Buenaventura ya no va a cobrar los $4.235 por cada tonelada de carga que pase por ese municipio, como se había anunciado a finales de agosto.La medida había recibido el rechazo de la mayoría de los gremios de la producción nacional, representados en el Consejo Gremial Nacional, porque le restaba competitividad al principal puerto que tiene el país sobre el Pacífico. La decisión de la alcaldía se reversó tras una reunión entre la alcaldesa de la ciudad, Ligia del Carmen Córdoba, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera."Acordamos unir esfuerzos para destrabar obras, mejorar los accesos al puerto y avanzar en la reconstrucción de las vías afectadas por el terremoto. Destaco la muy buena decisión de la alcaldesa de no aplicar el cobro por circulación a los vehículos de carga”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.La alcaldía espera hoy que el Gobierno invierta en soluciones estructurales que permitan descongestionar el municipio.
Un fuerte revuelo legal y económico ha generado la expedición del Decreto 338 del 26 de agosto por parte de la Alcaldía de Buenaventura, el cual establece un cobro de 4.235 pesos por cada tonelada de carga que entra o sale del municipio. Aunque la norma señala formalmente que el pago recae sobre los generadores de carga (importadores y exportadores), el gremio transportador advierte sobre los severos efectos colaterales que este cobro tendrá en toda la cadena logística nacional.En diálogo con Mañanas Blu, Arnulfo Cuervo, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, explicó que, si bien el cobro no se dirige en el papel directamente al camionero, la dinámica del sector terminará trasladando dicho costo a los fletes.La controversia jurídica: ¿precio público o tasa tributaria?El principal punto de discordia radica en la naturaleza legal de la medida. Según Fedetranscarga la administración distrital ha pretendido catalogar el recaudo bajo la figura de "precio público", mecanismo que supone una contraprestación contractual y voluntaria por el uso de un bien. Sin embargo, el dirigente gremial enfatizó que no existe una vía alternativa para ingresar o retirar mercancías del puerto, por lo que la voluntariedad desaparece por completo."Se cuidó la alcaldía, consideramos nosotros, en la determinación de la naturaleza jurídica del cobro en determinar que es un precio público cuando realmente es una tasa disfrazada (...). Cuando la Corte dice que es un tema voluntario, pues aquí se desnaturaliza la voluntariedad, porque si el tractocamión está obligado a transitar, porque no es que haya una opción distinta para retirar carga de Buenaventura o para llevar carga de Buenaventura (...) esto carece de naturaleza tributaria en el papel, pero pasa a ser un tributo", dijo. "No solamente es arbitrario desde el punto de vista legal lo que estableció la alcaldesa de Buenaventura, sino que si lo vemos desde el punto de vista práctico de competitividad (...) esto se suma aún más a una situación que se viene generando como una olla a presión", agregó.Proyección del recaudo e impacto en la inflaciónEl argumento planteado por la Alcaldía de Buenaventura para fundamentar la medida es el deterioro que provocan los vehículos pesados en las vías del municipio. No obstante, al analizar las cifras del flujo vehicular, las proyecciones muestran un recaudo multimillonario. Por Buenaventura transitan a diario entre 5.000 y 6.000 tractocamiones, cada uno transportando en promedio 35 toneladas."Cuando usted multiplica 4.235, que es por tonelada, por 35 toneladas que debe pagar un camión y eso lo multiplica por 5.500 para hacer un promedio, usted se va a dar cuenta que al final del año se van a recoger mucho más de 30.000 millones de pesos que no sabemos cómo se van a utilizar". Esta situación se traduce en una seria preocupación por las implicaciones en el costo de vida de los ciudadanos. Frente a esto, el presidente del gremio enfatizó:"Todos los productos que fueron importados por Buenaventura, indiscutiblemente, serán afectados por este cobro y lo mismo las exportaciones. Entonces, si una exportación es más cara, somos menos competitivos en el mercado internacional. Si una importación es más costosa, pues va a afectar el bolsillo absolutamente de todos los colombianos, porque recuerde usted que el 96% de la carga en Colombia la mueven los camiones".Escuche aquí la entrevista:
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) pidió suspender el cobro establecido por la Alcaldía de Buenaventura para los vehículos de carga que circulen hacia o desde las terminales portuarias del Distrito. Se trata de un "precio público por circulación" de $4.235 por cada tonelada transportada, establecido mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026. Con esta tarifa, un tractocamión que movilice 30 toneladas tendría que pagar cerca de $127.050 adicionales por operación.Colfecar considera que el nuevo cobro debe revisarse antes de entrar en aplicación, especialmente porque el corredor Cali-Buenaventura ya enfrenta problemas de congestión, infraestructura y tiempos de espera. El gremio también cuestiona el sustento técnico utilizado para definir la tarifa y pide conocer el estudio de movilidad de 2024 en el que se basa la Alcaldía.Según el decreto, el dinero recaudado se destinará exclusivamente a la construcción, mantenimiento y reparación de vías, así como a proyectos de movilidad sostenible en Buenaventura. La Alcaldía argumenta que las vías urbanas se han deteriorado por el aumento del tráfico de carga y que el presupuesto del Distrito no es suficiente para atender ese desgaste.El Distrito también advierte que el tránsito de vehículos pesados podría llegar a cerca de 10.000 camiones diarios en los próximos 30 años. El cobro se aplicará según el peso de la carga registrada en las entradas y salidas de las terminales portuarias, con algunas excepciones, como vehículos de seguridad nacional, ayuda humanitaria y operaciones de transbordo que no utilicen las vías públicas.Colfecar reconoce que la ley permite establecer este tipo de cobros, pero insiste en que deben estar respaldados por estudios técnicos y ser proporcionales. Por eso, pide que se explique cómo se calcularon los $4.235 por tonelada y cuál es la relación entre el peso de la carga y los problemas de congestión que se busca solucionar.El gremio, además, señala que los transportadores ya enfrentan mayores costos por el aumento del diésel, los peajes y los salarios, además de problemas de seguridad y los bloqueos que se han presentado en la vía Cali-Buenaventura. Según Colfecar, actualmente se presentan filas de hasta 25 kilómetros y esperas de hasta ocho horas para entrar o salir del puerto. La situación, asegura el gremio, incluso está llevando a algunas empresas a trasladar sus operaciones hacia puertos de la costa Atlántica.En lugar del nuevo cobro, Colfecar pide a la Alcaldía apoyar al Gobierno nacional en las obras de las unidades funcionales 2, 3 y 4 de la concesión, cuyo inicio ya fue anunciado con 3,5 kilómetros de puesta a punto y 6,5 kilómetros de segunda calzada en la vía alterna. El gremio solicitó suspender la implementación y el recaudo del decreto mientras se desarrolla la Mesa Institucional de Concertación, ya aceptada por la Administración, y se hace una revisión técnica, jurídica y económica de la medida. "Colombia necesita reducir sus costos logísticos, no crear nuevos", concluyó Colfecar.
El municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, anunció la implementación de la primera Red Pública de Carga para vehículos eléctricos en Colombia, una iniciativa desarrollada en alianza con la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Envigado (DESur). El proyecto busca responder al crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica en la subregión y fortalecer la transición hacia modelos de transporte más sostenibles.¿Dónde cargar vehículos eléctricos en el Valle de Aburrá?En una primera fase, la red contará con tres estaciones de carga semirápida que operarán las 24 horas del día. Los puntos fueron ubicados en sectores estratégicos de alta afluencia como la Calle de la Buena Mesa, la Iglesia El Portal y las inmediaciones de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel.La Administración municipal informó que la meta es alcanzar 20 estaciones de carga antes de finalizar el año. De momento, las estaciones disponible ofrecen una potencia de carga semirápida de 7 kilovatios (kW), diseñada para proteger la vida útil de las baterías de los vehículos eléctricos. Dependiendo de la capacidad de la batería y del nivel de carga inicial, el proceso completo puede tardar entre cuatro y ocho horas.El servicio funcionará exclusivamente mediante el conector Estándar Tipo 2, establecido por la normatividad nacional. Los propietarios de vehículos que utilicen otro tipo de entrada deberán contar con adaptadores propios para acceder al sistema de carga.Cada estación contará con un número visible de atención al usuario. La empresa Velttio será la encargada de brindar soporte técnico y resolver inquietudes relacionadas con pagos, funcionamiento de los equipos o sesiones de carga.Las zonas donde están ubicadas las estaciones serán de uso exclusivo para vehículos eléctricos con una sesión de carga activa. Las autoridades advirtieron que estará prohibido estacionar automotores que no estén utilizando el servicio autorizado a través de la plataforma."Es un día muy importante para la movilidad en Envigado, cualquier persona que necesita el servicio puede conectarse. Estamos impulsando la movilidad eléctrica en nuestro municipio, quienes quieran adquirir un vehículo eléctrico, no tengan miedo de hacerlo", señaló el alcalde de Envigado, Raúl Cardona.¿Cuánto vale cargar un vehículo eléctrico en el Valle de Aburrá?En cuanto a las tarifas, el servicio tendrá un costo de $1.400 por kilovatio hora (kWh) consumido y una tarifa fija de $1.500 por cada sesión de carga. Además, la reserva de espacio tendrá un valor de $250 por minuto, aplicable únicamente durante el tiempo real de desplazamiento hacia la estación.La misma tarifa por ocupación se cobrará cuando un vehículo permanezca estacionado más de 10 minutos después de finalizar la carga. Esta medida busca garantizar la rotación de los espacios y facilitar el acceso de otros usuarios a la infraestructura.Pasos para acceder a carga de vehículos eléctricos en el Valle de AburráPara utilizar las estaciones será necesario descargar la aplicación móvil Velttio, disponible para dispositivos Android y iPhone. Desde la plataforma los usuarios podrán registrarse, recargar una billetera virtual, reservar espacios, monitorear el proceso de carga en tiempo real y realizar los pagos correspondientes.La aplicación también permitirá conocer la disponibilidad de los cargadores mediante un sistema de colores. Las estaciones aparecerán en verde cuando estén libres y en amarillo cuando se encuentren ocupadas o reservadas por otro usuario.
