Justicia colombiana actúa contra dos protegidos de Maduro: Jesús Santrich y Aida Merlano

Hablamos ahora de dos decisiones judiciales que se tomaron en las últimas horas en contra de dos prófugos de la justicia colombiana que hoy están protegidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.El Consejo de Estado decretó la “muerte política” de alias ‘Jesús Santrich’, quien volvió a la clandestinidad hace cerca de un año y medio, tras el proceso que se adelanta en su contra por narcotráfico.La decisión se tomó porque Santrich no volvió al Congreso a ocupar su curul de representante a la Cámara por Atlántico, que recibió tras la firma del acuerdo de paz, a partir del 20 de julio de 2019, ante lo cual el Consejo de Estado determinó que actuó con dolo, pues entre otras cosas, la orden de captura en su contra no era impedimento para exonerarlo de su inasistencia, y además tenía el deber de colaborar con la justicia, una vez fue requerido por autoridades judiciales.El otro caso es el de la excongresista Aida Merlano, condenada en Colombia por un sonado caso de corrupción electoral para la jornada de elecciones de marzo de 2018, conocido como ‘La Casa Blanca’. En las últimas horas la Procuraduría la destituyó e inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante diez años, por haber ‘desplegado toda una serie de actividades que engranaron el andamiaje para corromper las elecciones del 11 de marzo de 2018, pagando a los ciudadanos por los votos en favor de las aspiraciones políticas que tenía al Senado de la República.Lo último que supo el país de ‘Jesús Santrich’ es que se autoproclama jefe de las disidencias de las Farc junto a ‘Iván Márquez’ y periódicamente aparece con panfletos escritos desde la comodidad del exilio criminal que le brinda Maduro en Venezuela, aparentemente en la zona fronteriza con Colombia.En el caso de Aida Merlano, se sabe que tuvo mucha cercanía con fichas del régimen venezolano y hasta donde se tuvo conocimiento, estaba detenida en una cárcel de Caracas por delitos menores que cometió en territorio venezolano, luego de su cinematográfica fuga hace dos años de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá.Las dos recientes decisiones judiciales sobre estos dos criminales colombianos que viven a sus anchas protegidos por el régimen venezolano luego de haberse fugado de las autoridades en nuestro país, dejan preguntas, porque si bien son importantes, porque la justicia debe actuar, algunos creen que o llegan demasiado tarde o deberían haber sido más severas.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU: