El alto tribunal dejó en firme la condena de 54 meses de prisión contra el exsenador Luis Alberto Gil Castillo ‘El tuerto Gil’ por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, relacionados con maniobras para interferir en el trámite de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich.Todo comenzó entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, cuando el exsenador habría actuado junto al entonces fiscal de apoyo de la JEP, Carlos Julián Bermeo, y otras personas para ofrecer supuestas gestiones irregulares orientadas a retrasar procesos de extradición ante la Jurisdicción Especial para la Paz, entre esos, el de Santrich.La investigación se originó luego de que un agente de la DEA informara al CTI de la Fiscalía sobre unas reuniones en Bogotá en las que se negociaban favores judiciales y retrasos en procesos penales a cambio de dinero.El entonces fiscal Bermeo explicó al agente encubierto cómo podían retrasarse esos procedimientos mediante solicitudes de prórroga, órdenes de policía judicial y maniobras relacionadas con documentación del proceso.Incluso, la Corte Suprema de Justicia logró comprobar que el trámite de extradición de Jesús Santrich sí se retardó porque se extravió un documento clave dentro del trámite que le dio tiempo al exjefe guerrillero para fugarse.El exsenador fue capturado en 2019 en medio de este escándalo de sobornos para favorecer a Santrich, y, en abril de 2021 ‘El tuerto Gil’ recuperó su libertad por pena cumplida dentro de este caso, tras pagar una parte de la condena y redimir la otra con estudio y trabajo.
La Fiscalía General resolvió archivar la investigación contra la exdirectora de asuntos internacionales de esa entidad Ana Fabiola Castro, y contra Javier Cárdenas, investigador del CTI, por supuestamente ocultar información que frenó la extradición hacia Estados Unidos de alias ‘Jesús Santrich’.En marzo de 2023, la JEP pidió a la Fiscalía General que “investigara las conductas de antiguos servidores del ente acusador en el proceso mediante el cual se le otorgó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte en mayo de 2019”.En ese momento, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, aseguró que las presuntas irregularidades de Fabiola Castro “afectaron la credibilidad en la JEP y en el acuerdo final de paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”.Pues el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia consideró que no existieron los delitos que le endilgaron a la exfuncionaria, es decir, fraude a resolución judicial y ocultamiento de pruebas.La Fiscalía afirmó que la entonces funcionaria no tenía la facultad legal para iniciar un proceso de asistencia judicial a los Estados Unidos. Esta responsabilidad recaía en el Ministerio de Justicia que debía iniciar el trámite de cooperación judicial mediante mecanismos diplomáticos, no a través de una orden directa de la Fiscalía General de la Nación.Según la Fiscalía, Ana Fabiola Castro Rivera cumplió con todos los requerimientos de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP y la Corte Constitucional, basándose en el material disponible en el expediente de extradición.Asimismo, Javier Eduardo Cárdenas Parra, investigador II del CTI, dio trámite al requerimiento hecho por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP en octubre de 2018.
A través de una carta, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez le pidió al actual jefe negociador del Gobierno con las disidencias de la Segunda Marquetalia Armando Novoa, que rectifique sus afirmaciones sobre un presunto entrampamiento por parte del ente acusador contra Seuxis Pausias Hernández, alias 'Jesús Santrich'.Martínez aseguró que esto no es cierto ni tampoco puede usarse como un argumento para justificar que quienes firmaron el acuerdo de La Habana en 2016 hayan regresado a la ilegalidad.Para respaldar esto, recuerda que la captura con fines de extradición en abril de 2018 se dio por una circular roja vigente de Interpol pedida por Estados Unidos mientras que la investigación por parte de la Fiscalía y la nueva orden de detención se dio mayo de 2019, luego de que la JEP garantizar que no saldría del país y, para ese momento Martínez ya había presentado su renuncia.“Durante el tiempo que ejercí como fiscal general, ningún fiscal delegado solicitó la captura de alias 'Santrich', la captura inicial en abril del 2019 no fue producto de una decisión judicial colombiana, sino del cumplimiento de una circular roja de la Interpol, cuando ocurrieron dichos sucesos la investigación por narcotráfico contra 'Santrich' se adelantaba en los Estados Unidos y no de Colombia; y después de mi retiro de la Fiscalía, esta obtuvo una orden judicial de captura contra 'Santrich' por narcotráfico, la que luego fue refrendada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, detalló Martínez.El exfiscal general también solicitó rectificar las declaraciones Novoa, entregadas en entrevista en el programa Pregunta Yamid, sobre una posible denuncia de la JEP sobre dicho entrampamiento.“Nunca la JEP ha denunciado un entrampamiento a Santrich. Lo remito simplemente a la denuncia penal que es de conocimiento público. Además, en la rueda de prensa respectiva en la que el presidente de la JEP anunció dicha actuación ratificó que el informe que le sirvió de sustento a la misma no hablaba de entrampamiento de manera categórica y repetida manifestó que en la denuncia de la JEP no se acusaba al exfiscal Martínez a pesar de lo cual Usted hizo esta afirmación temeraria en la televisión”, puntualizó el exfiscal.Martínez insistió que es necesaria la rectificación de Nova para en protección al derecho al buen nombre y que las declaraciones de Novoa se basan en realidades ilustradas.
