Ha pasado casi una década desde la firma del acuerdo del Teatro Colón, que produjo la desmovilización de más de nueve mil guerrilleros de las Farc en medio de una controversia de tal magnitud, que diez años después, el gobierno electo de Abelardo De La Espriella ha revivido viejas heridas relacionadas con las penas alternativas para los máximos cabecillas de ese grupo criminal, consideradas como muestra de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, sumado a las duras críticas a la Jurisdicción Especial de Paz.
La situación ha llegado a tal punto, que el presidente electo publicó un mensaje en sus redes sociales en la tarde de este martes, con un afiche con los rostros de los excabecillas de las Farc, Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino entre otros, con un mensaje que dice “sus víctimas siguen impunes” y con un nuevo mensaje en tono de advertencia: “no hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación. No habrá perdón ni olvido”.
Ese mensaje estuvo antecedido por una gran controversia en torno a la situación del presidente del partido Comunes y exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño Timochenko, quien regresó al país el sábado pasado tras haber permanecido durante varios días en España, participando de un encuentro político, con permiso de la JEP, a pesar de que ya pesa en su contra una sanción propia por los miles de secuestros cometidos por las extintas Farc.
El tema de fondo, más allá del contenido político de las declaraciones del presidente electo sobre las Farc y la JEP, que están cumpliendo con lo que prometió en campaña, está la pregunta de hasta dónde y cómo podría eventualmente el gobierno de Abelardo De La Espriella, derogar el acuerdo de paz con las Farc, que tiene rango constitucional y fue en su momento avalado por la Comunidad Internacional.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, propuso un diálogo con el gobierno entrante para buscar la mejor manera de coordinar acciones y buscar solucionar los problemas que han identificado quienes conforman el nuevo ejecutivo a partir del próximo 7 de agosto, además recordó el blindaje constitucional y por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional y el sistema interamericano de Derechos Humanos al acuerdo del Teatro Colón.
Hay un asunto que por cuenta de la atención que se le ha dado al tema Timochenko, ha pasado a un segundo plano pero que también es serio: el cierre de la consejería presidencial para los Derechos Humanos por parte del gobierno entrante implica el fin de una tradición que incluso ha estado presente durante los 8 años de mandato de Álvaro Uribe, sumado al final de la figura del Comisionado de Paz, ante la cual queda una gran duda sobre quién será el encargado de gestionar ordenadamente el desenlace de cada uno de los procesos de paz que viene adelantando el gobierno Petro.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.