El municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, anunció la implementación de la primera Red Pública de Carga para vehículos eléctricos en Colombia, una iniciativa desarrollada en alianza con la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Envigado (DESur). El proyecto busca responder al crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica en la subregión y fortalecer la transición hacia modelos de transporte más sostenibles.¿Dónde cargar vehículos eléctricos en el Valle de Aburrá?En una primera fase, la red contará con tres estaciones de carga semirápida que operarán las 24 horas del día. Los puntos fueron ubicados en sectores estratégicos de alta afluencia como la Calle de la Buena Mesa, la Iglesia El Portal y las inmediaciones de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel.La Administración municipal informó que la meta es alcanzar 20 estaciones de carga antes de finalizar el año. De momento, las estaciones disponible ofrecen una potencia de carga semirápida de 7 kilovatios (kW), diseñada para proteger la vida útil de las baterías de los vehículos eléctricos. Dependiendo de la capacidad de la batería y del nivel de carga inicial, el proceso completo puede tardar entre cuatro y ocho horas.El servicio funcionará exclusivamente mediante el conector Estándar Tipo 2, establecido por la normatividad nacional. Los propietarios de vehículos que utilicen otro tipo de entrada deberán contar con adaptadores propios para acceder al sistema de carga.Cada estación contará con un número visible de atención al usuario. La empresa Velttio será la encargada de brindar soporte técnico y resolver inquietudes relacionadas con pagos, funcionamiento de los equipos o sesiones de carga.Las zonas donde están ubicadas las estaciones serán de uso exclusivo para vehículos eléctricos con una sesión de carga activa. Las autoridades advirtieron que estará prohibido estacionar automotores que no estén utilizando el servicio autorizado a través de la plataforma."Es un día muy importante para la movilidad en Envigado, cualquier persona que necesita el servicio puede conectarse. Estamos impulsando la movilidad eléctrica en nuestro municipio, quienes quieran adquirir un vehículo eléctrico, no tengan miedo de hacerlo", señaló el alcalde de Envigado, Raúl Cardona.¿Cuánto vale cargar un vehículo eléctrico en el Valle de Aburrá?En cuanto a las tarifas, el servicio tendrá un costo de $1.400 por kilovatio hora (kWh) consumido y una tarifa fija de $1.500 por cada sesión de carga. Además, la reserva de espacio tendrá un valor de $250 por minuto, aplicable únicamente durante el tiempo real de desplazamiento hacia la estación.La misma tarifa por ocupación se cobrará cuando un vehículo permanezca estacionado más de 10 minutos después de finalizar la carga. Esta medida busca garantizar la rotación de los espacios y facilitar el acceso de otros usuarios a la infraestructura.Pasos para acceder a carga de vehículos eléctricos en el Valle de AburráPara utilizar las estaciones será necesario descargar la aplicación móvil Velttio, disponible para dispositivos Android y iPhone. Desde la plataforma los usuarios podrán registrarse, recargar una billetera virtual, reservar espacios, monitorear el proceso de carga en tiempo real y realizar los pagos correspondientes.La aplicación también permitirá conocer la disponibilidad de los cargadores mediante un sistema de colores. Las estaciones aparecerán en verde cuando estén libres y en amarillo cuando se encuentren ocupadas o reservadas por otro usuario.
La Alcaldía de Bogotá puso oficialmente en marcha Foncarga, un fondo diseñado para ayudar a pequeños transportadores a reemplazar automotores viejos por tecnologías de bajas emisiones, con el objetivo de disminuir el material particulado que afecta la salud de los ciudadanos.El anuncio estuvo acompañado por la entrega del primer vehículo financiado por este mecanismo, un hecho que marca el inicio operativo de una estrategia que había sido creada hace varios años, pero que no había logrado materializarse.El primer beneficiario fue Fernando Cáceres, un transportador que cambió un camión modelo 1978 por un vehículo nuevo impulsado con tecnología dedicada a gas natural Euro VI, una tecnología que, según el Distrito, puede reducir cerca del 90 % de las emisiones contaminantes frente al automotor que salió de circulación.La iniciativa surge en medio de un problema persistente de calidad del aire en Bogotá. De acuerdo con cifras distritales, tres fuentes explican más del 70 % del material particulado PM2.5 en la ciudad: el polvo generado por el tránsito en las vías, las emisiones derivadas de la combustión de vehículos, entre ellos el transporte de carga, y las obras de infraestructura.Precisamente, el transporte de carga tiene un peso importante dentro de ese panorama. Según el Registro Distrital Automotor, Bogotá cuenta con cerca de 19.464 vehículos de carga matriculados. De ese total, el 61 %, equivalente a 11.875 automotores, tiene más de 30 años de antigüedad, mientras que otro 7 %, 1.453 vehículos, tiene entre 21 y 30 años. Esto significa que una parte significativa de la flota sigue operando con tecnologías más antiguas y contaminantes.La secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto, aseguró que Foncarga representa un paso concreto para traducir las políticas ambientales en beneficios para los transportadores y en mejoras para la salud pública. Según explicó, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán encontró un fondo existente, pero sin operación efectiva, por lo que decidió reglamentarlo y ponerlo en funcionamiento.Aunque Foncarga fue creado en 2021, solo ahora entró a una fase operativa. El programa cuenta actualmente con una bolsa de $15.000 millones para financiar procesos de renovación vehicular y tiene como meta inicial reemplazar 20 vehículos durante 2026.El programa está dirigido a propietarios de vehículos livianos y medianos de carga, con un peso bruto vehicular igual o inferior a 10,5 toneladas, así como a volquetas de hasta tres ejes. Uno de los requisitos es que los automotores tengan más de 20 años de antigüedad y estén matriculados en Bogotá.El fondo ofrece incentivos económicos no reembolsables que cubren entre el 25 % y el 50 % del valor del nuevo vehículo. A esto se suma una línea de crédito habilitada en alianza con Bancóldex por $7.500 millones, con condiciones preferenciales, plazos de hasta ocho años y un periodo de gracia de seis meses.Hasta el momento, Foncarga tiene 128 transportadores inscritos, de los cuales 31 son mujeres propietarias o conductoras vinculadas al sector. Además, 14 solicitudes están siendo evaluadas y dos ya cuentan con concepto favorable.El Distrito también anunció que habrá criterios de priorización para los aspirantes. Se dará prelación a vehículos con mayor antigüedad, mujeres propietarias o transportadoras y personas que operen en zonas con mayores concentraciones contaminantes, conocidas como Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA).Además del componente ambiental, la administración distrital plantea que la modernización de la flota de carga puede impactar positivamente la seguridad vial y la eficiencia logística de la ciudad. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, señaló que esta transformación también apunta a fortalecer las operaciones de distribución urbana y reducir riesgos en las vías mediante tecnologías más modernas.
El Ministerio de Transporte publicó el borrador de una resolución con la que busca reglamentar el uso de bicicletas y patinetas eléctricas en Colombia. Entre las principales medidas planteadas se exige que estos vehículos cuenten con sistema de frenos delantero y trasero, luces y una señal acústica, como el pito de los carros, para advertir su presencia en la vía.Además, los conductores deberán portar casco certificado y elementos reflectivos, una medida que sería obligatoria especialmente durante la noche, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y mejorar la visibilidad.Otro de los cambios que propone el proyecto es la creación de un sistema de identificación en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Es decir, si se aprueba el proyecto bicicletas y patinetas eléctricas tendrían que quedar registradas y portar una lámina visible con información técnica y un código único de identificación, similar a una placa.La iniciativa también contempla límites de velocidad según la zona de circulación. Por ejemplo, cerca de parques y espacios de alta afluencia peatonal no se podría superar los 25 kilómetros por hora. En el caso de algunas bicicletas eléctricas autorizadas para circular fuera de zonas urbanas, el límite máximo sería de 40 kilómetros por hora.Según explicó la ministra de Transporte, esta propuesta es resultado de un proceso de diálogo con usuarios y ciudadanos, y busca responder al crecimiento de estos medios de transporte con reglas claras que permitan mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes.Por ahora, se presentó el borrador del documento, por lo que el proyecto aún podrá recibir comentarios y ajustes antes de convertirse en una regulación oficial a nivel nacional.
Cargar un carro eléctrico puede tomar un buen tiempo dependiendo del tipo de vehículo y de la estación que se use. En algunos carros pequeños o compactos, una carga rápida puede tardar entre 40 minutos y una hora, mientras que en camionetas eléctricas o vehículos con baterías más grandes el proceso puede extenderse mucho más, especialmente cuando se usan puntos de carga lenta.Por eso, tener estaciones de carga rápida se ha convertido en una necesidad para muchos conductores en Bogotá, especialmente para quienes usan su vehículo durante gran parte del día y necesitan recuperar batería en poco tiempo.En ese panorama, Enel Colombia anunció la modernización de una de sus estaciones de carga para vehículos eléctricos ubicada en Unicentro Bogotá. El punto, que antes funcionaba con carga lenta, ahora operará como una estación de carga rápida con mayor capacidad para atender más carros al mismo tiempo.Así funcionará la nueva estación de carga rápidaLa nueva estación contará con cuatro equipos de carga rápida de 60 kW y uno adicional de 150 kW de potencia. En total, tendrá ocho mangueras de 30 kW y dos más de hasta 75 kW.Con esta capacidad, el lugar podrá atender hasta 10 vehículos de manera simultánea, algo que busca reducir las filas y los tiempos de espera para los usuarios.Según explicó la compañía, gracias a esta tecnología los carros eléctricos podrán recuperar cerca del 50 % de la batería en aproximadamente 25 a 30 minutos. Mientras tanto, una carga completa podría tomar poco más de una hora, aunque esto depende del modelo del vehículo, del tamaño de la batería y de la energía con la que llegue el carro a la estación.Los usuarios también podrán activar directamente la recarga de su vehículo y pagar únicamente por la cantidad de energía consumida durante el proceso.La empresa explicó que esta nueva infraestructura complementa las estaciones de carga que ya existen en Unicentro, donde actualmente funcionan otros dos puntos para vehículos eléctricos.La modernización es resultado de un trabajo conjunto entre Enel Colombia y el centro comercial, con el objetivo de ofrecer una solución con mayor capacidad para quienes ya usan este tipo de carros en la ciudad.Con este proyecto, la compañía busca "seguir impulsando la movilidad eléctrica y apoyar la transición hacia formas de transporte más sostenibles en Bogotá, una ciudad donde cada vez circulan más vehículos eléctricos e híbridos".Habrá mantenimiento y seguimiento a los equiposLa empresa de energía también manifestó que hará mantenimientos preventivos y correctivos para garantizar que las estaciones funcionen correctamente y puedan prestar el servicio de manera continua.Además, hizo un llamado a los conductores para que hagan un uso responsable de la infraestructura, con el fin de mantener los equipos en buen estado y garantizar que estén disponibles para todos los usuarios que necesiten cargar sus vehículos.
El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron un plan de choque para enfrentar la crisis por acumulación de contenedores vacíos y mejorar el proceso logístico en el puerto de Buenaventura, uno de los puntos estratégicos para el comercio exterior del país.Tras una visita en territorio liderada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, las autoridades expidieron una resolución con órdenes administrativas y una circular conjunta con reglas obligatorias para los actores de la cadena logística portuaria.Entre las principales medidas se destaca la operación continua 24 horas al día, los siete días de la semana, en los patios de contenedores vacíos, con el fin de garantizar la recepción, entrega, carga, descarga e inspección permanente. También se ordenó la evacuación inmediata de contenedores almacenados en depósitos externos para reducir la congestión y recuperar la capacidad operativa del puerto.Además, los operadores deberán presentar un plan de acción verificable con metas de reducción del represamiento, entregar informes periódicos de cumplimiento y registrar diariamente el movimiento de contenedores en una plataforma de la Supertransporte, para fortalecer la trazabilidad y el control institucional.“Uno de los efectos que va a traer esta par de resoluciones es que en los patios de contenedores la ocupación debe ser máximo del 70 %, pero en general tomamos medidas para que haya una descongestión inmediata de estas zonas, no se cobren recargos indebidos a los transportadores y se mejore la logística. Vienen otras medidas que también buscan mejorar todos estos procesos en el puerto de Buenaventura”, aseguró la ministra de transporte, María Fernanda Rojas.Las autoridades advirtieron que habrá sanciones para quienes incumplan las instrucciones, y reiteraron que mantendrán seguimiento permanente a la implementación de las medidas para garantizar la competitividad del puerto, proteger a los transportadores y asegurar el flujo normal de carga en Colombia.