La Alcaldía de Bogotá puso oficialmente en marcha Foncarga, un fondo diseñado para ayudar a pequeños transportadores a reemplazar automotores viejos por tecnologías de bajas emisiones, con el objetivo de disminuir el material particulado que afecta la salud de los ciudadanos.El anuncio estuvo acompañado por la entrega del primer vehículo financiado por este mecanismo, un hecho que marca el inicio operativo de una estrategia que había sido creada hace varios años, pero que no había logrado materializarse.El primer beneficiario fue Fernando Cáceres, un transportador que cambió un camión modelo 1978 por un vehículo nuevo impulsado con tecnología dedicada a gas natural Euro VI, una tecnología que, según el Distrito, puede reducir cerca del 90 % de las emisiones contaminantes frente al automotor que salió de circulación.La iniciativa surge en medio de un problema persistente de calidad del aire en Bogotá. De acuerdo con cifras distritales, tres fuentes explican más del 70 % del material particulado PM2.5 en la ciudad: el polvo generado por el tránsito en las vías, las emisiones derivadas de la combustión de vehículos, entre ellos el transporte de carga, y las obras de infraestructura.Precisamente, el transporte de carga tiene un peso importante dentro de ese panorama. Según el Registro Distrital Automotor, Bogotá cuenta con cerca de 19.464 vehículos de carga matriculados. De ese total, el 61 %, equivalente a 11.875 automotores, tiene más de 30 años de antigüedad, mientras que otro 7 %, 1.453 vehículos, tiene entre 21 y 30 años. Esto significa que una parte significativa de la flota sigue operando con tecnologías más antiguas y contaminantes.La secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto, aseguró que Foncarga representa un paso concreto para traducir las políticas ambientales en beneficios para los transportadores y en mejoras para la salud pública. Según explicó, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán encontró un fondo existente, pero sin operación efectiva, por lo que decidió reglamentarlo y ponerlo en funcionamiento.Aunque Foncarga fue creado en 2021, solo ahora entró a una fase operativa. El programa cuenta actualmente con una bolsa de $15.000 millones para financiar procesos de renovación vehicular y tiene como meta inicial reemplazar 20 vehículos durante 2026.El programa está dirigido a propietarios de vehículos livianos y medianos de carga, con un peso bruto vehicular igual o inferior a 10,5 toneladas, así como a volquetas de hasta tres ejes. Uno de los requisitos es que los automotores tengan más de 20 años de antigüedad y estén matriculados en Bogotá.El fondo ofrece incentivos económicos no reembolsables que cubren entre el 25 % y el 50 % del valor del nuevo vehículo. A esto se suma una línea de crédito habilitada en alianza con Bancóldex por $7.500 millones, con condiciones preferenciales, plazos de hasta ocho años y un periodo de gracia de seis meses.Hasta el momento, Foncarga tiene 128 transportadores inscritos, de los cuales 31 son mujeres propietarias o conductoras vinculadas al sector. Además, 14 solicitudes están siendo evaluadas y dos ya cuentan con concepto favorable.El Distrito también anunció que habrá criterios de priorización para los aspirantes. Se dará prelación a vehículos con mayor antigüedad, mujeres propietarias o transportadoras y personas que operen en zonas con mayores concentraciones contaminantes, conocidas como Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA).Además del componente ambiental, la administración distrital plantea que la modernización de la flota de carga puede impactar positivamente la seguridad vial y la eficiencia logística de la ciudad. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, señaló que esta transformación también apunta a fortalecer las operaciones de distribución urbana y reducir riesgos en las vías mediante tecnologías más modernas.
El Ministerio de Transporte publicó el borrador de una resolución con la que busca reglamentar el uso de bicicletas y patinetas eléctricas en Colombia. Entre las principales medidas planteadas se exige que estos vehículos cuenten con sistema de frenos delantero y trasero, luces y una señal acústica, como el pito de los carros, para advertir su presencia en la vía.Además, los conductores deberán portar casco certificado y elementos reflectivos, una medida que sería obligatoria especialmente durante la noche, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y mejorar la visibilidad.Otro de los cambios que propone el proyecto es la creación de un sistema de identificación en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Es decir, si se aprueba el proyecto bicicletas y patinetas eléctricas tendrían que quedar registradas y portar una lámina visible con información técnica y un código único de identificación, similar a una placa.La iniciativa también contempla límites de velocidad según la zona de circulación. Por ejemplo, cerca de parques y espacios de alta afluencia peatonal no se podría superar los 25 kilómetros por hora. En el caso de algunas bicicletas eléctricas autorizadas para circular fuera de zonas urbanas, el límite máximo sería de 40 kilómetros por hora.Según explicó la ministra de Transporte, esta propuesta es resultado de un proceso de diálogo con usuarios y ciudadanos, y busca responder al crecimiento de estos medios de transporte con reglas claras que permitan mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes.Por ahora, se presentó el borrador del documento, por lo que el proyecto aún podrá recibir comentarios y ajustes antes de convertirse en una regulación oficial a nivel nacional.
Cargar un carro eléctrico puede tomar un buen tiempo dependiendo del tipo de vehículo y de la estación que se use. En algunos carros pequeños o compactos, una carga rápida puede tardar entre 40 minutos y una hora, mientras que en camionetas eléctricas o vehículos con baterías más grandes el proceso puede extenderse mucho más, especialmente cuando se usan puntos de carga lenta.Por eso, tener estaciones de carga rápida se ha convertido en una necesidad para muchos conductores en Bogotá, especialmente para quienes usan su vehículo durante gran parte del día y necesitan recuperar batería en poco tiempo.En ese panorama, Enel Colombia anunció la modernización de una de sus estaciones de carga para vehículos eléctricos ubicada en Unicentro Bogotá. El punto, que antes funcionaba con carga lenta, ahora operará como una estación de carga rápida con mayor capacidad para atender más carros al mismo tiempo.Así funcionará la nueva estación de carga rápidaLa nueva estación contará con cuatro equipos de carga rápida de 60 kW y uno adicional de 150 kW de potencia. En total, tendrá ocho mangueras de 30 kW y dos más de hasta 75 kW.Con esta capacidad, el lugar podrá atender hasta 10 vehículos de manera simultánea, algo que busca reducir las filas y los tiempos de espera para los usuarios.Según explicó la compañía, gracias a esta tecnología los carros eléctricos podrán recuperar cerca del 50 % de la batería en aproximadamente 25 a 30 minutos. Mientras tanto, una carga completa podría tomar poco más de una hora, aunque esto depende del modelo del vehículo, del tamaño de la batería y de la energía con la que llegue el carro a la estación.Los usuarios también podrán activar directamente la recarga de su vehículo y pagar únicamente por la cantidad de energía consumida durante el proceso.La empresa explicó que esta nueva infraestructura complementa las estaciones de carga que ya existen en Unicentro, donde actualmente funcionan otros dos puntos para vehículos eléctricos.La modernización es resultado de un trabajo conjunto entre Enel Colombia y el centro comercial, con el objetivo de ofrecer una solución con mayor capacidad para quienes ya usan este tipo de carros en la ciudad.Con este proyecto, la compañía busca "seguir impulsando la movilidad eléctrica y apoyar la transición hacia formas de transporte más sostenibles en Bogotá, una ciudad donde cada vez circulan más vehículos eléctricos e híbridos".Habrá mantenimiento y seguimiento a los equiposLa empresa de energía también manifestó que hará mantenimientos preventivos y correctivos para garantizar que las estaciones funcionen correctamente y puedan prestar el servicio de manera continua.Además, hizo un llamado a los conductores para que hagan un uso responsable de la infraestructura, con el fin de mantener los equipos en buen estado y garantizar que estén disponibles para todos los usuarios que necesiten cargar sus vehículos.
