“La última alerta epidemiológica donde le recuerdan a los países de Latinoamérica tomar las debidas precauciones para implementar las debidas estrategias para mejorar el pronóstico y preparar a los organismos de salud frente al eventual aumento de casos”, explicó Marquiño, delegado de PAHO, entidad encargada de la salud y que hace parte de Naciones Unidas. Incluso, aceptó que han evidenciado que hay un incremento de los síndromes neurológicos en los infectados con Zika, dentro de ellos el síndrome de Guillain-Barré. (Lea además: MinSalud recomienda a las colombianas no embarazarse antes de julio de 2016). “Hay una relación espacial, más no una relación causa-efecto, no una relación difecta. Es importante aclarar que no necesariamente el Zika evoluciona a un síndrome de Guillain-Barré”, aclaró. En diálogo con Mañanas BLU, el experto los riesgos para cada ser humano. “El riesgo del Zika es igual para toda la población, quizás toda la población de América está expuesta a este virus, pues el vector está presente en varios países”, manifestó. Sin embargo, dijo que los niños menores de 5 años y adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir afectaciones.
Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, cuestionó que las operaciones militares conjuntas entre ambos países puedan ser consideradas como la respuesta principal al narcotráfico y al crimen transnacional. Sus declaraciones se conocen después de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, asegurara que el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó colaboración de Washington para operaciones contra el narcoterrorismo.En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, de Blu Radio, Whitaker sostuvo que las acciones militares pueden ser necesarias en determinados escenarios, pero advirtió que deben evaluarse de acuerdo con las características de cada amenaza y las capacidades de los países involucrados.“A veces es importante esas medidas con operativos, pero hay que cuadrar eso dentro de la naturaleza de la amenaza y las capacidades de los países”, explicó el exembajador, quien destacó que Colombia cuenta con capacidades militares importantes para enfrentar este tipo de amenazas.Whitaker consideró que esas capacidades podrían reducir la necesidad de una intervención directa de tropas estadounidenses. “Colombia tiene capacidades mayores que, posiblemente, no va a necesitar ese tipo de intervenciones que se han contemplado”, afirmó.El exembajador también insistió en que una estrategia basada únicamente en el uso de la fuerza no permitiría resolver de fondo el problema del narcotráfico. “A veces se necesita sangre y fuego, pero no es la totalidad de la solución”, manifestó durante la entrevista.En su concepto, las autoridades deben acompañar las acciones contra las estructuras criminales con alternativas para las comunidades que dependen de las economías ilegales. “Hay que darle a la gente afectada por cocaína y crimen trasnacional otras opciones: posibilidad de vida digna y lícita”, señaló.Whitaker cuestionó además los discursos que presentan las operaciones militares como una solución definitiva y consideró que algunas de esas posturas pueden tener un componente político. “Me parece su declaración muy política y retórica, se van a necesitar más soluciones duraderas”, sostuvo.Frente a una eventual operación conjunta entre Colombia y Estados Unidos, el exembajador explicó que no sería necesario establecer nuevas bases militares. Según dijo, las acciones podrían desarrollarse desde instalaciones que ya existen en ambos países.“Se pueden hacer de bases militares y colombianas ya existentes, no se necesitarían nuevos tipos de base ni nada de eso”, aseguró Whitaker, quien planteó que el principal interrogante sería determinar si realmente se requiere la presencia de fuerzas estadounidenses.El exembajador destacó que Colombia tiene experiencia trabajando con Estados Unidos en operaciones de seguridad y defensa. “Colombia tiene capacidad, entrenamiento y mucha más experiencia en trabajar conjuntamente con nosotros”, afirmó.Whitaker también explicó que, si Washington decide desplegar militares en territorio colombiano, existen mecanismos para establecer las condiciones de su presencia. “Lo que implementamos es lo que llamamos un estatus de acuerdo de las fuerzas”, indicó.Ese mecanismo, explicó, permite definir las condiciones bajo las cuales ingresaría personal estadounidense al país. “Eso gobierna las condiciones de cuándo entra la gente y bajo cuáles condiciones”, agregó el exembajador.Finalmente, Whitaker reiteró que el componente militar puede hacer parte de la respuesta, pero no puede ser la única estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico. “La violencia es necesaria a veces, pero eso no soluciona los problemas”, concluyó.