Un delicado accidente de tránsito se registró en una carretera nacional cuando un carro familiar, que se desplazaba rumbo a un destino turístico, terminó involucrado en un fuerte choque con una tractomula. El hecho generó momentos de tensión entre los ocupantes, afectó la movilidad en la vía y dejó varias personas lesionadas que requirieron atención médica inmediata.Según el testimonio entregado a La Kalle por Víctor Ortiz, uno de los ocupantes del vehículo particular, la familia avanzaba por la carretera cuando el conductor de la tractomula intentó adelantarlos. De acuerdo al relato de Ortiz, el accidente ocurrió cuando una tractomula, que circulaba por la misma vía, sufrió el estallido de una de sus llantas y esto ocasionó que el vehículo de carga se desviara hacia un costado de la carretera; al intentar reincorporarse al carril, el conductor perdió el control, volcándose y chocando contra el carro familiar que quedó en pérdida total.Fuerte accidente vial involucra tractomula y familia que viajaba por vacaciones“Fue un impacto muy fuerte, pero gracias a Dios estamos vivos”, relató Víctor en diálogo con La Kalle. Actualmente, él y sus familiares avanzan en su proceso de recuperación y permanecen bajo observación médica, sin que se reporten complicaciones de gravedad.Según relató el ocupante del carro particular, viajaba acompañado de su madre, su hermano, quien estaba al volante, y dos perritos que afortunadamente salieron ilesos. Su destino era Cali donde residen su esposa e hija y con quienes se reunirían para pasar las fiestas de fin de año. Aunque los lesionados fueron atendidos y trasladados a un hospital aún no se define quién responderá por los daños materiales.En contraste con la versión del ocupante del carro, según Víctor, un empleado de una estación de gasolina cercana que aseguró haber presenciado el accidente, la tractomula sufrió la explosión de una llanta, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. Este relato proviene de lo que Víctor compartió y forma parte de los testimonios que pueden ser evaluados dentro del proceso de investigación.Sin embargo, Víctor menciona que el conductor de la tractomula al parecer tendría otra versión sobre cómo ocurrieron los hechos, aunque hasta el momento no se conocen detalles específicos de su relato.Las autoridades de tránsito serán las encargadas de adelantar las investigaciones para establecer cómo se presentó el accidente, lo que podría incluir análisis técnicos, revisión del estado mecánico de ambos vehículos, evaluación de las condiciones de la vía y recopilación de testimonios de las personas involucradas y de posibles testigos. Se espera que sean las autoridades quienes determinen de manera oficial, las causas del accidente y la responsabilidad de cada una de las partes involucradas.