El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron un plan de choque para enfrentar la crisis por acumulación de contenedores vacíos y mejorar el proceso logístico en el puerto de Buenaventura, uno de los puntos estratégicos para el comercio exterior del país.Tras una visita en territorio liderada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, las autoridades expidieron una resolución con órdenes administrativas y una circular conjunta con reglas obligatorias para los actores de la cadena logística portuaria.Entre las principales medidas se destaca la operación continua 24 horas al día, los siete días de la semana, en los patios de contenedores vacíos, con el fin de garantizar la recepción, entrega, carga, descarga e inspección permanente. También se ordenó la evacuación inmediata de contenedores almacenados en depósitos externos para reducir la congestión y recuperar la capacidad operativa del puerto.Además, los operadores deberán presentar un plan de acción verificable con metas de reducción del represamiento, entregar informes periódicos de cumplimiento y registrar diariamente el movimiento de contenedores en una plataforma de la Supertransporte, para fortalecer la trazabilidad y el control institucional.“Uno de los efectos que va a traer esta par de resoluciones es que en los patios de contenedores la ocupación debe ser máximo del 70 %, pero en general tomamos medidas para que haya una descongestión inmediata de estas zonas, no se cobren recargos indebidos a los transportadores y se mejore la logística. Vienen otras medidas que también buscan mejorar todos estos procesos en el puerto de Buenaventura”, aseguró la ministra de transporte, María Fernanda Rojas.Las autoridades advirtieron que habrá sanciones para quienes incumplan las instrucciones, y reiteraron que mantendrán seguimiento permanente a la implementación de las medidas para garantizar la competitividad del puerto, proteger a los transportadores y asegurar el flujo normal de carga en Colombia.
Un delicado accidente de tránsito se registró en una carretera nacional cuando un carro familiar, que se desplazaba rumbo a un destino turístico, terminó involucrado en un fuerte choque con una tractomula. El hecho generó momentos de tensión entre los ocupantes, afectó la movilidad en la vía y dejó varias personas lesionadas que requirieron atención médica inmediata.Según el testimonio entregado a La Kalle por Víctor Ortiz, uno de los ocupantes del vehículo particular, la familia avanzaba por la carretera cuando el conductor de la tractomula intentó adelantarlos. De acuerdo al relato de Ortiz, el accidente ocurrió cuando una tractomula, que circulaba por la misma vía, sufrió el estallido de una de sus llantas y esto ocasionó que el vehículo de carga se desviara hacia un costado de la carretera; al intentar reincorporarse al carril, el conductor perdió el control, volcándose y chocando contra el carro familiar que quedó en pérdida total.Fuerte accidente vial involucra tractomula y familia que viajaba por vacaciones“Fue un impacto muy fuerte, pero gracias a Dios estamos vivos”, relató Víctor en diálogo con La Kalle. Actualmente, él y sus familiares avanzan en su proceso de recuperación y permanecen bajo observación médica, sin que se reporten complicaciones de gravedad.Según relató el ocupante del carro particular, viajaba acompañado de su madre, su hermano, quien estaba al volante, y dos perritos que afortunadamente salieron ilesos. Su destino era Cali donde residen su esposa e hija y con quienes se reunirían para pasar las fiestas de fin de año. Aunque los lesionados fueron atendidos y trasladados a un hospital aún no se define quién responderá por los daños materiales.En contraste con la versión del ocupante del carro, según Víctor, un empleado de una estación de gasolina cercana que aseguró haber presenciado el accidente, la tractomula sufrió la explosión de una llanta, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. Este relato proviene de lo que Víctor compartió y forma parte de los testimonios que pueden ser evaluados dentro del proceso de investigación.Sin embargo, Víctor menciona que el conductor de la tractomula al parecer tendría otra versión sobre cómo ocurrieron los hechos, aunque hasta el momento no se conocen detalles específicos de su relato.Las autoridades de tránsito serán las encargadas de adelantar las investigaciones para establecer cómo se presentó el accidente, lo que podría incluir análisis técnicos, revisión del estado mecánico de ambos vehículos, evaluación de las condiciones de la vía y recopilación de testimonios de las personas involucradas y de posibles testigos. Se espera que sean las autoridades quienes determinen de manera oficial, las causas del accidente y la responsabilidad de cada una de las partes involucradas.
