El alto tribunal dejó en firme la condena de 54 meses de prisión contra el exsenador Luis Alberto Gil Castillo ‘El tuerto Gil’ por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, relacionados con maniobras para interferir en el trámite de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich.Todo comenzó entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, cuando el exsenador habría actuado junto al entonces fiscal de apoyo de la JEP, Carlos Julián Bermeo, y otras personas para ofrecer supuestas gestiones irregulares orientadas a retrasar procesos de extradición ante la Jurisdicción Especial para la Paz, entre esos, el de Santrich.La investigación se originó luego de que un agente de la DEA informara al CTI de la Fiscalía sobre unas reuniones en Bogotá en las que se negociaban favores judiciales y retrasos en procesos penales a cambio de dinero.El entonces fiscal Bermeo explicó al agente encubierto cómo podían retrasarse esos procedimientos mediante solicitudes de prórroga, órdenes de policía judicial y maniobras relacionadas con documentación del proceso.Incluso, la Corte Suprema de Justicia logró comprobar que el trámite de extradición de Jesús Santrich sí se retardó porque se extravió un documento clave dentro del trámite que le dio tiempo al exjefe guerrillero para fugarse.El exsenador fue capturado en 2019 en medio de este escándalo de sobornos para favorecer a Santrich, y, en abril de 2021 ‘El tuerto Gil’ recuperó su libertad por pena cumplida dentro de este caso, tras pagar una parte de la condena y redimir la otra con estudio y trabajo.
La Fiscalía General resolvió archivar la investigación contra la exdirectora de asuntos internacionales de esa entidad Ana Fabiola Castro, y contra Javier Cárdenas, investigador del CTI, por supuestamente ocultar información que frenó la extradición hacia Estados Unidos de alias ‘Jesús Santrich’.En marzo de 2023, la JEP pidió a la Fiscalía General que “investigara las conductas de antiguos servidores del ente acusador en el proceso mediante el cual se le otorgó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte en mayo de 2019”.En ese momento, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, aseguró que las presuntas irregularidades de Fabiola Castro “afectaron la credibilidad en la JEP y en el acuerdo final de paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”.Pues el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia consideró que no existieron los delitos que le endilgaron a la exfuncionaria, es decir, fraude a resolución judicial y ocultamiento de pruebas.La Fiscalía afirmó que la entonces funcionaria no tenía la facultad legal para iniciar un proceso de asistencia judicial a los Estados Unidos. Esta responsabilidad recaía en el Ministerio de Justicia que debía iniciar el trámite de cooperación judicial mediante mecanismos diplomáticos, no a través de una orden directa de la Fiscalía General de la Nación.Según la Fiscalía, Ana Fabiola Castro Rivera cumplió con todos los requerimientos de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP y la Corte Constitucional, basándose en el material disponible en el expediente de extradición.Asimismo, Javier Eduardo Cárdenas Parra, investigador II del CTI, dio trámite al requerimiento hecho por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP en octubre de 2018.
A través de una carta, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez le pidió al actual jefe negociador del Gobierno con las disidencias de la Segunda Marquetalia Armando Novoa, que rectifique sus afirmaciones sobre un presunto entrampamiento por parte del ente acusador contra Seuxis Pausias Hernández, alias 'Jesús Santrich'.Martínez aseguró que esto no es cierto ni tampoco puede usarse como un argumento para justificar que quienes firmaron el acuerdo de La Habana en 2016 hayan regresado a la ilegalidad.Para respaldar esto, recuerda que la captura con fines de extradición en abril de 2018 se dio por una circular roja vigente de Interpol pedida por Estados Unidos mientras que la investigación por parte de la Fiscalía y la nueva orden de detención se dio mayo de 2019, luego de que la JEP garantizar que no saldría del país y, para ese momento Martínez ya había presentado su renuncia.“Durante el tiempo que ejercí como fiscal general, ningún fiscal delegado solicitó la captura de alias 'Santrich', la captura inicial en abril del 2019 no fue producto de una decisión judicial colombiana, sino del cumplimiento de una circular roja de la Interpol, cuando ocurrieron dichos sucesos la investigación por narcotráfico contra 'Santrich' se adelantaba en los Estados Unidos y no de Colombia; y después de mi retiro de la Fiscalía, esta obtuvo una orden judicial de captura contra 'Santrich' por narcotráfico, la que luego fue refrendada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, detalló Martínez.El exfiscal general también solicitó rectificar las declaraciones Novoa, entregadas en entrevista en el programa Pregunta Yamid, sobre una posible denuncia de la JEP sobre dicho entrampamiento.“Nunca la JEP ha denunciado un entrampamiento a Santrich. Lo remito simplemente a la denuncia penal que es de conocimiento público. Además, en la rueda de prensa respectiva en la que el presidente de la JEP anunció dicha actuación ratificó que el informe que le sirvió de sustento a la misma no hablaba de entrampamiento de manera categórica y repetida manifestó que en la denuncia de la JEP no se acusaba al exfiscal Martínez a pesar de lo cual Usted hizo esta afirmación temeraria en la televisión”, puntualizó el exfiscal.Martínez insistió que es necesaria la rectificación de Nova para en protección al derecho al buen nombre y que las declaraciones de Novoa se basan en realidades ilustradas.
Este martes 26 de marzo de 2023 se realizó una rueda de prensa desde Ginebra, Suiza, donde Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos, presentó sus hallazgos en un Informe al Consejo de Derechos Humanos, sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz, y la demanda de la JEP de marzo de 2023 (Caso 'Santrich').Sobre este último tema, el informe señala que habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la JEP en el caso de 'Jesús Santrich', exintegrante de las Farc-EP y negociador del Acuerdo de Paz. El informe recalca que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el acuerdo y en el sistema de justicia transicional.“Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, dice el informe.En el informe, Urrejola urge a la Fiscalía General de la Nación a dar prioridad a la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023, y a determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable, mediante la conformación de un grupo de expertos y expertas independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación. “La Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año”, dijo la experta.Recordemos que la JEP radicó en marzo de 2023 una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que los habrían “engañado”, según comentó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, cuando la jurisdicción estudiaba el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en mayo de 2019.“Pese a que existían órdenes judiciales de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación de entonces no le entregó a la jurisdicción toda la información -que fue requerida en varias oportunidades-, para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte. Esto último afectó la credibilidad en la JEP y en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”, indicó el magistrado Vidal.El informe recomienda “respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes.”
En una operación llevada a cabo por investigadores del CTI de la Fiscalía en Bogotá, ha sido capturado el exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carlos Julián Bermeo Casas. Esta captura responde al cumplimiento de una condena de 8 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá en septiembre de 2022.Bermeo fue sentenciado por el delito de cohecho propio, luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostrara que el exfuncionario recibió la suma de 40.000 dólares para incidir indebidamente en un trámite que se surtía en la JEP. Este trámite tenía como objetivo beneficiar a Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como alias Jesús Santrich.Se espera que Bermeo sea trasladado a un centro penitenciario para cumplir con la pena impuesta por los delitos cometidos en el ejercicio de su función como exfiscal de la JEP.Según la acusación de la Fiscalía, Bermeo trató de influir en personas de la JEP para retrasar el trámite de extradición de Jesús Santrich. "Bermeo era un servidor público y recibió 40.000 dólares al retardar un trámite que se surtía al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz; conforme a las funciones del encausado como Fiscal de Apoyo 2 para la Justicia Transicional, se concluye que tenía la competencia para ejecutar un acto contrario a sus funciones, que era torpedear el trámite de extradición de alias Jesús Santrich a través el retraso a las órdenes impartidas por los magistrados”, precisó el magistrado en su fallo.