Este martes 26 de marzo de 2023 se realizó una rueda de prensa desde Ginebra, Suiza, donde Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos, presentó sus hallazgos en un Informe al Consejo de Derechos Humanos, sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz, y la demanda de la JEP de marzo de 2023 (Caso 'Santrich').Sobre este último tema, el informe señala que habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la JEP en el caso de 'Jesús Santrich', exintegrante de las Farc-EP y negociador del Acuerdo de Paz. El informe recalca que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el acuerdo y en el sistema de justicia transicional.“Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, dice el informe.En el informe, Urrejola urge a la Fiscalía General de la Nación a dar prioridad a la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023, y a determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable, mediante la conformación de un grupo de expertos y expertas independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación. “La Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año”, dijo la experta.Recordemos que la JEP radicó en marzo de 2023 una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que los habrían “engañado”, según comentó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, cuando la jurisdicción estudiaba el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en mayo de 2019.“Pese a que existían órdenes judiciales de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación de entonces no le entregó a la jurisdicción toda la información -que fue requerida en varias oportunidades-, para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte. Esto último afectó la credibilidad en la JEP y en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”, indicó el magistrado Vidal.El informe recomienda “respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes.”
En una operación llevada a cabo por investigadores del CTI de la Fiscalía en Bogotá, ha sido capturado el exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carlos Julián Bermeo Casas. Esta captura responde al cumplimiento de una condena de 8 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá en septiembre de 2022.Bermeo fue sentenciado por el delito de cohecho propio, luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostrara que el exfuncionario recibió la suma de 40.000 dólares para incidir indebidamente en un trámite que se surtía en la JEP. Este trámite tenía como objetivo beneficiar a Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como alias Jesús Santrich.Se espera que Bermeo sea trasladado a un centro penitenciario para cumplir con la pena impuesta por los delitos cometidos en el ejercicio de su función como exfiscal de la JEP.Según la acusación de la Fiscalía, Bermeo trató de influir en personas de la JEP para retrasar el trámite de extradición de Jesús Santrich. "Bermeo era un servidor público y recibió 40.000 dólares al retardar un trámite que se surtía al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz; conforme a las funciones del encausado como Fiscal de Apoyo 2 para la Justicia Transicional, se concluye que tenía la competencia para ejecutar un acto contrario a sus funciones, que era torpedear el trámite de extradición de alias Jesús Santrich a través el retraso a las órdenes impartidas por los magistrados”, precisó el magistrado en su fallo.
