Luego de la "bomba" que ha significado el fallo de la Corte Suprema que decidió iniciar una investigación al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda, el país reclama toda la claridad y celeridad por parte de los magistrados.
Hay dos componentes de este nuevo escándalo, uno jurídico y otro político: en el tema jurídico:
- El expresidente Álvaro Uribe debe explicar ante la justicia sus conversaciones con personajes cuestionados y que habrían promovido la búsqueda de falsos testigos contra Cepeda, como el ganadero Juan Guillermo Villegas y el actual alcalde de Amagá.
- La Corte Suprema debe definir con mucha rapidez el recurso de reposición que presentó la defensa del expresidente Álvaro Uribe pidiendo que no se le compulsen copias en su contra y pidiendo que se procese a Iván Cepeda por los "falsos testigos".
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La misma Corte debería citar a declarar a todos los protagonistas de esta historia: el expresidente Álvaro Uribe, el ganadero Santiago Uribe, Santiago Gallón, Juan Guillermo Villegas, el mayordomo de Guacharacas, Oscar Monsalve, el exalcalde de Medellín Juan Gómez Martínez, el exsenador Luis Alfredo Ramos y todos los demás mencionados en este escándalo.
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De igual manera, la Corte Suprema tiene en sus manos una oportunidad de oro para tomar una decisión juiciosa en el caso engavetado durante varios años, sobre las denuncias por los presuntos nexos del expresidente Álvaro Uribe con la masacre de El Aro y La Granja y con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Los magistrados deben evaluar todos los elementos de prueba y decidir de fondo si hay o no motivos para abrir una investigación formal contra Uribe Vélez por paramilitarismo o si, por el contrario, no hay ninguna evidencia de este comportamiento, se archiva el caso y termina con eso que se ha convertido en una historia sin fin.
En el terreno político, no se le puede pedir a los jueces, en particular a la Corte Suprema, que espere a que pasen las elecciones para tomar decisiones como esta, tan polémicas y delicadas.
Adicionalmente, uno de los elementos de fondo de este caso es que se debe cerrar la puerta a la utilización con fines políticos, para debilitar o destruir adversarios, de testigos detenidos.
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Hoy la Corte Suprema tiene la palabra. Colombia merece una respuesta. Y merece conocer la verdad.
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