El alto tribunal dejó en firme la condena de 54 meses de prisión contra el exsenador Luis Alberto Gil Castillo ‘El tuerto Gil’ por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, relacionados con maniobras para interferir en el trámite de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich.Todo comenzó entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, cuando el exsenador habría actuado junto al entonces fiscal de apoyo de la JEP, Carlos Julián Bermeo, y otras personas para ofrecer supuestas gestiones irregulares orientadas a retrasar procesos de extradición ante la Jurisdicción Especial para la Paz, entre esos, el de Santrich.La investigación se originó luego de que un agente de la DEA informara al CTI de la Fiscalía sobre unas reuniones en Bogotá en las que se negociaban favores judiciales y retrasos en procesos penales a cambio de dinero.El entonces fiscal Bermeo explicó al agente encubierto cómo podían retrasarse esos procedimientos mediante solicitudes de prórroga, órdenes de policía judicial y maniobras relacionadas con documentación del proceso.Incluso, la Corte Suprema de Justicia logró comprobar que el trámite de extradición de Jesús Santrich sí se retardó porque se extravió un documento clave dentro del trámite que le dio tiempo al exjefe guerrillero para fugarse.El exsenador fue capturado en 2019 en medio de este escándalo de sobornos para favorecer a Santrich, y, en abril de 2021 ‘El tuerto Gil’ recuperó su libertad por pena cumplida dentro de este caso, tras pagar una parte de la condena y redimir la otra con estudio y trabajo.
La Fiscalía General resolvió archivar la investigación contra la exdirectora de asuntos internacionales de esa entidad Ana Fabiola Castro, y contra Javier Cárdenas, investigador del CTI, por supuestamente ocultar información que frenó la extradición hacia Estados Unidos de alias ‘Jesús Santrich’.En marzo de 2023, la JEP pidió a la Fiscalía General que “investigara las conductas de antiguos servidores del ente acusador en el proceso mediante el cual se le otorgó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte en mayo de 2019”.En ese momento, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, aseguró que las presuntas irregularidades de Fabiola Castro “afectaron la credibilidad en la JEP y en el acuerdo final de paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”.Pues el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia consideró que no existieron los delitos que le endilgaron a la exfuncionaria, es decir, fraude a resolución judicial y ocultamiento de pruebas.La Fiscalía afirmó que la entonces funcionaria no tenía la facultad legal para iniciar un proceso de asistencia judicial a los Estados Unidos. Esta responsabilidad recaía en el Ministerio de Justicia que debía iniciar el trámite de cooperación judicial mediante mecanismos diplomáticos, no a través de una orden directa de la Fiscalía General de la Nación.Según la Fiscalía, Ana Fabiola Castro Rivera cumplió con todos los requerimientos de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP y la Corte Constitucional, basándose en el material disponible en el expediente de extradición.Asimismo, Javier Eduardo Cárdenas Parra, investigador II del CTI, dio trámite al requerimiento hecho por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP en octubre de 2018.
A través de una carta, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez le pidió al actual jefe negociador del Gobierno con las disidencias de la Segunda Marquetalia Armando Novoa, que rectifique sus afirmaciones sobre un presunto entrampamiento por parte del ente acusador contra Seuxis Pausias Hernández, alias 'Jesús Santrich'.Martínez aseguró que esto no es cierto ni tampoco puede usarse como un argumento para justificar que quienes firmaron el acuerdo de La Habana en 2016 hayan regresado a la ilegalidad.Para respaldar esto, recuerda que la captura con fines de extradición en abril de 2018 se dio por una circular roja vigente de Interpol pedida por Estados Unidos mientras que la investigación por parte de la Fiscalía y la nueva orden de detención se dio mayo de 2019, luego de que la JEP garantizar que no saldría del país y, para ese momento Martínez ya había presentado su renuncia.“Durante el tiempo que ejercí como fiscal general, ningún fiscal delegado solicitó la captura de alias 'Santrich', la captura inicial en abril del 2019 no fue producto de una decisión judicial colombiana, sino del cumplimiento de una circular roja de la Interpol, cuando ocurrieron dichos sucesos la investigación por narcotráfico contra 'Santrich' se adelantaba en los Estados Unidos y no de Colombia; y después de mi retiro de la Fiscalía, esta obtuvo una orden judicial de captura contra 'Santrich' por narcotráfico, la que luego fue refrendada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, detalló Martínez.El exfiscal general también solicitó rectificar las declaraciones Novoa, entregadas en entrevista en el programa Pregunta Yamid, sobre una posible denuncia de la JEP sobre dicho entrampamiento.“Nunca la JEP ha denunciado un entrampamiento a Santrich. Lo remito simplemente a la denuncia penal que es de conocimiento público. Además, en la rueda de prensa respectiva en la que el presidente de la JEP anunció dicha actuación ratificó que el informe que le sirvió de sustento a la misma no hablaba de entrampamiento de manera categórica y repetida manifestó que en la denuncia de la JEP no se acusaba al exfiscal Martínez a pesar de lo cual Usted hizo esta afirmación temeraria en la televisión”, puntualizó el exfiscal.Martínez insistió que es necesaria la rectificación de Nova para en protección al derecho al buen nombre y que las declaraciones de Novoa se basan en realidades ilustradas.