La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) emitió un comunicado en el que rechaza la escalada de violencia y amenazas que comprometen la movilidad y el abastecimiento nacional. Estos actos se desprenden de la declaración de un paro armado por parte del grupo guerrillero ELN, medida ilícita que comenzó a las 6:00 de la mañana del 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre.El propósito fundamental de esta acción es suspender la actividad de transporte y la movilidad en el territorio, lo cual impacta directamente la cadena logística, considerada crucial para la estabilidad económica y para garantizar el abastecimiento de los hogares colombianos, particularmente durante esta época de alta demanda comercial. Adicionalmente, el anuncio formal del grupo armado de considerar instalaciones y vehículos de las Fuerzas Armadas como objetivos militares incrementa significativamente el riesgo en los corredores viales, poniendo en peligro la vida de los transportadores.Trece afectaciones y atentados terroristas confirmadosDesde la entrada en vigor de la medida, se han reportado al menos trece (13) afectaciones y atentados terroristas a nivel nacional. Los incidentes reportados incluyen:Bloqueos que obstaculizan la movilidad en el municipio de Pelaya, Cesar.Actos delictivos confirmados en el departamento del Cesar, especialmente en el municipio de Curumaní.La voladura de la infraestructura del peaje La Lizama mediante el uso de una motobomba, un suceso que dejó dos (2) personas heridas.El asesinato de un conductor de ambulancia en el departamento de Santander.El cierre total en el sector de San Roque (Curumaní, Cesár), generado por la verificación de presencia de dos (2) contenedores con artefactos explosivos improvisados.Llamado al Gobierno nacionalDada la crítica coyuntura de orden público y la necesidad perentoria de garantizar la continuidad del servicio público de transporte de carga, Fedetranscarga ha realizado un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Militares y de Policía. La Federación exige que se tomen de inmediato los correctivos y acciones necesarias para asegurar el control efectivo de las carreteras colombianas.Se ha solicitado incrementar la presencia permanente y efectiva del Ejército Nacional y la Policía Nacional en los corredores viales del país. El objetivo primordial es garantizar la seguridad requerida para la población civil y para los transportadores de carga, permitiéndoles ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad personal y su vida, así como la seguridad de los equipos de transporte y las mercancías movilizadasFedetranscarga reitera que el transporte de carga es un eslabón indispensable para el bienestar nacional, y cualquier interrupción de esta actividad representa un grave perjuicio para la sociedad. Por lo tanto, la seguridad en las vías debe ser asumida como una prioridad de Estado innegociable
El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, advirtió que el nuevo decreto 1017 del Gobierno Nacional, que busca formalizar y digitalizar el transporte de carga en Colombia, podría tener efectos contrarios a los que se pretende, al encarecer la compra de camiones nuevos y frenar la modernización del parque automotor.En diálogo con Mañanas Blu 10:30, Cuervo explicó que la norma, firmada como parte de los acuerdos entre el Gobierno y los transportadores luego de las movilizaciones, aumenta el costo de matrícula de los vehículos de carga pesada, lo que impactará directamente en el precio de los camiones nuevos.“Este decreto saca una medida que tal vez el país no conoce y es que encarece la compra de vehículos de transporte de carga. Antes, para un vehículo de más de 10.5 toneladas, si no era con reposición, se debía pagar el 15 % del valor del vehículo antes de IVA; ahora se debe pagar el 25 %”, explicó Cuervo.El dirigente gremial señaló además que la medida afecta incluso a los propietarios de camiones livianos, que antes no tenían obligación de pagar por la matrícula.“Para los vehículos hasta 10.5 toneladas, donde no había obligación de pagar un valor por la matrícula, hoy pasó de 0 pesos al 25 % del valor del vehículo antes de IVA”, indicó.Según Cuervo, esta decisión va en contravía de los objetivos del propio Gobierno, que ha promovido la renovación tecnológica y la seguridad vial.“Esto va en contra de las políticas del Gobierno cuando hablan de reposición del parque automotor y de acceso tecnológico. Encarecer la flota nueva afecta al sector, no solo a los grandes empresarios, también a los pequeños propietarios”, agregó.Dudas sobre el fondo de reposiciónEl Ministerio de Transporte ha destacado el decreto como un avance en la formalización del gremio, señalando que por primera vez se incluirán vehículos livianos y volquetas en el Fondo de Ascenso Tecnológico (FOPAT), lo que ampliaría los beneficios a propietarios antes excluidos.Sin embargo, Cuervo considera que ese fondo no tendrá impacto inmediato, pues apenas comenzará a implementarse.“Muy seguramente se va a demorar muchísimo tiempo en que haya dinero para este tipo de reposiciones. Hoy está perjudicando a los pequeños transportadores que van a tener que pagar entre 20 y 30 millones de pesos adicionales por un vehículo tipo turbo”, precisó.El dirigente también señaló que el decreto no resuelve los temas laborales del sector, como la pensión anticipada para conductores de carretera.“Eso no va en un decreto. Se requiere una ley que modifique el Código Laboral. Desde Fedetranscarga estamos promoviendo una ley para que los transportadores puedan pensionarse antes, como los pilotos de avión”, explicó.Cuervo aseguró que el gremio no tuvo participación directa en la construcción del decreto.“Esta norma se construyó solamente con las bases camioneras. No intervinieron los generadores de carga ni las empresas habilitadas para prestar el servicio público”, afirmó.Añadió que durante casi un año enviaron observaciones técnicas al Ministerio de Transporte, pero que sus aportes no fueron tenidos en cuenta.Entre otros puntos que generan preocupación, Fedetranscarga advirtió que el decreto reduce los requisitos de capital para crear empresas de transporte, lo que podría generar riesgos financieros.“Antes se requerían mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, ahora solo 250 para propietarios de hasta tres vehículos. Esto puede complicar la contratación, porque habrá empresas sin soporte económico suficiente para responder en casos de pérdidas o siniestros”, explicó Cuervo.Finalmente, el presidente del gremio insistió en que, aunque el decreto busca formalizar y modernizar el transporte de carga, en la práctica impone nuevas cargas económicas y administrativas que dificultan la operación del sector.