El pasado 26 de julio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, designó a Antonia Urrejola como la encargada de investigar los posibles obstáculos a la paz que se han presentado en Colombia. Urrejola fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Gabriel Boric, en Chile.Es importante recordar que la JEP denunció a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron, la denuncia es por posible ocultamiento.Tras algunas visitas en Colombia y reuniones con funcionarios, instituciones, excombatientes y víctimas, entre otros; Antonia Urrejola entregó un balance preliminar sobre el caso, en el que asegura que sí hubo obstáculos.Por otro lado, si bien Urrejola aclara que no puede concluir que la detención de ‘Jesús Santrich’ sea la causa del surgimiento de la Segunda Marquetalia, dice que sí aceleró el regreso a las armas de varios excomandantes.“A partir de la detención de ‘Jesus Santrich’ sí existió posteriormente varios dirigentes de la exfarc que dejaron el acuerdo y tuvo un efecto de la información que he tenido de los propios firmantes, tuvo un efecto interno que venía de antes, la propia Comisión de la Verdad en su informe hace referencia al caso de ‘Jesús Santrich’, hace un recuento de las tensiones internas que tenían la Farc EP con anterioridad al caso ‘Jesus Santrich’, por eso yo no digo que el caso mismo es el responsable pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas”, explicó Urrejola.También señaló que hubo una “demora excesiva” por parte de la Fiscalía para entregar la información y que esto afectó el debido proceso, también informó que hubo persecución en contra de algunos funcionarios de la JEP que tenían, por ejemplo, la labor de autorizar la salida del país de firmantes de paz.“También el mismo hecho generó, por los testimonios que he tenido, una división interna de los propios firmantes del acuerdo quienes hoy están en el partido Comunes como también los que están en la Mesa Autónoma de Reincorporación y esas divisiones están ligadas a hechos anteriores, pero también en este caso específico de lo que pasó con ‘Jesús Santrich’ y también cuando ‘Ivan Márquez’ dejó el acuerdo y se fue de nuevo a las armas”, indicó Urrejola.Por último señaló que es importante cumplir con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y garantizar la seguridad de los excombatientes teniendo en cuenta que hay una “impunidad estructural” frente a las amenazas y homicidios de firmantes.“Una primera observación es que los hechos denunciados por la JEP del año 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, no se pueden leer de manera aislada, sino que hacen parte de un contexto político en el que un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contrario al acuerdo de paz y en el cual, actores importantes cuestionaron sobre todo las facultades y competencias de la JEP y de la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, finalizó.Le puede interesar:
Nuevamente revive el caso Santrich en Colombia, pues, en las últimas horas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para apoyar a Colombia con una mayor asistencia técnica a la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país. En esta resolución se refieren a las denuncias que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, recientemente en contra de funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, esto ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no, la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron y es por esto denunciaron a Ana Fabiola Castro, exdirectora de Asuntos Internacionales en la Fiscalía, por posible ocultamiento.“La nueva resolución dispone además que la oficina del alto comisionado designe un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los anunciados públicamente por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, y que identifique las consecuencias de estos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos y formule recomendaciones para superarlos”, señaló el comunicado de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.En la misma resolución de la ONU, se solicita al experto internacional, designado por el alto comisionado, que presente un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre los avances en el caso.Por último, la resolución le pide al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que proporcione a la oficina del alto comisionado los recursos que permitan aplicar esta resolución.Le puede interesar
El canciller Álvaro Leyva emitió un comunicado en el que informa que el consejo de ministros negó una recusación que había presentado el exfiscal Néstor Humberto Martínez en su contra y que seguirá en su propósito de que se cree una comisión de la ONU que investigue el supuesto entrampamiento a Jesús Santrich y otros firmantes del acuerdo de paz de las Farc.En el comunicado se explica que el exfiscal Martínez elevó la recusación después de que el canciller Leyva hablara de la necesidad de esa comisión internacional de investigación el pasado 24 de marzo en el Consejo de Seguridad de la ONU.“Curiosamente, sin haber mencionado nombres propios, el ciudadano colombiano Néstor Humberto Martínez Neira, abogado de profesión, elevó una acción de recusación dirigida a impedir actuaciones del canciller en el sentido por él anunciadas ante el referido organismo de Naciones Unidas”, señaló el canciller.E informó que el Consejo de Ministros reunido el lunes 8 de mayo, sin su presencia, negó la recusación interpuesta por el exfiscal y exministro Néstor Humberto Martínez Neira.Así las cosas, Leyva insistirá en que se cree esa comisión: “En consecuencia, el ministro Leyva comunica que procederá de conformidad a lo por él afirmado ante el consejo de seguridad en su última comparecencia. Su acción irá acompañada de copias debidamente expedidas de la denuncia penal presentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.Le puede interesar: siga la señal de Blu Radio en vivo
Este jueves, 13 de abril, se cumplió la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc, en donde el último en intervenir fue el canciller Álvaro Leyva, quien propuso la idea de una Comisión de Investigación Internacional para investigar el supuesto entrampamiento contra Jesús Santrich y otros exmiembros de esa guerrilla.Leyendo una parte del informe de la Comisión de Verificación, el canciller destacó aquella en la que señala que la JEP presentó denuncias contra exfuncionarios de la Fiscalía General por tres supuesto delitos en el 2018 “durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de Farc – EP, Seuxis Pausias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich quien volvió a las armas”.Por eso, el canciller señaló que “algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la JEP, por eso siento como mi obligación llamar la atención al Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz, de allí que después de reflexionarlo veremos si es conducente la creación de una comisión internacional de investigación de las Unidas Unidas”.Dijo además que ese tipo de comisiones se han conformado con el fin de investigar alegaciones de violaciones del Derecho Internacional y advirtió sobre la “creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz, mediante el entrampamiento realizado por extraños que ha generado la conformación de disidencias y el debilitamiento del acuerdo se hace necesaria la conformación de una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes con el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas”.La intervención de Rodrigo LondoñoDurante la sesión del Consejo de Seguridad también participó el presidente del Partido Comunes y otro líder de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, quien acusó al gobierno de Iván Duque de torpedear la implementación del acuerdo de paz al señalar que hubo “falta de voluntad política” para sacar adelante la reforma rural y advirtió que solo se avanzó en el 8 % del total de la compra de 3 millones de hectáreas.Adicionalmente, Londoño aseguró que apoya el objetivo de la paz total del Gobierno pero hizo un llamado a los grupos armados: "el Gobierno actual es democrático y progresista, su lucha contra él no tiene sentidos".Londoño también advirtió que el número de disidentes del acuerdo representa un número minúsculo y que esos grupos se han reproducido con gente nueva que se ha reclutado en los campos.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
La JEP denunció a la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Ana Fabiola Castro, por posible ocultamiento y maniobras fraudulentas en la información que se le solicitó en su momento al ente de control, cuando los magistrados de la Sección de Revisión debían decidir si le otorgaban o no la garantía de no extradición de alias 'Jesús Santrich', acusado por reincidir en el narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz.“La autoría de tales conductas punibles se predica en principio de quien fungía como directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General para ese momento (abril a diciembre de 2018), pero es muy probable que su actuar haya sido inducido, corealizado o auxiliado conscientemente por otras personas a quienes también debe extenderse la investigación”, se lee en la decisión de la JEP.También se solicita una investigación para personas indeterminadas de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez con el fin de que se determinen presuntas responsabilidades de otros funcionarios en este caso.En el mismo sentido, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, aseguró que en este caso la justicia transicional es víctima, pues a los magistrados que tomaron la decisión se les negó una información importante, afectando el nombre de la justicia especial.“La Jurisdicción Especial para la Paz basa su actividad judicial en el principio ético de la justicia restaurativa, lo cual implica el reconocimiento de las víctimas y del daño provocado por la actividad criminal como partes fundamentales de la reparación. Con la presente denuncia invocamos tales principios éticos en cuanto a que la JEP fue víctima de hechos que pudieron constituir delitos que tuvieron como propósito impedir el ejercicio de sus competencias constitucionales”, señaló el magistrado Roberto Vidal.Puede ver:
Justo cuando tenían sometida a una empleada para que les entregara el dinero, la Policía capturó a dos hombres que estarían relacionados con varios hurtos a establecimientos comerciales de una misma cadena en el Valle de Aburrá. Según las autoridades, estos negocios son atendidos en su mayoría por mujeres cabeza de familia, quienes han sido víctimas de los asaltos.El procedimiento más reciente se registró hacia las 4:40 de la madrugada en la comuna 11, Laureles, cuando los uniformados fueron alertados sobre un hurto al interior de uno de estos establecimientos.La información fue suministrada oportunamente por el funcionario encargado del sistema de vigilancia, lo que permitió la reacción de la Policía y la captura de los dos presuntos responsables en flagrancia, como lo destacó el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá."Gracias a la alerta oportuna del funcionario encargado del sistema de vigilancia, nuestros uniformados fueron advertidos sobre el hurto al interior del establecimiento. Durante el procedimiento, los uniformados sorprendieron a dos hombres sometiendo a una mujer auxiliar de la tienda, mientras sustraían aproximadamente 400.000 pesos de la caja registradora", indicó.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola con un proveedor que contenía 11 cartuchos. Además, establecieron que los hombres habrían coordinado previamente la utilización de un vehículo de transporte solicitado mediante una plataforma digital, con el propósito de facilitar su huida después de cometer el robo.Fajardo confirmó que los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.De acuerdo con el comandante, las verificaciones iniciales permitieron obtener información que apuntaría a la posible participación de estos hombres en otros hurtos contra establecimientos comerciales de la misma cadena en el área metropolitana.
Seis personas fueron capturadas en Bogotá por su presunta participación en una estructura delincuencial dedicada a vender drogas en pequeñas cantidades y cometer asesinatos por encargo.Sus principales víctimas eran habitantes en condición de calle, a quienes afectaban con la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores del sur de la capital. Según las autoridades, el grupo obtenía cerca de 100 millones de pesos mensuales producto de sus actividades ilegales.Se trata del grupo delincuencial ‘Illimani’, desarticulado en desarrollo de la operación Kratos, adelantada por la Policía Nacional, a través de la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.La investigación duró un año e incluyó seis allanamientos en la localidad de Ciudad Bolívar, seguimientos, agentes encubiertos y recolección de pruebas para identificar a sus integrantes y establecer cómo funcionaba la organización.Según las autoridades, esta estructura controlaba varios puntos de venta de drogas en el parque Illimani, la zona conocida como la invasión de la 14 y los alrededores del TransMiCable, en Ciudad Bolívar. Allí comercializaban estupefacientes en pequeñas dosis, distribuidas en cápsulas y papeletas, directamente a los consumidores.Para evitar que la Policía encontrara las drogas, los integrantes las escondían dentro de las paredes y debajo de las escaleras de diferentes viviendas. Además, cuando advertían la presencia policial, suspendían inmediatamente las ventas y se refugiaban en casas cercanas.Pero el negocio de las drogas también estaba acompañado de violencia. Las autoridades atribuyen a esta organización cuatro homicidios cometidos, presuntamente, por disputas para mantener el control de los lugares donde vendían los estupefacientes.Entre los casos investigados está el asesinato de un taxista, ocurrido el 15 de enero de 2025 en el barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, y un doble homicidio registrado el 9 de abril de ese año cerca del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, que dejó además tres personas heridas.Entre los seis capturados está alias ‘Teresa’, señalada como la cabecilla de la organización y encargada de coordinar las actividades criminales. Según la investigación, habría utilizado su propia vivienda para almacenar y preparar las drogas y presuntamente habría involucrado a integrantes de su familia en el transporte de las sustancias hacia los vendedores.También fue identificado alias ‘Roger’, segundo al mando, quien coordinaba la distribución de los estupefacientes y habría tenido un papel principal en la organización de los homicidios.Mientras tanto, los otros señalados integrantes son alias ‘La Gorda’, ‘Gancho’, ‘Tratra’ y ‘Perro Loco’, quienes se encargaban de vender las drogas. Además, alias ‘Gancho’ y ‘Tratra’ cumplían funciones de campaneros: vigilaban los movimientos de las posibles víctimas y alertaban a los sicarios sobre su ubicación para facilitar los asesinatos.Alias ‘Roger’ ya estaba en prisión desde agosto de 2025, cuando fue capturado en el barrio Sierra Morena por porte ilegal de armas de fuego.La Policía informó que cinco de los seis integrantes registraban anotaciones por tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego, hurto y amenazas. La Fiscalía les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
Una mujer de 33 años fue capturada por el presunto delito de estímulo a la prostitución de menores de edad, luego de que las autoridades evidenciaran el ingreso de adolescentes a las habitaciones de un motel ubicado en el municipio de Pinchote, Santander, sin que se realizara la respectiva verificación de identidad y edad.De acuerdo con el reporte de la Policía de Santander, el procedimiento se llevó a cabo luego de recibir información de la comunidad sobre posibles irregularidades en el establecimiento. Tras adelantar las verificaciones correspondientes y realizar una inspección voluntaria de las cámaras de seguridad del motel, los uniformados encontraron registros que evidenciarían el ingreso de menores de edad a las habitaciones.Por estos hechos fue capturada la mujer, quien se desempeñaba como encargada del establecimiento comercial y, según las autoridades, habría permitido el acceso de los menores sin los controles necesarios.Adicionalmente, la Policía ordenó la suspensión temporal de la actividad económica del motel durante ocho días.El reporte indica que la mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente junto con los registros fílmicos recopilados durante el procedimiento, que servirán como elementos materiales probatorios dentro de la investigación.El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, reiteró que las autoridades continuarán adelantando acciones para prevenir hechos que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes en el departamento.En otro operativo, la Policía de Santander reportó la captura de otras dos personas, de 37 y 34 años, señaladas de estar involucradas en un caso de violencia intrafamiliar contra una adolescente de 12 años. La menor habría sido víctima de una agresión y fue rescatada por los uniformados tras recibir una denuncia sobre lo ocurrido.La adolescente fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, para recibir valoración médica especializada. Durante el procedimiento, realizado en el sector La Feria – Bavaria, en el municipio de Pinchote, las autoridades incautaron un machete que, al parecer, habría sido utilizado en los hechos. Los dos capturados también quedaron a disposición de la autoridad competente.
