El exalcalde es investigado por delitos contra el patrimonio por la construcción de una planta modular para el sistema de acueducto de la ciudad. Agentes del CTI de la Fiscalía también hicieron efectivas otras órdenes expedidas por el juzgado 13 de Bogotá. Fueron detenidos Edwin Miranda, exgerente de la empresa de servicios públicos de la ciudad; y Vladimir Castro, también implicados en los hechos que son materia de investigación.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la remoción de Olga Lucía Vásquez Barrios como interventora de la EPS Capresoca, luego de que la Pontificia Universidad Javeriana certificara que no aparece en sus registros académicos ni obtuvo el título de enfermería que habría presentado para asumir el cargo. En su reemplazo, el organismo de vigilancia designó al médico Giovanni Antonio Guzmán Vargas, quien tendrá la responsabilidad de dirigir la entidad de salud que cuenta con 164.268 afiliados.Vásquez Barrios había sido designada como interventora el 6 de julio de 2026 por el entonces superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle. La decisión de retirarla se produjo después de que la Supersalud verificara ante la institución de educación superior la documentación académica aportada durante el proceso de posesión. Según la certificación expedida por la universidad el 7 de octubre, la exfuncionaria no estuvo inscrita como estudiante en esa institución y tampoco obtuvo el título profesional de enfermera que se le atribuía.La situación también motivó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, presentada por María Claudia Orozco Zuluaga, subdirectora técnica de Defensa Jurídica. En el documento se advierte sobre posibles irregularidades en los diplomas y demás soportes académicos atribuidos a Vásquez Barrios, incluidos documentos que supuestamente la acreditaban como enfermera y especialista en enfermería en cuidado crítico. La denuncia solicita establecer si esos documentos fueron presentados o utilizados para acreditar requisitos profesionales y acceder a cargos, contratos u otros beneficios. Las posibles conductas mencionadas incluyen falsedad documental, uso de documento falso y fraude procesal, entre otras que puedan determinarse durante la investigación.Además de las dudas sobre la formación académica de la exinterventora, la Superintendencia identificó incumplimientos en el desarrollo del proceso de intervención de Capresoca, los cuales también sirvieron de fundamento para el cambio de dirección. La entidad rechazó las actuaciones que puedan comprometer la transparencia y la confianza pública en los procedimientos de intervención del sistema de salud y trasladó el caso al ente investigador para que determine las responsabilidades correspondientes.Nuevo interventor de EPS CapresocaEl nuevo interventor, Giovanni Antonio Guzmán Vargas, es médico cirujano y cuenta con formación complementaria en desarrollo de habilidades gerenciales. De acuerdo con la información entregada por la Supersalud, acumula más de 30 años de experiencia en el sector salud, con trayectoria en cargos de dirección médica y gerencia de entidades aseguradoras y prestadoras de servicios.Guzmán Vargas deberá implementar medidas para recuperar la estabilidad administrativa, financiera y operativa de Capresoca, fortalecer su funcionamiento y garantizar la continuidad, oportunidad y calidad de la atención para sus afiliados.
Casi dos semanas después de la presunta agresión sexual contra una mujer de aproximadamente 83 años en La Unión, Oriente antioqueño, el señalado responsable continúa sin ser capturado. El caso, ocurrido el 26 de septiembre, ha generado cuestionamientos en redes sociales por los avances de la investigación y el acompañamiento institucional a la víctima y su familia.La denuncia se conoce en medio de la conmoción nacional por la muerte de Blanca Emeria Pardo Rosero, una campesina de 72 años que fue hallada a finales de agosto con múltiples heridas y presuntos signos de abuso sexual en un potrero cerca de su vivienda, en San Bernardo, Nariño.En el caso de La Unión, según el reporte de la Policía, las autoridades conocieron la situación cuando la adulta mayor ingresó al servicio de urgencias del hospital municipal. Se activó el Código Fucsia y se brindó atención médica y psicológica.La víctima habría aportado información sobre el vehículo en el que se movilizaba el presunto agresor. A través de las cámaras de seguridad, las autoridades ubicaron el automotor, que fue encontrado abandonado en el parque Skate del municipio.Horas después, la Policía identificó a un hombre que llegó a recoger el vehículo y estableció que sería hermano del señalado. De acuerdo con el informe oficial, el familiar manifestó que el presunto agresor le había pedido recuperar el carro porque era buscado por las autoridades y aseguró desconocer su paradero.La Policía remitió un informe al fiscal 18 seccional de La Ceja con información recopilada y registros de las cámaras de seguridad. Según el reporte, se adelantan labores para ubicar al sospechoso y completar su identificación con el propósito de materializar una orden de captura.Ante los cuestionamientos, la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, afirmó que la Administración activó las rutas de atención y entregó el material probatorio disponible. También pidió proteger la identidad de la víctima para evitar su revictimización. "Hoy, a través de las redes sociales, me parece que están desinformando, porque quiero contarles que desde el momento cero activamos el Código Fucsia y todas las entidades públicas y de decisiones están trabajando para esclarecer el hecho", precisó.
Hasta este 9 de octubre, más de 40.000 personas podrán aplicar a una amplia oferta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para cursos gratis en programas técnicos y tecnológicos en distintas áreas como negocios, finanzas, logística, agroindustria, servicio al cliente, marketing y más.Esta oferta está dirigida solo para colombianos mayores de 14 años, pero no que necesariamente viva en el país debido a que esta convocatoria es para estudio 100 % online, pensando en que los participantes puedan realizar otro tipo de actividad en el tiempo en que se lleva a cabo este programa.¿Cuáles son los cursos gratis en el Sena en esta convocatoria?Análisis y Desarrollo de SoftwareCoordinación de Procesos LogísticosDesarrollo de Medios Gráficos VisualesDesarrollo Multimedia y WebDesarrollo PublicitarioGestión AgroempresarialGestión Contable y de Información FinancieraGestión de Empresas PecuariasGestión del Desarrollo Administrativo e InnovaciónGestión de Negocios y FinanzasGestión de Redes de DatosGestión Eficiente de la EnergíaGestión Integral del TransporteImplementación y Gestión de Bases de DatosAsí puede aplicar a la convocatoria del SenaPrimero deberá aplicar a la oferta que estará disponible hasta el 9 de octubre, esto a través de la web betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Virtual".Ingresar con el usuario SofiaPlus (registrarse si no lo tiene) y llenar la información para ver el listado de nivel de formación y región para consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.Luego entre el 14 y 19 de octubre cuando esté inscrito, deberá presentar la prueba web y esperar los resultados hasta el 26 para conocer si quedó dentro del programa. La formalización de matricula se llevará a cabo hasta el 9 de diciembre y el 10 se espera que inicien formalmente los cursos.Esto es para los que quieran acceder a formación técnica o tecnológica mediante una modalidad virtual y permite que los aprendices desarrollen sus actividades desde Colombia o desde el exterior.
La nueva acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro señala que el mandatario venezolano habría acordado entregar minas explosivas y otras armas a las FARC para pagar una deuda relacionada con actividades de narcotráfico.Según el documento, el hecho se remonta aproximadamente a 2013, poco después de la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez, cuando Maduro y Cilia Flores habrían participado en una reunión con varios dirigentes de la antigua guerrilla colombiana.Entre los asistentes mencionados por la Fiscalía están Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.El escrito sostiene que durante ese encuentro se trataron asuntos relacionados con una deuda que Maduro tendría con las FARC por su asociación en el narcotráfico. Para pagar al menos una parte de esa obligación, Maduro habría aceptado vender minas explosivas y otras armas a la organización guerrillera.La acusación agrega que Maduro habría reconocido que el suministro de ese armamento aumentaría la capacidad de las FARC para combatir contra Colombia. También afirma que las ventas de minas continuaron aproximadamente hasta 2015 y que entre las operaciones mencionadas figuraba la entrega de minas fabricadas en Cuba.El documento no precisa la cantidad de explosivos que se habrían entregado ni detalla cada una de las transacciones. Sin embargo, vincula el presunto suministro de armamento con la deuda atribuida a Maduro y con las relaciones que, según los fiscales, mantenía con integrantes de la guerrilla colombiana.La acusación también describe otra operación relacionada con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el escrito, alrededor de 2017, un funcionario venezolano identificado como CC-3 habría ordenado a integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transportar armas a miembros de ambas organizaciones a cambio de cargamentos de cocaína.La acusación sitúa estos hechos dentro de una presunta red de narcotráfico que habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el transporte de cocaína y establecer relaciones con organizaciones armadas. También sostiene que esas operaciones habrían generado beneficios económicos para funcionarios y grupos involucrados.Los señalamientos sobre las minas explosivas aparecen en las páginas 7 y 8 del documento, en el contexto de la reunión atribuida a Maduro, Flores y los dirigentes de las FARC. Las referencias al intercambio de armas por cocaína aparecen en la página 8.Las afirmaciones forman parte de la acusación de la Fiscalía estadounidense y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad. El documento tampoco establece en los fragmentos citados la cantidad exacta de explosivos entregados ni ofrece un registro detallado de cada operación mencionada.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este jueves que el público podrá ver la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón integrado por soldados armados con fusiles, según explicó Hegseth, quien aseguró que se garantizará que la población pueda presenciar el procedimiento.El secretario justificó la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen "consecuencias graves", de acuerdo con declaraciones a medios locales.El Pentágono todavía no precisó sobre las implicaciones de una ejecución sea pública, por lo que no está claro si habrá espectadores en la base, una retransmisión o algún otro mecanismo de acceso.Hegseth tampoco detalló cuántos soldados formarán el pelotón ni cómo serán seleccionados.El secretario señaló además que la ejecución se llevará a cabo a la una de la tarde, en Fort Hood, y consideró "obvio" que tenga lugar en esa misma base, donde Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009.Cuando fue preguntado por una eventual última petición del condenado o por un contacto con el presidente estadounidense, Donald Trump, Hegseth respondió: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre".La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación de Hegseth, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.Hasan, psiquiatra del Ejército, fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato por el ataque, por los 32 heridos que dejó.
