrero para albergar el Colegio Seminario de San Bartolomé. En 1767, tras la expulsión de los jesuitas ordenada por el rey Carlos III, el lugar adoptó el nombre de San Carlos e instaló la primera imprenta de Santafé. Más tarde, el 7 de enero de 1777, se convirtió en la primera sede de la Biblioteca Pública Real.El uso del Palacio de San Carlos como centro gubernamental comenzó el 22 de febrero de 1828, cuando el libertador Simón Bolívar autorizó su compra por 70.000 pesos para instalar la sede de gobierno de La Gran Colombia, luego de que un fuerte sismo destruyera la edificación anterior en la Plaza Principal.El inmueble pasó por diversas etapas institucionales durante los siglos XIX y XX:1908: funcionó por primera vez como sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).1937: el Estado adquirió predios anexos sobre la calle 10 y el arquitecto italiano Pietro Cantini construyó la nueva fachada y un edificio de tres pisos.1954: el general Gustavo Rojas Pinilla trasladó temporalmente de nuevo la sede presidencial al palacio.1975: fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 1584 del 11 de agosto.1979: cesó sus funciones como residencia presidencial para pasar a ser la sede definitiva de la Cancillería, estatus que mantuvo tras recibir la totalidad de sus edificaciones anexas en 1993.
La diligencia judicial en la que habrá formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, por los casos de corrupción en el Área Metropolitana, contra Miguel Quintero Calle, hermano del ex alcalde de Medellín y hoy Superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, ya no será el lunes 3 de agosto, sino que fue reprogramada para el martes 25 de agosto.En la audiencia, cuya citación, fue trasladada tres semanas después de la fecha inicialmente programada, también se busca formular imputación de cargos contra Sebastián de Dios Ortega Urán, Vanesa Álvarez Restrepo y Álvaro Alonso Villada García, quienes comparecerán, según el proceso judicial, por presuntamente haber cometido los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Al igual que Miguel Quintero Calle, en la misma audiencia esta agendado el espacio para el alegato de la solicitud de medida de aseguramiento para estas tres personas que serán presentados ante el juez.El caso sigue siendo polémico, más cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que testigos de casos de presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero están siendo amenazados.“Están amenazando a testigos clave de la fiscalía, que son testigos de los procesos por corrupción de los hermanitos “Q” y solicito a la Policía y la Fiscalía que los proteja y que sigan avanzando los diferentes procesos”, advirtió el alcalde Gutiérrez en sus redes.Cabe recordar que el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la ciudad avalará un preacuerdo con la Fiscalía para condenar a 19 meses de prisión a Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Itagüí.La aceptación de cargos está relacionada con la elaboración y utilización de 15 documentos falsificados, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes que sirvieron para justificar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron suministrados en medio de los contratos firmados por esa entidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.Las pesquisas han permitido identificar distintos niveles de intervención de funcionarios y particulares que, presuntamente, hicieron parte del esquema investigado, entre ellos el de Miguel Quintero Calle.
La senadora de Dignidad y Compromiso habló en Mañanas Blu 10:30 sobre la denuncia que presentó ante la Fiscalía contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero. También cuestionó el respaldo que, según ella, recibieron desde el Gobierno.La senadora Jennifer Pedraza anunció la radicación de una tercera denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, con el propósito de que se investiguen los presuntos hechos de corrupción revelados recientemente sobre su actuación en distintas entidades del Estado.La congresista explicó que la nueva acción judicial busca que el ente investigador determine si existieron conductas como tráfico de influencias, cohecho y posible enriquecimiento ilícito, entre otros presuntos delitos.Jennifer Pedraza anuncia nueva denuncia contra las hermanas GuerreroPedraza recordó que previamente presentó una denuncia que derivó en una audiencia de acusación programada para el próximo 5 de agosto contra Juliana Guerrero y exfuncionarios de la Fundación Universitaria San José por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Además, señaló que también denunció a Verónica Guerrero por una supuesta usurpación de funciones.La congresista explicó que la nueva denuncia se sustenta en las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con una presunta red para favorecer contratos públicos.“Hoy estamos presentando formalmente la denuncia para que la Fiscalía investigue sobre las denuncias que presenta la revista Semana, en donde podrían estar incurriendo en tráfico de influencias, cohecho, posible enriquecimiento ilícito, entre varias otras conductas delictivas”, dijo.La senadora agregó que también pidió revisar actuaciones relacionadas con el Fondo Colombia en Paz y la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde Juliana Guerrero continúa siendo delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario.Durante la entrevista, Pedraza sostuvo que Juliana y Verónica Guerrero llegaron al entorno del presidente Gustavo Petro a través de René Hernández y, posteriormente, adquirieron influencia política en el departamento del Cesar.Según afirmó, Juliana Guerrero se convirtió en un enlace entre la Casa de Nariño y algunos congresistas de esa región. “Juliana se volvió una ficha estratégica del presidente Petro para consolidar esta alianza con los politiqueros del Cesar”, aseguró.La congresista también cuestionó la respuesta del mandatario frente a las denuncias y sostuvo que, a su juicio, el presidente ha respaldado a Juliana Guerrero. “Aquí nosotros le acabamos de radicar a la Fiscalía la solicitud para que investiguen por un presunto enriquecimiento ilícito”, precisó.Jennifer Pedraza pidió celeridad en las investigacionesLa senadora manifestó que espera avances en los procesos judiciales que ya cursan contra las hermanas Guerrero y otros funcionarios mencionados en sus denuncias.Recordó que, además de los procesos relacionados con la Fundación Universitaria San José, existen otros hechos que, según indicó, también deberían ser esclarecidos por las autoridades. “Esto es mucho más que unos títulos falsos, lo cual ya es gravísimo”, destacó.Frente a la pregunta sobre el respaldo del presidente Gustavo Petro a Juliana Guerrero, Pedraza afirmó que no cuenta con elementos para pronunciarse sobre la naturaleza de esa relación, aunque insistió en que existe una responsabilidad política del jefe de Estado por haberle otorgado espacios de poder.“Yo no tengo información para afirmar cuál es la naturaleza de la relación entre el presidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero. Todo lo que yo digo me gusta tener cómo sustentarlo”, mencionó.Finalmente, reiteró que espera que la Fiscalía avance con rapidez en las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados y establecer las responsabilidades que correspondan.
Las temperaturas de hasta 40 grados Celsius están poniendo a sudar a la gente en la región Caribe, no solo por el intenso calor, sino también por los aprietos en los que están poniendo a los usuarios del servicio de energía, que ahora deberán asumir un nuevo aumento en las ya elevadas tarifas de luz.El precio del kilovatio hora, que hasta junio costaba $796 y luego pasó a $840, subirá de nuevo y se ubicará en $890, esto representa un incremento del 11.84%, que se verá reflejado en la factura que llegará a los hogares en agosto.Para entenderlo mejor tomamos como referencia el recibo de luz de una vivienda estrato 4, teniendo en cuenta que este estrato no paga sobretasa de energía, pero sí tarifa plena al no tener derecho a subsidio. Allí encontramos que para el próximo mes la factura les llegará en unos 356 mil pesos, si es que las tres personas que allí conviven mantienen su consumo promedio de 400 kilovatios hora.Desde junio pasado, Air-e explicó que las variaciones obedecen, especialmente, al incremento del costo de generación por los altos precios en bolsa como consecuencia de la presión ejercida por el fenómeno de El Niño. Y que a esto se suma el crecimiento de la demanda de electricidad por las altas temperaturas, un mayor requerimiento de energía que ha impactado los precios en el mercado, generando un aumento en los costos de compra para las comercializadoras en el país.Sin embargo, desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe critican este aumento y lo ven como un incumplimiento por parte del Gobierno al fallo del Consejo de Estado que ordenó bajar las tarifas a los usuarios de Air-e.Norman Alarcón, presidente de la Liga, sostiene que este nuevo incremento “también desacata las medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico en favor de la acción popular presentada por los personeros distritales de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha para eliminar el régimen especial tarifario para la Costa legado por el gobierno de Duque y mantenido por el actual”.“A esto se suma que el actual gobierno ha ordenado unas rebajas drásticas en los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 a través de eliminar los estratos y cambiarlos por el llamado Registro Universal de Ingresos, viejo sueño del Banco Mundial”, sostuvo Alarcón.