Seis militares que resultaron heridos durante el ataque con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, y que fueron trasladados a centros asistenciales de Barrancabermeja, permanecen estables y fuera de peligro, según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud del distrito.La secretaria de Salud de Barrancabermeja, Milagros Jiménez, confirmó que los uniformados se encuentran en condiciones generales estables y reciben atención médica especializada por parte de los servicios de medicina interna y ortopedia.De acuerdo con la funcionaria, los equipos médicos adelantan las valoraciones correspondientes para identificar posibles complicaciones y determinar los procedimientos que requiere cada uno de los pacientes.“Los pacientes se encuentran en condiciones generales estables, recibiendo atención médica especializada por medicina interna u ortopedia, con el fin de valorar posibles complicaciones y definir las conductas a seguir”, señaló Jiménez.Por su parte, la administración distrital reiteró que los seis militares no presentan condiciones de gravedad y permanecen en proceso de recuperación. Asimismo, indicó que los centros asistenciales de Barrancabermeja continúan en alerta y con disponibilidad para atender cualquier otro requerimiento relacionado con esta emergencia.Cabe recordar que 22 soldados heridos en el ataque con drones perpetrado en Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron trasladados a Santander para recibir atención médica, en medio de la emergencia ocasionada por esta acción armada.Las autoridades rechazaron el ataque contra la Fuerza Pública y reiteraron su preocupación por los hechos de violencia que afectan la seguridad y la tranquilidad de esta zona del país.
La investigación que adelanta la justicia desde hace 26 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado en relación con sus posibles vínculos con grupos paramilitares, por ahora seguirá en manos de la Fiscalía, luego de que la Corte Constitucional se inhibiera de definir si el caso debía pasar o no a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.Siete de los magistrados de la Corte consideraron que el conflicto de competencias, como se denomina jurídicamente esta discusión, había quedado mal planteado y por lo tanto se inhibieron de definirlo, ante lo cual, el proceso seguirá en manos de la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Dos magistrados, Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo, salvaron el voto pues consideraban que el caso debía ser asumido por la Comisión de Acusación de la Cámara.El asunto de fondo radica en las fechas en las que eventualmente, Álvaro Uribe habría tenido vínculos con el paramilitarismo: desde la Fiscalía se considera que la presunta responsabilidad del expresidente en las masacres de La Granja y El Aro, en 1996 y 1997, se habría dado cuando Uribe se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, por lo que el caso debería ser asumido por la justicia ordinaria.Otra opinión tiene la Comisión de Acusación de la Cámara, que radicó un documento ante la Corte argumentando que el proceso contra el expresidente Uribe debe ser asumido por esa célula legislativa, tras considerar que en el expediente se habla de un remezón de oficiales de la Fuerza Pública en 2003, presuntamente relacionado con los casos investigados, por lo que el delito eventualmente habría tenido continuidad en el tiempo, incluso cuando Uribe se desempeñó como jefe de Estado.En cualquier caso, la puerta no quedó cerrada definitivamente para una nueva solicitud en el mismo sentido, que eventualmente podría llegar en otra oportunidad a la Corte Constitucional.Mientras tanto, la Fiscalía ya fijó la fecha para la continuación de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, que tendrá que comparecer el próximo 11 de diciembre.Hay que tener en cuenta que este mismo caso, el del expresidente Álvaro Uribe, que ha sido la principal bandera política de figuras de la izquierda como el caso del excandidato Iván Cepeda, ha producido una profunda división en el Pacto Histórico sobre quién debe asumir el proceso contra el exjefe de Estado.