Este martes 26 de marzo de 2023 se realizó una rueda de prensa desde Ginebra, Suiza, donde Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos, presentó sus hallazgos en un Informe al Consejo de Derechos Humanos, sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz, y la demanda de la JEP de marzo de 2023 (Caso 'Santrich').Sobre este último tema, el informe señala que habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la JEP en el caso de 'Jesús Santrich', exintegrante de las Farc-EP y negociador del Acuerdo de Paz. El informe recalca que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el acuerdo y en el sistema de justicia transicional.“Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, dice el informe.En el informe, Urrejola urge a la Fiscalía General de la Nación a dar prioridad a la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023, y a determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable, mediante la conformación de un grupo de expertos y expertas independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación. “La Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año”, dijo la experta.Recordemos que la JEP radicó en marzo de 2023 una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que los habrían “engañado”, según comentó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, cuando la jurisdicción estudiaba el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en mayo de 2019.“Pese a que existían órdenes judiciales de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación de entonces no le entregó a la jurisdicción toda la información -que fue requerida en varias oportunidades-, para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte. Esto último afectó la credibilidad en la JEP y en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”, indicó el magistrado Vidal.El informe recomienda “respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes.”
En una operación llevada a cabo por investigadores del CTI de la Fiscalía en Bogotá, ha sido capturado el exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carlos Julián Bermeo Casas. Esta captura responde al cumplimiento de una condena de 8 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá en septiembre de 2022.Bermeo fue sentenciado por el delito de cohecho propio, luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostrara que el exfuncionario recibió la suma de 40.000 dólares para incidir indebidamente en un trámite que se surtía en la JEP. Este trámite tenía como objetivo beneficiar a Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como alias Jesús Santrich.Se espera que Bermeo sea trasladado a un centro penitenciario para cumplir con la pena impuesta por los delitos cometidos en el ejercicio de su función como exfiscal de la JEP.Según la acusación de la Fiscalía, Bermeo trató de influir en personas de la JEP para retrasar el trámite de extradición de Jesús Santrich. "Bermeo era un servidor público y recibió 40.000 dólares al retardar un trámite que se surtía al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz; conforme a las funciones del encausado como Fiscal de Apoyo 2 para la Justicia Transicional, se concluye que tenía la competencia para ejecutar un acto contrario a sus funciones, que era torpedear el trámite de extradición de alias Jesús Santrich a través el retraso a las órdenes impartidas por los magistrados”, precisó el magistrado en su fallo.
