Uno de los temas difíciles en la relación entre Colombia y Estados Unidos en el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que ver con la extradición, teniendo en cuenta el nuevo enfoque de ese instrumento de cooperación judicial.
Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken dijo en Bogotá que considera que sigue siendo un instrumento efectivo para luchar contra el crimen, el presidente Petro dijo que la extradición estará condicionada a varios elementos de la llamada “paz total”.
Petro advirtió que habrá dos categorías frente a la extradición: una, la de quienes no se acojan a la justicia colombiana, a quienes les advirtió que las cosas seguirán como vienen, es decir, serán enviados a Estados Unidos.
La controversia se genera en torno a los narcos que decidan someterse a la justicia, quienes, en virtud de la posibilidad de apoyar a las autoridades colombianas, no serían extraditados.
En ese contexto, resulta llamativa la advertencia que hizo en las últimas horas un juez federal de Nueva York, quien les da un ultimátum de 4 días a los fiscales para que confirmen o desmientan los informes según los cuales, el exjefe de las Farc alias “Jesús Santrich” fue asesinado”.
Actualmente el proceso por narcotráfico contra Santrich en Estados Unidos sigue vigente y por eso, la justicia norteamericana debe definir si avanza en el proceso en su contra o si prescribe el caso, en caso de que se llegara a confirmar que el exjefe de las Farc sí fue abatido, como se dijo, en mayo de 2021.
El caso Santrich retrata de una manera muy clara todo lo que gira hoy en torno a la geopolítica que rodea a Colombia: Venezuela como país refugio de narcos y guerrilleros, su papel en procesos de paz y la complejidad de lo que significan dos asuntos que seguirán marcando el norte de la relación de nuestro país con Estados Unidos: el narcotráfico y la extradición.
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