El transporte de carga en Antioquia atraviesa una de sus peores crisis debido a las intensas lluvias y la creciente inseguridad en las vías del departamento. Así lo advirtió Anderson Quiceno Sierra, director ejecutivo de la Asociación de Transportes de Carga (ATC), quien aseguró que la situación ha obligado a restringir los desplazamientos únicamente al día, por las condiciones climáticas y el riesgo de orden público en horas nocturnas.Las pérdidas económicas que afronta el gremio, según cálculos de la ATC, se deban tanto a problemas de orden público como a los sobrecostos generados por desvíos, mayor consumo de combustible y retrasos que representan entre 600 y 700.000 millones de pesos mensuales, lo que se traduce en cerca de 7 billones de pesos anuales."Hay corredores que prácticamente están cerrados. Limita mucho la actividad del transporte de carga en el día y a eso súmele que en la noche no se puede transitar por las vías del departamento. Uno, por las condiciones climáticas y segundo, por los temas de seguridad y orden público que sufre el departamento", explicó.Casos críticos como el del corredor Medellín-La Pintada, en el sector conocido como La Quiebra, representan un riesgo latente de colapso vial. De llegar a ceder este tramo, los transportadores se verían forzados a tomar rutas alternas incompletas o altamente deterioradas, como la vía por Amagá o la conexión por San Jerónimo y Bolombolo hacia el Pacífico. "Básicamente, lo que ha venido haciendo el invierno es midiendo el talante de respuesta que tienen Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura a fin de poder garantizar las condiciones de movilidad. El Gobierno nacional quiere prácticamente retomar en lo público toda la administración de las vías nacionales, que sí vemos esa noticia como muy desafortunada", agregó Quiceno.Además de los problemas climáticos y estructurales, el gremio denuncia una grave situación de inseguridad por cuenta de grupos armados ilegales, pero también por bandas de polizones y caminantes que se han convertido en estructuras criminales.
En el inicio del año 2025, los camioneros están preocupados debido al notable incremento en los precios de la gasolina y el diésel, estimando pérdidas cercanas a los 15 mil millones de pesos sólo en enero. Según David Jiménez, presidente de Comce, el alza en los precios de combustible es normal en este periodo debido a ajustes monetarios, pero las consecuencias son severas para los transportadores. "Las pérdidas por este incremento en el precio del combustible afectan drásticamente la sostenibilidad del transporte en nuestra región," afirma Arias. David Jiménez, presidente de la Confederación de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, mencionó que los incrementos son resultado de ajustes en las sobre tasas y de la mezcla de biocombustibles. El precio de la gasolina corriente ha aumentado en cerca de 91 pesos por galón, mientras que el diésel presenta una variación de hasta 190 pesos por galón en ciertos lugares. Este incremento tiene una repercusión directa en los vendedores y consumidores del producto. "La mezcla de biocombustibles, que ha subido significativamente, también impacta los precios finales al consumidor," comentó Jiménez. Las ciudades como Cali han sido catalogadas con los precios más altos en comparación con otras, impulsando que en Villavicencio el precio alcance valores alarmantes de hasta 16,185 pesos por galón. Esto se debe a la indexación de tarifas y al impacto del transporte de productos, el cual va variando con cambios sociales y económicos. Escuche aquí la entrevista:
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.