El pasado 26 de julio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, designó a Antonia Urrejola como la encargada de investigar los posibles obstáculos a la paz que se han presentado en Colombia. Urrejola fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Gabriel Boric, en Chile.Es importante recordar que la JEP denunció a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron, la denuncia es por posible ocultamiento.Tras algunas visitas en Colombia y reuniones con funcionarios, instituciones, excombatientes y víctimas, entre otros; Antonia Urrejola entregó un balance preliminar sobre el caso, en el que asegura que sí hubo obstáculos.Por otro lado, si bien Urrejola aclara que no puede concluir que la detención de ‘Jesús Santrich’ sea la causa del surgimiento de la Segunda Marquetalia, dice que sí aceleró el regreso a las armas de varios excomandantes.“A partir de la detención de ‘Jesus Santrich’ sí existió posteriormente varios dirigentes de la exfarc que dejaron el acuerdo y tuvo un efecto de la información que he tenido de los propios firmantes, tuvo un efecto interno que venía de antes, la propia Comisión de la Verdad en su informe hace referencia al caso de ‘Jesús Santrich’, hace un recuento de las tensiones internas que tenían la Farc EP con anterioridad al caso ‘Jesus Santrich’, por eso yo no digo que el caso mismo es el responsable pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas”, explicó Urrejola.También señaló que hubo una “demora excesiva” por parte de la Fiscalía para entregar la información y que esto afectó el debido proceso, también informó que hubo persecución en contra de algunos funcionarios de la JEP que tenían, por ejemplo, la labor de autorizar la salida del país de firmantes de paz.“También el mismo hecho generó, por los testimonios que he tenido, una división interna de los propios firmantes del acuerdo quienes hoy están en el partido Comunes como también los que están en la Mesa Autónoma de Reincorporación y esas divisiones están ligadas a hechos anteriores, pero también en este caso específico de lo que pasó con ‘Jesús Santrich’ y también cuando ‘Ivan Márquez’ dejó el acuerdo y se fue de nuevo a las armas”, indicó Urrejola.Por último señaló que es importante cumplir con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y garantizar la seguridad de los excombatientes teniendo en cuenta que hay una “impunidad estructural” frente a las amenazas y homicidios de firmantes.“Una primera observación es que los hechos denunciados por la JEP del año 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, no se pueden leer de manera aislada, sino que hacen parte de un contexto político en el que un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contrario al acuerdo de paz y en el cual, actores importantes cuestionaron sobre todo las facultades y competencias de la JEP y de la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, finalizó.Le puede interesar:
Nuevamente revive el caso Santrich en Colombia, pues, en las últimas horas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para apoyar a Colombia con una mayor asistencia técnica a la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país. En esta resolución se refieren a las denuncias que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, recientemente en contra de funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, esto ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no, la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron y es por esto denunciaron a Ana Fabiola Castro, exdirectora de Asuntos Internacionales en la Fiscalía, por posible ocultamiento.“La nueva resolución dispone además que la oficina del alto comisionado designe un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los anunciados públicamente por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, y que identifique las consecuencias de estos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos y formule recomendaciones para superarlos”, señaló el comunicado de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.En la misma resolución de la ONU, se solicita al experto internacional, designado por el alto comisionado, que presente un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre los avances en el caso.Por último, la resolución le pide al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que proporcione a la oficina del alto comisionado los recursos que permitan aplicar esta resolución.Le puede interesar
El canciller Álvaro Leyva emitió un comunicado en el que informa que el consejo de ministros negó una recusación que había presentado el exfiscal Néstor Humberto Martínez en su contra y que seguirá en su propósito de que se cree una comisión de la ONU que investigue el supuesto entrampamiento a Jesús Santrich y otros firmantes del acuerdo de paz de las Farc.En el comunicado se explica que el exfiscal Martínez elevó la recusación después de que el canciller Leyva hablara de la necesidad de esa comisión internacional de investigación el pasado 24 de marzo en el Consejo de Seguridad de la ONU.“Curiosamente, sin haber mencionado nombres propios, el ciudadano colombiano Néstor Humberto Martínez Neira, abogado de profesión, elevó una acción de recusación dirigida a impedir actuaciones del canciller en el sentido por él anunciadas ante el referido organismo de Naciones Unidas”, señaló el canciller.E informó que el Consejo de Ministros reunido el lunes 8 de mayo, sin su presencia, negó la recusación interpuesta por el exfiscal y exministro Néstor Humberto Martínez Neira.Así las cosas, Leyva insistirá en que se cree esa comisión: “En consecuencia, el ministro Leyva comunica que procederá de conformidad a lo por él afirmado ante el consejo de seguridad en su última comparecencia. Su acción irá acompañada de copias debidamente expedidas de la denuncia penal presentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.Le puede interesar: siga la señal de Blu Radio en vivo
Este jueves, 13 de abril, se cumplió la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc, en donde el último en intervenir fue el canciller Álvaro Leyva, quien propuso la idea de una Comisión de Investigación Internacional para investigar el supuesto entrampamiento contra Jesús Santrich y otros exmiembros de esa guerrilla.Leyendo una parte del informe de la Comisión de Verificación, el canciller destacó aquella en la que señala que la JEP presentó denuncias contra exfuncionarios de la Fiscalía General por tres supuesto delitos en el 2018 “durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de Farc – EP, Seuxis Pausias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich quien volvió a las armas”.Por eso, el canciller señaló que “algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la JEP, por eso siento como mi obligación llamar la atención al Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz, de allí que después de reflexionarlo veremos si es conducente la creación de una comisión internacional de investigación de las Unidas Unidas”.Dijo además que ese tipo de comisiones se han conformado con el fin de investigar alegaciones de violaciones del Derecho Internacional y advirtió sobre la “creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz, mediante el entrampamiento realizado por extraños que ha generado la conformación de disidencias y el debilitamiento del acuerdo se hace necesaria la conformación de una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes con el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas”.La intervención de Rodrigo LondoñoDurante la sesión del Consejo de Seguridad también participó el presidente del Partido Comunes y otro líder de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, quien acusó al gobierno de Iván Duque de torpedear la implementación del acuerdo de paz al señalar que hubo “falta de voluntad política” para sacar adelante la reforma rural y advirtió que solo se avanzó en el 8 % del total de la compra de 3 millones de hectáreas.Adicionalmente, Londoño aseguró que apoya el objetivo de la paz total del Gobierno pero hizo un llamado a los grupos armados: "el Gobierno actual es democrático y progresista, su lucha contra él no tiene sentidos".Londoño también advirtió que el número de disidentes del acuerdo representa un número minúsculo y que esos grupos se han reproducido con gente nueva que se ha reclutado en los campos.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
La JEP denunció a la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Ana Fabiola Castro, por posible ocultamiento y maniobras fraudulentas en la información que se le solicitó en su momento al ente de control, cuando los magistrados de la Sección de Revisión debían decidir si le otorgaban o no la garantía de no extradición de alias 'Jesús Santrich', acusado por reincidir en el narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz.“La autoría de tales conductas punibles se predica en principio de quien fungía como directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General para ese momento (abril a diciembre de 2018), pero es muy probable que su actuar haya sido inducido, corealizado o auxiliado conscientemente por otras personas a quienes también debe extenderse la investigación”, se lee en la decisión de la JEP.También se solicita una investigación para personas indeterminadas de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez con el fin de que se determinen presuntas responsabilidades de otros funcionarios en este caso.En el mismo sentido, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, aseguró que en este caso la justicia transicional es víctima, pues a los magistrados que tomaron la decisión se les negó una información importante, afectando el nombre de la justicia especial.“La Jurisdicción Especial para la Paz basa su actividad judicial en el principio ético de la justicia restaurativa, lo cual implica el reconocimiento de las víctimas y del daño provocado por la actividad criminal como partes fundamentales de la reparación. Con la presente denuncia invocamos tales principios éticos en cuanto a que la JEP fue víctima de hechos que pudieron constituir delitos que tuvieron como propósito impedir el ejercicio de sus competencias constitucionales”, señaló el magistrado Roberto Vidal.Puede ver:
El Deportivo Cali adelanta inspecciones con ingenieros civiles y compañías de seguros para determinar las condiciones estructurales del estadio y presentar posteriormente el dictamen ante la comisión local de seguridad de Palmira.“La inspección preliminar ha sido muy positiva, el estadio estaría en perfectas condiciones, pero no queremos apresurarnos. Necesitamos contar con ese dictamen oficial”, explicó . Felipe Restrepo, director de Asuntos Corporativos y Legales del club, explicó en entrevista con Blog Deportivo.El gerente agregó que, además de la infraestructura, deberán revisarse aspectos relacionados con la seguridad, los equipos médicos y la logística necesaria para desarrollar el encuentro en medio de la situación generada por el terremoto.Sede Alex Gorayeb permanece clausuradaRestrepo también se refirió a la sede Álex Gorayeb, que permanece cerrada mientras se determina su estado estructural. Según explicó, actualmente no hay acceso a ninguna de sus zonas y el club espera recibir esta semana el dictamen de los especialistas.“Estamos esperando también el dictamen oficial que deberíamos recibir esta semana para saber cuál es el estado real. Como es lógico, nosotros no somos expertos y por eso contratamos personal especializado”, precisó. Sobre Ronaldo Pájaro, el directivo indicó que su evolución es favorable y que continúa bajo atención del departamento médico del Deportivo Cali. El jugador presenta una afectación en el codo que requerirá una intervención quirúrgica, mientras que la lesión de tobillo tendrá un tratamiento conservador.“Para Ronaldo ha sido fundamental el acompañamiento de nuestra área de psicología y también el de sus propios compañeros. Por eso la necesidad de retomar poco a poco la normalidad”, destacó.Deportivo Cali prepara centro de acopioEl club también anunció acciones para apoyar a los afectados por el terremoto, entre ellas un centro de acopio en el estadio y la difusión de campañas de donación.“Esto es un suceso que pasa en cuestión de minutos, pero la recuperación puede durar años. Nos tenemos que seguir apoyando, que no se enfríe esa solidaridad impresionante que se ha despertado en el pueblo colombiano”, concluyó Restrepo.Escuche la entrevista completa aquí:
Tras el terremoto del 10 de agosto, una propuesta en el Congreso puso sobre la mesa la creación de un sistema nacional que permita enviar alertas sísmicas con anticipación a los ciudadanos. La iniciativa pretende aprovechar los segundos que pueden existir entre la detección de un movimiento y la llegada de sus ondas más fuertes a determinadas zonas.El proyecto fue presentado este martes por la senadora del Nuevo Liberalismo María Lucía Villalba, quien propone la creación del Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST). La iniciativa plantea integrar las redes de telecomunicaciones para que las alertas puedan llegar a los celulares sin importar el operador, el dispositivo o incluso el plan de datos.La propuesta aparece justo en medio de la emergencia que enfrenta Colombia tras el sismo del 10 de agosto. De acuerdo con el balance citado en el proyecto, son más de 123.789 familias afectadas, así como 304 personas fallecidas y más de 400 desaparecidas.“Ninguna ley devuelve lo que se perdió el 10 de agosto, pero sí decide lo que pueda pasar la próxima vez”, señaló Villalba.¿Cómo funcionaría el sistema de alerta sísmica?La propuesta plantea conectar la información del Servicio Geológico Colombiano (SGC) con redes públicas y privadas de telecomunicaciones. Adicionalmente, también se utilizarían la radio y la televisión para distribuir las alertas.El SGC sería el encargado de determinar cuándo activar una alerta, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) asumiría la coordinación del sistema, la pedagogía y la respuesta comunitaria.El proyecto contempla:Integración obligatoria de los operadores móviles y de telecomunicaciones.Participación de operadores de radio y televisión.Envío de alertas sin costo para los usuarios.Coordinación entre entidades públicas y empresas del sector.La iniciativa también establece que deberán definirse protocolos y condiciones técnicas para poner en marcha el sistema.¿Qué entidades participarían en la alerta sísmica?La elaboración de las reglas del SNAST involucraría al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el SGC, la UNGRD, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Inravisión y los operadores de telecomunicaciones, radio y televisión.Entre los principales aspectos se deberán establecer los estándares de interconexión, los protocolos para interrumpir automáticamente la radio y la televisión, los criterios técnicos para activar las alertas, además de pruebas piloto y simulacros.En Colombia ya existen herramientas de sistemas de alertas sísmicas en Android; sin embargo, la propuesta busca establecer un esquema nacional coordinado por el Estado.Por ahora, se trata únicamente de un proyecto de ley. Deberá superar cuatro debates en el Congreso antes de pasar a sanción presidencial. La iniciativa también llega después de que la Defensoría del Pueblo advirtiera sobre la necesidad de fortalecer la prevención y gestión del riesgo frente a sismos y tsunamis.
