En dos semanas se conmemorarán 20 años del asesinato de Jaime Garzón, genial humorista y comunicador, cuyo crimen fue cometido por una macabra alianza entre militares, agentes del DAS y paramilitares, el viernes 13 de agosto de 1999.
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Dos décadas después, existe un riesgo bastante alto de que el país se quede sin conocer toda la verdad sobre ese magnicidio, sobre todo en relación con altos mandos militares y otros agentes del Estado vinculados al hecho.
Ese riesgo está sustentado en un fallo reciente del Tribunal Superior de Bogotá que rebajó de 30 a 26 años de cárcel la pena contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien según la justicia, instigó al fallecido exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil para que ordenara el asesinato de Garzón.
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Según la sentencia, para la fecha del crimen de Garzón no estaban tipificados los crímenes de lesa humanidad en las normas colombianas; además señala que si se aceptara esa petición de la familia del humorista, se violaría el principio de congruencia entre acusación y sentencia, porque la Fiscalía acusó a Narváez únicamente como determinador de homicidio agravado.
El fallo va más allá y pide que a futuro se promulgue en Colombia un Código de Derecho Penal Internacional, que no necesariamente bloquearía eventuales intervenciones de la CPI en caso de impunidad en la justicia colombiana.
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No tiene mucho sentido que hoy la justicia considere que el crimen de Jaime Garzón no es de lesa humanidad, sobre todo porque para connotados juristas se cumplen los requisitos para considerarlo de esa forma: formó parte de un ataque sistemático de los paramilitares contra quienes según ellos fueran simpatizantes de movimientos de izquierda, a quienes de una forma absurda catalogaban como guerrilleros.
Además, fue un ataque que fue dirigido contra Jaime Garzón, un civil y para concluir, Carlos Castaño, máximo jefe de las AUC tenía pleno conocimiento de las consecuencias de ordenar dicho crimen, también evidentemente considerado un acto inhumano.
Los paramilitares cometieron decenas de masacres contra la población civil, mataron a pensadores como el sociólogo Alfredo Correa de Andreis simplemente por su forma de pensar y lo metieron en el mismo grupo de supuestos “guerrilleros”, por eso no resulta comprensible que hoy la justicia considere que no hay elementos para considerar que el crimen de Jaime Garzón es de lesa humanidad.
El tiempo corre y el gran riesgo es que el 13 de agosto, cuando se cumplen 20 años del magnicidio de Garzón, puedan prescribir las investigaciones por su asesinato, y el país se quedará sin saber si el general Rito Alejo Del Río tuvo o no que ver con el macabro plan, no sabremos si otros generales del Ejército o de la Policía participaron y quizás ni siquiera conozcamos si exdirectivos del DAS o el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo participaron del asesinato.
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¿A quién le conviene que no se sepa quiénes, desde el ‘establecimiento’ participaron en el crimen de Jaime Garzón?
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