El más reciente balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la UNGRD elevó a 273 el número de personas fallecidas en todo el país, de las cuales 204 corresponden a ciudades capitales, tras el terremoto que golpeó a Colombia.El informe No. 22, con corte a las 10:00 de la mañana de este jueves, 13 de agosto, mantiene en alerta roja a Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia. Entre las cinco ciudades suman además 1.958 personas heridas, 371 desaparecidas o no localizadas y 325 estructuras colapsadas.Las cifras permanecen sujetas a actualización mientras las autoridades territoriales continúan con la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) y avanzan las operaciones para localizar a personas cuyo paradero todavía se desconoce.Cali es la ciudad capital con más víctimas mortales, con 96 fallecidos registrados por Asocapitales. La ciudad también reporta 1.224 personas heridas y 111 desaparecidas.La infraestructura de la capital del Valle del Cauca también presenta daños importantes: hay 107 viviendas y 45 estructuras colapsadas, además de 832 estructuras averiadas.Las operaciones de búsqueda continúan con 750 rescatistas y 14 caninos especializados desplegados en diferentes puntos de la ciudad.Pereira, por su parte, registra 93 personas fallecidas, 260 desaparecidas y 259 heridas. La emergencia también dejó daños en siete centros de salud, 66 estructuras y cerca de 14 vías y puentes.El Aeropuerto Internacional Matecaña mantiene restricciones en su operación mientras se evalúan los daños ocasionados por el movimiento sísmico. La terminal de transporte de la ciudad también permanece cerrada.Las otras tres capitales que permanecen en alerta roja también presentan diferentes niveles de afectación.En Quibdó, el consolidado registra nueve fallecidos y 119 heridos. Allí se contabilizan 100 viviendas colapsadas, 2.125 averiadas y 125 estructuras afectadas.Manizales suma seis personas fallecidas y 182 heridas. La ciudad también reporta alrededor de 4.000 damnificados y 1.449 viviendas colapsadas.Los daños alcanzaron además al sector educativo: 24 colegios públicos y 16 privados presentan afectaciones que están siendo evaluadas.En Armenia no se registran fallecidos dentro de este consolidado, pero hay 174 personas heridas, 54 viviendas averiadas y 69 estructuras afectadas.¿Cuántas viviendas y estructuras resultaron afectadas?El impacto de la emergencia va más allá del número de víctimas. De acuerdo con Asocapitales, las cinco ciudades en alerta roja acumulan:1.656 viviendas colapsadas.4.975 viviendas averiadas.975 estructuras averiadas.100 instituciones educativas afectadas.7 centros de salud con daños.Afectaciones en vías, puentes, servicios públicos e infraestructura crítica.352 personas rescatadas durante las operaciones de emergencia.La magnitud de los daños ha obligado a mantener equipos de búsqueda y rescate en las zonas donde todavía existe posibilidad de encontrar sobrevivientes.¿Qué necesitan las ciudades afectadas?Las autoridades locales han identificado diferentes necesidades para mantener las operaciones y atender a las familias damnificadas. Entre ellas están equipos especializados de búsqueda y rescate, personal para evaluar estructuras, plantas eléctricas para hospitales, agua potable, alimentos, elementos para albergues temporales, insumos médicos y maquinaria para remover escombros.Asocapitales informó que continuará coordinando información con las alcaldías, los organismos de gestión del riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Gobierno Nacional.
Después de que el Gobierno nacional anunciara que se reactivan las órdenes de captura contra los principales cabecillas de las disidencias y el ELN como parte del giro en la política de seguridad de Colombia, la Gobernación de Antioquia celebró la decisión.Entre los nombres que vuelven a estar en la mira de las autoridades se encuentra Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', por quien el gobernador Andrés Julián Rendón indicó, “mientras el gobierno anterior le suspendía las órdenes de captura y le otorgaba beneficios, él y sus hombres fortalecieron sus estructuras, sembraron terror y atacaron a los colombianos”.El mandatario señaló a través de su cuenta de X que, “ahora hay que ir por él. Que nuestros soldados y policías lo cacen, lo capturen y lo entreguen a la justicia”. Este mensaje va en la misma dirección de uno de los pedidos del gobernador al presidente Abelardo de la Espriella.Rendón había hablado de la Operación Cazador Antioquia, una estrategia que busca articular al Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para ubicar, capturar y judicializar objetivos de alto valor."Una operación cazador para Antioquia. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo élite interinstitucional que recoja lo mejor de instituciones para combatir el crimen, como han sido los gaulas, para ir tras los objetivos de alto valor", indicó.A la espera de que regresen las operaciones militares contra objetos de alto valor y que han causado diversos daños entre los paisas, el mandatario regional cerró su mensaje indicando que, “sin estatus político. Sin privilegios. Sin excepciones. ¡Que comience la Operación Cazador Antioquia!”.
En entrevista con el programa Mañanas Blu 10:30, con Camila Zuluaga, el exministro y exgerente del Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo del Eje Cafetero (Forec), Luis Carlos Villegas, analizó la respuesta estatal frente al reciente terremoto de 7.4 de magnitud.El exgerente sostuvo que la principal equivocación de las administraciones ante estos desastres es dimensionar la magnitud de los daños por debajo de la realidad."Los gobiernos tienden a pensar que la tragedia es menor de lo que le están diciendo, cuando siempre es superior a lo que le están diciendo", indicó Villegas.Lecciones del Forec: transparencia y manejo de recursosA partir de su experiencia al frente de la reconstrucción de Armenia tras el sismo de 1999, el exministro sugirió mecanismos estrictos para proteger la destinación de las donaciones e inversiones públicas. Explicó que la participación ciudadana y la divulgación constante son herramientas esenciales de control.Villegas aclaró que la clase política puede ser útil en funciones de planeación y auditoría, pero remarcó que bajo ninguna circunstancia debe asumir la ejecución de los fondos.El exministro recordó que en 1999 los daños representaron un 2.5 % del PIB y el costo de reconstrucción fue del 1.5 % en un período de cuatro años. Estimó que, tras 27 años, la inversión requerida no bajará de 7.000 dólares por afectado, un monto significativo pese al crecimiento de la economía nacional.Frente a la dispersión de los impactos actuales, aconsejó estructurar pequeñas gerencias zonales e implementar un modelo con un único líder institucional al frente de la estrategia."Hay que ponerle una cara al proceso. Es una cara que tiene que ser responsable porque va a tener todas las dificultades y retos que uno se puede imaginar", manifestó.Para el exgerente, esa figura debe mantener comunicación directa y permanente con la Presidencia de la República para asegurar la agilidad en la transferencia de capitales hacia los territorios damnificados.Villegas, quien sufrió el derrumbe parcial de su propia vivienda en Pereira durante el sismo, concluyó que la infraestructura actual ha mostrado una mejor respuesta sismorresistente que en el pasado. No obstante, instó a mantener la unidad del país y actualizar de forma continua la capacitación técnica y comunitaria frente a futuras emergencias sísmicas.
La administración de Abelardo De La Espriella está lista para retomar de lleno la relación comercial con Israel y reintroducir la venta de carbón a ese país, que llevaba meses congelada en medio de una iniciativa del expresidente Gustavo Petro para presionar económicamente a ese país en protesta por la guerra en la Franja de Gaza."Esperamos que el gobierno quite la limitación de exportaciones a Israel. Vemos muy contentos que ya se publicó el decreto en ese sentido para comentarios, y espero que, una vez vencido ese término, se expira el decreto que quite esa limitación. Eso nos va a poner en el trabajo de buscar recuperar ese mercado, y eso no es fácil, porque, obviamente, después de dejarle vender a Israel, pues, ellos buscaron otro proveedor. Entonces, no logramos nada, lo único que logramos fue entregar parte del mercado que era importante para Colombia a otro país", dijo el presidente de Drummond, José Miguel Linares.La limitación de venta de carbón a Israel no fue la única preocupación para el sector del carbón en la era Petro. Las compañías de minería fueron blanco de un incremento de impuestos y hoy el gobierno recibe un 80% de las ganancias brutas del sector, según los cálculos de la industria.Hoy no está claro si el gobierno va a revisar o no los impuestos para el sector de la minería en la reforma tributaria que tiene previsto presentar en septiembre.En sus cuatro años de administración, Petro acusó al carbón de ser un 'veneno' para la humanidad y de alimentar la crisis climática. Sin embargo, el mundo sigue demandando mayores cantidades de carbón y el discurso de la transición energética ha venido cediendo espacio al de la 'adición energética', en la que energías no convencionales se suman a los fósiles.Drummond espera aumentar de nuevo la producción y las exportaciones de carbón hasta las 30 millones de toneladas, y cree que el país debería seguir fortaleciendo mercados como el asiático, que hoy por hoy compra una quinta parte del carbón colombiano.