La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) emitió un comunicado en el que rechaza la escalada de violencia y amenazas que comprometen la movilidad y el abastecimiento nacional. Estos actos se desprenden de la declaración de un paro armado por parte del grupo guerrillero ELN, medida ilícita que comenzó a las 6:00 de la mañana del 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre.El propósito fundamental de esta acción es suspender la actividad de transporte y la movilidad en el territorio, lo cual impacta directamente la cadena logística, considerada crucial para la estabilidad económica y para garantizar el abastecimiento de los hogares colombianos, particularmente durante esta época de alta demanda comercial. Adicionalmente, el anuncio formal del grupo armado de considerar instalaciones y vehículos de las Fuerzas Armadas como objetivos militares incrementa significativamente el riesgo en los corredores viales, poniendo en peligro la vida de los transportadores.Trece afectaciones y atentados terroristas confirmadosDesde la entrada en vigor de la medida, se han reportado al menos trece (13) afectaciones y atentados terroristas a nivel nacional. Los incidentes reportados incluyen:Bloqueos que obstaculizan la movilidad en el municipio de Pelaya, Cesar.Actos delictivos confirmados en el departamento del Cesar, especialmente en el municipio de Curumaní.La voladura de la infraestructura del peaje La Lizama mediante el uso de una motobomba, un suceso que dejó dos (2) personas heridas.El asesinato de un conductor de ambulancia en el departamento de Santander.El cierre total en el sector de San Roque (Curumaní, Cesár), generado por la verificación de presencia de dos (2) contenedores con artefactos explosivos improvisados.Llamado al Gobierno nacionalDada la crítica coyuntura de orden público y la necesidad perentoria de garantizar la continuidad del servicio público de transporte de carga, Fedetranscarga ha realizado un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Militares y de Policía. La Federación exige que se tomen de inmediato los correctivos y acciones necesarias para asegurar el control efectivo de las carreteras colombianas.Se ha solicitado incrementar la presencia permanente y efectiva del Ejército Nacional y la Policía Nacional en los corredores viales del país. El objetivo primordial es garantizar la seguridad requerida para la población civil y para los transportadores de carga, permitiéndoles ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad personal y su vida, así como la seguridad de los equipos de transporte y las mercancías movilizadasFedetranscarga reitera que el transporte de carga es un eslabón indispensable para el bienestar nacional, y cualquier interrupción de esta actividad representa un grave perjuicio para la sociedad. Por lo tanto, la seguridad en las vías debe ser asumida como una prioridad de Estado innegociable
Entre el 18 de enero y el 24 de octubre, nueve personas resultaron lesionadas por pólvora en Medellín. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, dos de las víctimas son menores de edad y siete adultos. Además, ocho de los afectados eran manipuladores de estos elementos y uno se encontraba como observador.Los casos se registraron en las comunas Popular, con dos; Belén, con dos; Manrique, Buenos Aires y Laureles, con uno cada una. También se reportaron lesiones en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado.Ante las estadísticas incluso antes del periodo de vigilancia intensificada, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, reiteró las recomendaciones para evitar que aumenten las emergencias durante las celebraciones de fin de año."Queremos que las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026 sean espacios de encuentro familiar, alegría y tranquilidad, sin poner en riesgo la vida ni la salud de las personas. El uso de pólvora puede ocasionar daños graves e irreversibles. Entre las consecuencias más graves se encuentran amputaciones de dedos, pérdida de la audición por lesiones en el tímpano y quemaduras en la piel que implican procesos de recuperación largos y dolorosos, además de posibles secuelas permanentes. Por eso, el llamado es a celebrar sin pólvora y proteger la vida y la salud de todos", señaló López Delgado.La Secretaría de Salud Distrital recordó que durante la temporada de vigilancia intensificada anterior se reportaron 82 personas quemadas en la ciudad, de las cuales 29 eran menores de edad. Una de las cifras que más preocupa a las autoridades es que el 43,9 % de los lesionados no estaba manipulando pólvora, sino que resultó afectado mientras observaba su uso.Como parte de las medidas de prevención, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dispondrá de más de 270 gestores para adelantar controles operativos y jornadas pedagógicas en eventos navideños de alta afluencia.Finalmente, la Administración Distrital señaló que, según sondeos digitales, nueve de cada diez ciudadanos prefieren celebrar sin pólvora e invitó a participar en las actividades del Festival de Navidad sin poner en riesgo la vida.