El América de Cali analiza la posibilidad de trasladar temporalmente su localía a Bogotá para disputar los partidos que le restan de la Liga BetPlay, luego de las afectaciones provocadas por el terremoto que golpeó a Cali y otras zonas del país. Iván Vélez, gerente deportivo del conjunto escarlata, confirmó en entrevista con Blog Deportivo que el club ya adelanta gestiones para encontrar una sede alterna y que Bogotá aparece como la principal opción.Vélez explicó que América comenzó a realizar las averiguaciones desde la semana anterior y que ya envió comunicaciones a los equipos que tienen su localía en Bogotá, entre ellos Millonarios, Independiente Santa Fe, Internacional y Fortaleza. Según el dirigente, los clubes han mostrado disposición para facilitar el proceso.¿Cuánto tiempo jugaría en Bogotá?La intención del equipo caleño es poder jugar en Bogotá durante lo que resta de agosto y parte de septiembre, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el escenario que utilizará. “Estamos gestionando que ojalá podamos llegar a la ciudad de Bogotá y estar, yo creo que lo que resta de este mes y parte del otro”, manifestó Vélez.Entre las opciones de la capital aparecen el estadio Nemesio Camacho El Campín y el estadio de Techo. La prioridad del club sería utilizar el escenario de mayor capacidad, el coloso de la 57, teniendo en cuenta además la importante presencia de aficionados del América en Bogotá. “Yo creo que inicialmente mirar si se puede hacer en El Campín, si no, Techo también. Creo que es una plaza oportuna para ir a jugar nosotros todavía”, explicó el gerente deportivo.Plan B del AméricaSin embargo, Bogotá no sería la única alternativa. En caso de que no prospere la posibilidad de jugar en la capital, América contempla otras plazas como Villavicencio e Ibagué. Vélez recordó que el club ya tuvo una experiencia positiva jugando como local en Villavicencio y señaló que esas tres ciudades —Bogotá, Villavicencio e Ibagué— aparecen inicialmente como las opciones que analiza la institución. Palmira, por ahora, no estaría contemplada debido a la situación que atraviesa el Valle del Cauca.“Siempre hay que colocar por delante el bien general por encima del bien particular”, agregó, al considerar que América, Deportivo Pereira y Once Caldas se encuentran entre los clubes más afectados por la situación generada por el terremoto.Mientras se define su sede deportiva, América también estudia iniciativas para apoyar a los damnificados. El club ha conversado con Deportivo Cali sobre la posibilidad de organizar en el futuro un partido benéfico y contempla destinar parte de las taquillas a las personas afectadas, además de ayudar inicialmente a trabajadores de la institución que sufrieron daños significativos en sus hogares.
Un accidente en vía de Barrancabermeja dejó a un policía muerto y otro herido. El siniestro vial se registró hacia las 8:45 de la mañana exactamente en el kilómetro 115+520 de la Ruta 4511, sector La Colorada. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, una motocicleta en la que se movilizaban los dos uniformados perdió el control, al parecer, por las condiciones de humedad de la vía, e invadió el carril contrario, donde terminó chocando contra un tractocamión.La víctima mortal fue identificada como Raúl Solano Cuevas, subintendente activo de la Policía Nacional, adscrito a la unidad DEANT Departamento de Policía de Antioquia y se dirigía a Cúcuta para disfrutar unos días junto a su familia. El uniformado conducía la motocicleta Yamaha FZN 150 en sentido sur-norte, desde Río Ermitaño hacia La Lizama, cuando ocurrió la colisión.En la motocicleta también se movilizaba el patrullero Antony Segrith Brito Bonivento, integrante activo de la Policía Nacional y adscrito a la misma unidad. El uniformado resultó lesionado y fue trasladado en una ambulancia de la concesión hasta la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, donde recibió atención médica.El conductor del tractocamión, en medio de los hechos, resultó ileso tras el impacto.Según la información entregada por la Policía de Tránsito y Transporte, una de las hipótesis que se maneja sobre las causas del accidente está relacionada con la superficie húmeda de la carretera, además de una posible falta de precaución ante condiciones de niebla, lluvia o humo.Como consecuencia del siniestro, se presentó afectación vial en uno de los carriles de este corredor del Magdalena Medio, mientras las autoridades atendían la emergencia y adelantaban las labores correspondientes.El caso quedó a disposición de las autoridades de tránsito, que deberán establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la colisión.
La Fiscalía General de la Nación mantiene las labores de verificación y análisis de elementos de prueba dentro de la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, con el propósito de judicializar a los cabecillas de la Segunda Marquetalia, quiénes estuvieron detrás del crimen, determinar el origen del pago para ejecutarlo y esclarecer si existió una motivación adicional para ordenar el asesinato.Dentro de esas diligencias, uno de los elementos que siguen verificando y analizando es la información entregada en el interrogatorio del menor de 17 años que se presentó voluntariamente ante las autoridades y posteriormente escapó de un centro del ICBF. Su testimonio es objeto de análisis por parte de los investigadores debido a las referencias que hizo sobre la estructura que participó en el atentado y, particularmente, sobre un supuesto “Escolta del Senador”, que habría aparecido registrado en el teléfono de Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’, señalado como uno de los integrantes y líderes de la organización que habría materializado en Bogotá la solicitud criminal atribuida a la Segunda Marquetalia.La Fiscalía busca establecer la veracidad, alcance y correspondencia de esta información con los demás elementos recopilados en el proceso.En su declaración, el menor relató que conoció a un hombre identificado como José Cedeño y que, posteriormente, habría tenido contacto con ‘Chipi’. Según su versión, entre el 24 y el 26 de mayo recibió una propuesta para ejecutar el homicidio a cambio de 20 millones de pesos. El joven aseguró: “CHIPI me dice que había un trabajo de unos cuantos millones y me muestra la foto de una persona y me dice que a él tocaba matarlo”.El menor sostuvo que inicialmente no sabía que la persona señalada era un senador o candidato y agregó que ‘Chipi’ le habría dicho que tenía “unos escoltas” vinculados con él. También mencionó a un hombre conocido como ‘Firma’, a quien, según su relato, otros integrantes de la organización reconocían como una autoridad dentro de la estructura en Bogotá.De acuerdo con el interrogatorio, “Firma es el que lleva el control de ese grupo aquí, en Bogotá” y sería quien autorizaba, según la versión entregada, el acceso a armas, vehículos y motocicletas. El joven también afirmó que el supuesto homicidio contra el senador hacía parte de una lista de “vueltas” que el grupo tendría previstas en Bogotá.Sobre esa expresión, explicó que se refería a “sicariatos, homicidios” y aseguró que los integrantes de la estructura contaban con un grupo de WhatsApp en el que, según su versión, se compartían fotografías e información de las personas que serían víctimas de los ataques, el designado chat "Plata o Plomo". En ese supuesto grupo, el menor mencionó a ‘Chipi’, William, a quien identificaba como el “hermano”, a alias ‘Gabriela’, a quien posteriormente identificó como Katherine, y a otro hombre llamado Erik Josué, de quien dijo no recordar el apellido, un hombre venezolano y tatuador en Soacha que habría conocido el plan criminal.El testimonio adquiere relevancia porque el joven aseguró que en ese grupo se compartía información relacionada directamente con el senador. Según dijo, allí fueron enviadas “ubicaciones” y datos sobre las actividades que realizaba el entonces candidato. También afirmó que los integrantes de la estructura conocían la ubicación de su vivienda y de una camioneta utilizada por él.El menor señaló, además, que, según las conversaciones que alcanzó a observar, se analizaban los recorridos que realizaba el senador. En particular, afirmó que hablaban de un camino o callejón por el que Miguel Uribe debía pasar cerca de su vivienda y de la posibilidad de ejecutar el ataque en ese punto.Uno de los elementos que sigue siendo objeto de especial verificación por parte de la Fiscalía corresponde a una comunicación de alias ‘Chipi’ con un contacto que, según el interrogado, estaba guardado en su teléfono como “Escolta Senador”.El menor aseguró que el mismo día del atentado ‘Chipi’ realizó una llamada por WhatsApp a ese contacto. De acuerdo con su declaración, ‘Chipi’ hablaba poco sobre esa persona, pero decía que la información sobre el senador la estaba obteniendo por alguien que tenía relación con él. El interrogado también relató un episodio ocurrido en mayo de 2025, cuando se encontraba con ‘Chipi’ en un taller de motos. Según su versión, en ese lugar observó que el señalado realizó una llamada al mismo contacto identificado como “ESCOLTA SENADOR”. La comunicación, de acuerdo con el testimonio, fue muy corta.“Esa llamada no duró ni tres segundos, solamente contestó esa persona y respondió ‘HAY MANIFESTACIONES’”, aseguró el menor en el interrogatorio.La Fiscalía continúa en la investigación para establecer la veracidad y alcance de estas afirmaciones mediante el análisis de los dispositivos, comunicaciones y demás elementos materiales probatorios que hagan parte de la investigación. En particular, será necesario determinar si el contacto denominado “Escolta del Senador” corresponde efectivamente a una persona cercana al esquema de seguridad de Miguel Uribe y cuál era la naturaleza de la información que habría sido transmitida a alias ‘Chipi’ en la línea de investigación que busca determinar si hubo fallas en las decisiones de la UNP.