El pasado 26 de julio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, designó a Antonia Urrejola como la encargada de investigar los posibles obstáculos a la paz que se han presentado en Colombia. Urrejola fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Gabriel Boric, en Chile.Es importante recordar que la JEP denunció a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron, la denuncia es por posible ocultamiento.Tras algunas visitas en Colombia y reuniones con funcionarios, instituciones, excombatientes y víctimas, entre otros; Antonia Urrejola entregó un balance preliminar sobre el caso, en el que asegura que sí hubo obstáculos.Por otro lado, si bien Urrejola aclara que no puede concluir que la detención de ‘Jesús Santrich’ sea la causa del surgimiento de la Segunda Marquetalia, dice que sí aceleró el regreso a las armas de varios excomandantes.“A partir de la detención de ‘Jesus Santrich’ sí existió posteriormente varios dirigentes de la exfarc que dejaron el acuerdo y tuvo un efecto de la información que he tenido de los propios firmantes, tuvo un efecto interno que venía de antes, la propia Comisión de la Verdad en su informe hace referencia al caso de ‘Jesús Santrich’, hace un recuento de las tensiones internas que tenían la Farc EP con anterioridad al caso ‘Jesus Santrich’, por eso yo no digo que el caso mismo es el responsable pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas”, explicó Urrejola.También señaló que hubo una “demora excesiva” por parte de la Fiscalía para entregar la información y que esto afectó el debido proceso, también informó que hubo persecución en contra de algunos funcionarios de la JEP que tenían, por ejemplo, la labor de autorizar la salida del país de firmantes de paz.“También el mismo hecho generó, por los testimonios que he tenido, una división interna de los propios firmantes del acuerdo quienes hoy están en el partido Comunes como también los que están en la Mesa Autónoma de Reincorporación y esas divisiones están ligadas a hechos anteriores, pero también en este caso específico de lo que pasó con ‘Jesús Santrich’ y también cuando ‘Ivan Márquez’ dejó el acuerdo y se fue de nuevo a las armas”, indicó Urrejola.Por último señaló que es importante cumplir con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y garantizar la seguridad de los excombatientes teniendo en cuenta que hay una “impunidad estructural” frente a las amenazas y homicidios de firmantes.“Una primera observación es que los hechos denunciados por la JEP del año 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, no se pueden leer de manera aislada, sino que hacen parte de un contexto político en el que un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contrario al acuerdo de paz y en el cual, actores importantes cuestionaron sobre todo las facultades y competencias de la JEP y de la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, finalizó.Le puede interesar:
Nuevamente revive el caso Santrich en Colombia, pues, en las últimas horas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para apoyar a Colombia con una mayor asistencia técnica a la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país. En esta resolución se refieren a las denuncias que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, recientemente en contra de funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, esto ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no, la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron y es por esto denunciaron a Ana Fabiola Castro, exdirectora de Asuntos Internacionales en la Fiscalía, por posible ocultamiento.“La nueva resolución dispone además que la oficina del alto comisionado designe un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los anunciados públicamente por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, y que identifique las consecuencias de estos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos y formule recomendaciones para superarlos”, señaló el comunicado de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.En la misma resolución de la ONU, se solicita al experto internacional, designado por el alto comisionado, que presente un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre los avances en el caso.Por último, la resolución le pide al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que proporcione a la oficina del alto comisionado los recursos que permitan aplicar esta resolución.Le puede interesar
El canciller Álvaro Leyva emitió un comunicado en el que informa que el consejo de ministros negó una recusación que había presentado el exfiscal Néstor Humberto Martínez en su contra y que seguirá en su propósito de que se cree una comisión de la ONU que investigue el supuesto entrampamiento a Jesús Santrich y otros firmantes del acuerdo de paz de las Farc.En el comunicado se explica que el exfiscal Martínez elevó la recusación después de que el canciller Leyva hablara de la necesidad de esa comisión internacional de investigación el pasado 24 de marzo en el Consejo de Seguridad de la ONU.“Curiosamente, sin haber mencionado nombres propios, el ciudadano colombiano Néstor Humberto Martínez Neira, abogado de profesión, elevó una acción de recusación dirigida a impedir actuaciones del canciller en el sentido por él anunciadas ante el referido organismo de Naciones Unidas”, señaló el canciller.E informó que el Consejo de Ministros reunido el lunes 8 de mayo, sin su presencia, negó la recusación interpuesta por el exfiscal y exministro Néstor Humberto Martínez Neira.Así las cosas, Leyva insistirá en que se cree esa comisión: “En consecuencia, el ministro Leyva comunica que procederá de conformidad a lo por él afirmado ante el consejo de seguridad en su última comparecencia. Su acción irá acompañada de copias debidamente expedidas de la denuncia penal presentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.Le puede interesar: siga la señal de Blu Radio en vivo
Este jueves, 13 de abril, se cumplió la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc, en donde el último en intervenir fue el canciller Álvaro Leyva, quien propuso la idea de una Comisión de Investigación Internacional para investigar el supuesto entrampamiento contra Jesús Santrich y otros exmiembros de esa guerrilla.Leyendo una parte del informe de la Comisión de Verificación, el canciller destacó aquella en la que señala que la JEP presentó denuncias contra exfuncionarios de la Fiscalía General por tres supuesto delitos en el 2018 “durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de Farc – EP, Seuxis Pausias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich quien volvió a las armas”.Por eso, el canciller señaló que “algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la JEP, por eso siento como mi obligación llamar la atención al Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz, de allí que después de reflexionarlo veremos si es conducente la creación de una comisión internacional de investigación de las Unidas Unidas”.Dijo además que ese tipo de comisiones se han conformado con el fin de investigar alegaciones de violaciones del Derecho Internacional y advirtió sobre la “creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz, mediante el entrampamiento realizado por extraños que ha generado la conformación de disidencias y el debilitamiento del acuerdo se hace necesaria la conformación de una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes con el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas”.La intervención de Rodrigo LondoñoDurante la sesión del Consejo de Seguridad también participó el presidente del Partido Comunes y otro líder de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, quien acusó al gobierno de Iván Duque de torpedear la implementación del acuerdo de paz al señalar que hubo “falta de voluntad política” para sacar adelante la reforma rural y advirtió que solo se avanzó en el 8 % del total de la compra de 3 millones de hectáreas.Adicionalmente, Londoño aseguró que apoya el objetivo de la paz total del Gobierno pero hizo un llamado a los grupos armados: "el Gobierno actual es democrático y progresista, su lucha contra él no tiene sentidos".Londoño también advirtió que el número de disidentes del acuerdo representa un número minúsculo y que esos grupos se han reproducido con gente nueva que se ha reclutado en los campos.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
La JEP denunció a la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Ana Fabiola Castro, por posible ocultamiento y maniobras fraudulentas en la información que se le solicitó en su momento al ente de control, cuando los magistrados de la Sección de Revisión debían decidir si le otorgaban o no la garantía de no extradición de alias 'Jesús Santrich', acusado por reincidir en el narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz.“La autoría de tales conductas punibles se predica en principio de quien fungía como directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General para ese momento (abril a diciembre de 2018), pero es muy probable que su actuar haya sido inducido, corealizado o auxiliado conscientemente por otras personas a quienes también debe extenderse la investigación”, se lee en la decisión de la JEP.También se solicita una investigación para personas indeterminadas de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez con el fin de que se determinen presuntas responsabilidades de otros funcionarios en este caso.En el mismo sentido, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, aseguró que en este caso la justicia transicional es víctima, pues a los magistrados que tomaron la decisión se les negó una información importante, afectando el nombre de la justicia especial.“La Jurisdicción Especial para la Paz basa su actividad judicial en el principio ético de la justicia restaurativa, lo cual implica el reconocimiento de las víctimas y del daño provocado por la actividad criminal como partes fundamentales de la reparación. Con la presente denuncia invocamos tales principios éticos en cuanto a que la JEP fue víctima de hechos que pudieron constituir delitos que tuvieron como propósito impedir el ejercicio de sus competencias constitucionales”, señaló el magistrado Roberto Vidal.Puede ver:
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria sobre un removedor de esmalte en gel que estaría siendo comercializado de manera ilegal en Colombia y que podría representar un riesgo para la salud de quienes lo utilizan.Se trata del producto GEL POLISH REMOVER, un removedor de esmalte ampliamente utilizado para retirar uñas semipermanentes o en gel. Según la autoridad sanitaria, este cosmético no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para que pueda venderse legalmente en el país.La alerta, identificada con el número 166-2026, fue emitida luego de denuncias ciudadanas y de actividades de inspección, vigilancia y control adelantadas por el Invima, que permitieron detectar irregularidades en la comercialización del producto.¿Por qué el Invima emitió la alerta sobre el removedor de esmalte?De acuerdo con la entidad, el producto GEL POLISH REMOVER se comercializa sin número de lote y utiliza de forma irregular el código NSOC04279-21CO, el cual corresponde realmente a otro cosmético registrado y no al removedor de esmalte objeto de la alerta.Esto significa que el producto no posee una Notificación Sanitaria Obligatoria válida, por lo que su venta en Colombia es considerada ilegal y el Invima lo cataloga como un producto fraudulento.La autoridad sanitaria explicó que el código utilizado pertenece al producto GEL POLISH, cuyo titular es un establecimiento comercial diferente, situación que constituye una irregularidad que puede inducir a error a consumidores y distribuidores.Riesgos para la salud de quienes usan este productoEl Invima advirtió que los cosméticos que no cuentan con autorización sanitaria representan un riesgo, ya que no existe garantía sobre aspectos fundamentales como:La calidad del producto.La seguridad para su uso.La eficacia de sus componentes.La composición real de sus ingredientes.Las condiciones de fabricación y almacenamiento.El origen de las materias primas.Debido a estas irregularidades, la entidad señaló que no es posible garantizar que el removedor de esmalte cumpla con los estándares exigidos por la normativa colombiana, lo que podría generar efectos no deseados en los usuarios.¿Qué deben hacer los consumidores?Ante esta situación, el Invima recomendó a quienes tengan o utilicen este producto adoptar medidas inmediatas para evitar posibles afectaciones.Entre las principales recomendaciones están:Suspender inmediatamente el uso del removedor de esmalte.Informar al Invima o a las autoridades de salud si conocen establecimientos donde se comercialice.Reportar cualquier reacción adversa o evento inesperado relacionado con su uso.La entidad también hizo un llamado a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para reforzar las labores de inspección en establecimientos que distribuyan o comercialicen productos cosméticos.Asimismo, pidió a distribuidores, comercializadores y establecimientos de belleza abstenerse de vender este removedor de esmalte, advirtiendo que podrían ser objeto de medidas sanitarias y procesos sancionatorios si continúan ofreciéndolo al público.Cómo verificar si un cosmético es legal en ColombiaEl Invima recordó a los consumidores la importancia de revisar que cualquier producto cosmético cuente con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente antes de comprarlo.Además, recomendó adquirir este tipo de productos únicamente en establecimientos reconocidos y desconfiar de aquellos que no informen claramente el fabricante, el número de lote o la autorización sanitaria correspondiente.Las autoridades insistieron en que verificar estos datos puede reducir el riesgo de adquirir productos fraudulentos que comprometan la salud de los usuarios.
El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este jueves que el partido contra España es "una final", por lo que anticipó que "la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima" en el choque final de la fase de grupos del Mundial de 2026."El partido se encara como una final, donde ningún detalle puede no considerarse” , dijo Bielsa en rueda de prensa en Guadalajara un día antes del partido contra el combinado español."La disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima", agregó.Bielsa elogió el fútbol de la selección española, y calificó el trabajo de su entrenador, Luis de la Fuente, como "admirable", pero se mostró confiado en que Uruguay podrá plantear batalla."Vamos a hacer lo que consideramos mejor para establecer diferencias a favor nuestra. España es peor cuanto menos tiene la pelota”, explicó el técnico argentino, quien reconoció la calidad "desequilibrante" de varios jugadores españoles, particularmente Lamine Yamal.Por contra, Bielsa destacó como positivo el estado físico de sus jugadores, al asegurar que "en los dos partidos anteriores las diferencias del rendimiento físico comparativo con sus rivales fue muy amplia a favor de Uruguay".España llega líder del Grupo H del Mundial con cuatro puntos, dos partidos sin encajar un gol y una goleada de 4 a 0 ante Arabia Saudí, aunque arrancó con un flojo empate ante Cabo Verde.Por su parte, Uruguay, que ha mostrado una imagen endeble en sus dos empates ante Cabo Verde y Arabia Saudí, necesita ganar para no depender de terceros y asegurarse la clasificación a la siguiente fase.
Al menos 51 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado entre enero y mayo de este año por parte de grupos armados ilegales en Colombia, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.El organismo detalló que los departamentos con más casos registrados son Norte de Santander, Cauca y Antioquia.El informe apuntó que de los 51 menores reclutados el 65 % son niños y adolescentes hombres, mientras que el 35 % restante son niñas y adolescentes mujeres.De este total de víctimas, el 17 % pertenece a alguna población indígena, el 12 % son afrocolombianos y el 71 % no se identifica con ningún grupo étnico.La Defensoría detalló que entre los grupos armados ilegales presuntamente responsables de estos delitos destacan el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, que concentra un 23,5 % de casos; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 23,5 %; el Estado Mayor Central con 21,6 %; y otras disidencias de las antiguas Farc con 21,6 %.Según esta entidad, el reclutamiento de menores de edad aumentó en los últimos años: entre enero y diciembre de 2025 se identificaron 410 casos, de los cuales el 57 % son niños y adolescentes.Asimismo, Unicef informó el año pasado de que más de 1.200 menores terminaron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024, lo que representó un aumento del 300 % en cinco años.Este mes, un niño de diez años murió y otros dos menores resultaron heridos como consecuencia de un ataque perpetrado con un dron cargado con explosivos en Tibú, municipio de la zona del Catatumbo, en el Norte de Santander.
Francia destinará más de 130 millones de euros (148 millones de dólares) a sistemas de refrigeración y a obras de renovación en escuelas francesas, anunciaron este viernes las autoridades y empresas públicas, cuando una ola de calor azota el país.Francia vive una intensa ola de calor con temperaturas rondando los 40ºC que obligó a cerrar miles de escuelas esta semana, mientras que las que permanecieron abiertas tuvieron dificultades para impartir clase en aulas sofocantes.El jueves, los sindicatos de docentes franceses llamaron a la huelga para protestar contra unas "condiciones de trabajo inaceptables", denunciando "desmayos" y un aumento de traslados a urgencias.La eléctrica estatal EDF anunció que destinará 80 millones de euros para equipar escuelas, guarderías y centros recreativos con sistemas de refrigeración.La mitad de ese importe se destinará a financiar más de 100.000 equipos --como ventiladores y aparatos de aire acondicionado-- en más de 10.000 centros para finales de septiembre.El resto se distribuirá en sumas fijas de 10.000 euros por instalación para ayudar a financiar sistemas de refrigeración hasta finales de junio del año que viene."A medida que las olas de calor afectan cada vez más a nuestro país, hemos querido pasar a la acción de forma concreta", declaró el director general de EDF, Bernard Fontana, en un comunicado.Otros grupos públicos, entre ellos La Banque Postale y Banque des Territoires, anunciaron que reservarán 50 millones de euros para adaptar 12.500 escuelas."Empezaremos ya la próxima semana con 2.500 escuelas elegibles", afirmó el ministro de Economía, Roland Lescure.Algunos padres han recurrido a soluciones improvisadas para enfriar las aulas de sus hijos, utilizando recubrimientos a base de tiza en las ventanas o fijando sobre ellas mantas isotérmicas.
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este viernes el centro de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), un sismo que coincide con las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones provocados por el avance de dos tormentas tropicales sobre el archipiélago.El sismo tuvo lugar a las 22:29 hora local (13:29 GMT) y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad en la prefectura de Yamanashi, cerca de la zona conocida como Cinco Lagos en la base del Monte Fuji, según la JMA.La agencia meteorológica indicó que no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto, que se dejó notar con mayor intensidad en la localidad de Fujikawaguchiko, donde se registró un nivel 6 de siete posibles según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales, mientras Japón aguarda la llegada al unísono de dos tormentas tropicales este sábado, Mekkhala e Higos, lo que ha llevado a ordenar la evacuación de unos dos millones de personas en zonas consideradas de riesgo por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.El sismo sigue a otro esta misma mañana de magnitud 5,8, que sacudió el este de Japón y se dejó notar con intensidad en Tokio, así como a uno de mayor intensidad el pasado jueves con una magnitud de 6,9 y que afectó a la parte norte del país, dejando al menos diez heridos según las autoridades.Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.