Una persecución policial terminó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas de los últimos días en Estados Unidos. Dos cerditos que se habían escapado de sus dueños pusieron a correr a varios uniformados por las calles de Beaufort, en Carolina del Sur, mientras una ciudadana grababa los intentos de los agentes por atraparlos.El curioso episodio ocurrió a comienzos de noviembre y fue compartido en las redes sociales del Departamento de Policía de Beaufort, que decidió tomarse la situación con humor y presentar a los animales como dos pequeños fugitivos.En las imágenes se observa cómo los cerditos corren por las calles y cambian de dirección constantemente, mientras los policías intentan cerrarles el paso y evitar que continúen escapando.Así fue la persecución policial de los dos cerdosSegún informarn los medios estadounidenses, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de los animales sueltos y acudieron al lugar para intentar recuperarlos.Sin embargo, la tarea resultó más complicada de lo esperado, pues los cerditos demostraron ser bastante rápidos y consiguieron esquivar a los agentes en repetidas ocasiones, provocando una persecución que se extendió durante varios minutos.En uno de los momentos más llamativos del video, un policía intenta interceptar a uno de los animales, pero este cambia repentinamente de dirección y obliga al uniformado a reaccionar para continuar siguiéndolo.La Policía bromeó con los supuestos delitos de los cerdosDespués de recuperar a los animales, el Departamento de Policía publicó un mensaje en tono humorístico en el que identificó a los pequeños fugitivos como 'Bacon Bits', expresión en inglés que hace referencia a pequeños trozos de tocineta.La institución incluso elaboró una descripción ficticia de los hechos, señalando que los cerditos eran sospechosos de huir y chillar, en referencia a los sonidos que emitían mientras escapaban de los policías.En su publicación, las autoridades también agradecieron a los agentes Poulin y Barbery por participar en la particular persecución, así como a la ciudadana que consiguió grabar el momento.Finalmente, los dos cerditos fueron capturados sin sufrir lesiones y entregados nuevamente a su propietario. Tampoco se reportaron personas heridas durante el procedimiento.La Policía aprovechó el desenlace para hacer otro juego de palabras en inglés, asegurando "no ham (jamón) was done", una expresión que imita la frase 'no harm was done', utilizada para indicar que nadie había resultado lastimado.Así terminó una de las intervenciones policiales más particulares de la semana, que dejó a los dos animales de regreso en casa y a los uniformados como protagonistas de un inesperado video.
Un nuevo hecho de inseguridad causa conmoción en el departamento de Bolívar. El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos, adscrito a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía en el municipio de El Carmen de Bolívar, fue asesinado cuando sujetos armados intentaban despojarlo de sus pertenencias.De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado, que se encontraba en su día de descanso, viajaba a la altura del puente de Gambote, en jurisdicción del municipio de Arjona, cuando tuvo que descender de su vehículo por una falla mecánica. Fue allí cuando los sujetos se le acercaron para ofrecerle ayuda; sin embargo, minutos después habrían mostrado sus verdaderas intenciones: robarle.En el lugar se habría presentado un intercambio de disparos entre el subintendente y los delincuentes, que lamentablemente terminó con la vida del uniformado."Gracias a la reacción de las unidades policiales, varias personas fueron interceptadas cuando presuntamente intentaban huir del lugar. Entre ellas se encontrarían dos presuntos delincuentes señalados de participar directamente en estos hechos, cuya presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes", detalló la Policía de Bolívar en un comunicado.El subintendente Castillo, de 37 años y con 18 años de servicio en la Policía, deja cuatro hijos menores de edad."La Policía Nacional expresa su solidaridad y sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, a quienes acompaña en este momento de profundo dolor. Ningún acto de violencia puede arrebatar el valor de una vida ni borrar la memoria de quienes han dedicado parte de su existencia al servicio de los colombianos", señaló la institución policial.
La Fiscalía General de la Nación continuará con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares, durante y después de su paso por la Gobernación de Antioquia.Esto, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional se declarara inhibida para resolver el conflicto de competencias entre el ente acusador y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La decisión quedó consignada en el Auto 1539 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. La Corte determinó que no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para pronunciarse de fondo sobre este conflicto de jurisdicciones.Es importante precisar que esta determinación se produjo después de que la ponencia inicial del magistrado Jorge Enrique Ibáñez no obtuviera las mayorías necesarias en la Sala Plena. Por esa razón, se sometió a consideración la propuesta de inhibición presentada por la presidenta Meneses, que finalmente fue aprobada con una votación de siete contra dos.Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González lo aclaró.Con esta determinación, la Corte no resolvió de fondo cuál de las dos autoridades debía asumir el expediente, sino que se declaró inhibida para estudiar el conflicto. Por ahora, la Fiscalía continuará adelantando las actuaciones dentro de la investigación.Pero esto no significa que la Corte Constitucional no se pueda enfrentar de nuevo a un escenario para debatir otro conflicto de competencias.La controversia comenzó el pasado 19 de agosto, cuando la Comisión de Investigación y Acusación reclamó formalmente el expediente. Su argumento es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente de la República y estaría cobijado por el fuero presidencial.Por su parte, la Fiscalía sostiene que debe conservar la competencia porque los hechos centrales de la investigación se remontan a 1995 y 1997, cuando el expresidente se desempeñaba como gobernador de Antioquia. El expediente está relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinadas cuatro y 15 personas, respectivamente. También incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998.Cabe recordar que Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía el pasado 4 de septiembre, diligencia en la que rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con estructuras paramilitares.Así las cosas, la investigación seguirá en manos de la Fiscalía, mientras la decisión de la Corte se limitó a declararse inhibida para resolver el conflicto de competencias, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal del expresidente.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 9 de noviembre de 2026:Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, aseguró que su partido coincide con el Gobierno en la necesidad de realizar un ajuste fiscal, aunque mantiene diferencias sobre la forma de conseguir los recursos. Señaló que respaldan discutir el IVA para compras realizadas en plataformas internacionales y para vehículos híbridos y eléctricos, mientras proponen profundizar los recortes del Estado, reducir cerca de 130 entidades y estudiar una reorganización que deje alrededor de siete ministerios.Milton Olaya, alcalde de Santa Rosa del Sur, Bolívar, informó que el ataque contra el cantón militar dejó tres muertos y alrededor de 50 personas atendidas, de las cuales 17 presentaban heridas de mayor gravedad. Expresó preocupación porque, según las explicaciones que había recibido previamente de las autoridades, la instalación contaba con sistemas antidrones, por lo que pidió establecer mediante la investigación qué ocurrió y por qué fallaron las medidas de protección.Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, negó haber participado en el saqueo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o en una supuesta compra de congresistas durante el Gobierno Petro. Tras recuperar su libertad, aseguró que demostrará durante el juicio que tenía una relación distante con Olmedo López y sostuvo que, aunque en esa administración encontró funcionarios que considera responsables de graves actuaciones, también trabajó con personas que calificó positivamente.Gustavo Leite, senador del Partido Colorado en Paraguay, respaldó la destitución del expresidente Santiago Peña y afirmó que su propia colectividad debe asumir la responsabilidad política por haberlo llevado al poder. Señaló que impulsará una comisión bicameral para investigar quién autorizó el traslado de recursos públicos hacia Ueno Bank y sostuvo que, pese a la gravedad del escándalo, la crisis está concentrada en una entidad que representa cerca del 8 % del sistema financiero paraguayo.Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, aseguró que Colombia necesita mantener abiertas varias alternativas para garantizar el abastecimiento de gas y recuperar su soberanía energética. Señaló que el país ya importa más de 400 millones de pies cúbicos diarios y advirtió que el gas importado puede costar entre tres y cuatro veces más que el nacional; mencionó como opciones el proyecto Sirius, nuevas regasificadoras, el gas proveniente de Venezuela y el desarrollo de recursos no convencionales.Olguín Mayorga, líder social y defensor de derechos humanos, informó que habitantes del Catatumbo confirmaron tres bombardeos contra campamentos de las disidencias, aunque advirtió que todavía no había acceso a las zonas para establecer sus resultados. Aseguró que la confrontación de los últimos 22 meses ha dejado más de 210 civiles muertos y cerca de 140.000 desplazados, y respaldó la continuidad de las operaciones de la fuerza pública como parte de una estrategia para recuperar el control territorial.José Manuel Vidal, periodista y experto vaticanista, destacó el componente social, político y económico de los mensajes del papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Explicó que el pontífice está retomando principios de la doctrina social de la Iglesia como la defensa de la dignidad humana y el servicio de los gobernantes a sus ciudadanos, y señaló que su paso por Perú tendrá una carga especialmente personal por los años que vivió y desarrolló allí su labor pastoral.Héctor Chaparro, representante a la Cámara del Partido Liberal, aseguró que las bancadas que participaron en la reunión con el Gobierno reconocen la necesidad de enfrentar la crisis fiscal, pero mantienen reparos frente al aumento del IVA a productos básicos y del sector agropecuario, los cambios en renta y los parafiscales. Consideró que debe estudiarse la eliminación de la exención de IVA para paquetes importados de menos de 200 dólares, al señalar que actualmente existe una diferencia tributaria frente al comercio físico y la producción nacional.Escuche el programa completo aquí: