La Fiscalía General resolvió archivar la investigación contra la exdirectora de asuntos internacionales de esa entidad Ana Fabiola Castro, y contra Javier Cárdenas, investigador del CTI, por supuestamente ocultar información que frenó la extradición hacia Estados Unidos de alias ‘Jesús Santrich’.En marzo de 2023, la JEP pidió a la Fiscalía General que “investigara las conductas de antiguos servidores del ente acusador en el proceso mediante el cual se le otorgó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte en mayo de 2019”.En ese momento, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, aseguró que las presuntas irregularidades de Fabiola Castro “afectaron la credibilidad en la JEP y en el acuerdo final de paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”.Pues el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia consideró que no existieron los delitos que le endilgaron a la exfuncionaria, es decir, fraude a resolución judicial y ocultamiento de pruebas.La Fiscalía afirmó que la entonces funcionaria no tenía la facultad legal para iniciar un proceso de asistencia judicial a los Estados Unidos. Esta responsabilidad recaía en el Ministerio de Justicia que debía iniciar el trámite de cooperación judicial mediante mecanismos diplomáticos, no a través de una orden directa de la Fiscalía General de la Nación.Según la Fiscalía, Ana Fabiola Castro Rivera cumplió con todos los requerimientos de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP y la Corte Constitucional, basándose en el material disponible en el expediente de extradición.Asimismo, Javier Eduardo Cárdenas Parra, investigador II del CTI, dio trámite al requerimiento hecho por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP en octubre de 2018.
A través de una carta, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez le pidió al actual jefe negociador del Gobierno con las disidencias de la Segunda Marquetalia Armando Novoa, que rectifique sus afirmaciones sobre un presunto entrampamiento por parte del ente acusador contra Seuxis Pausias Hernández, alias 'Jesús Santrich'.Martínez aseguró que esto no es cierto ni tampoco puede usarse como un argumento para justificar que quienes firmaron el acuerdo de La Habana en 2016 hayan regresado a la ilegalidad.Para respaldar esto, recuerda que la captura con fines de extradición en abril de 2018 se dio por una circular roja vigente de Interpol pedida por Estados Unidos mientras que la investigación por parte de la Fiscalía y la nueva orden de detención se dio mayo de 2019, luego de que la JEP garantizar que no saldría del país y, para ese momento Martínez ya había presentado su renuncia.“Durante el tiempo que ejercí como fiscal general, ningún fiscal delegado solicitó la captura de alias 'Santrich', la captura inicial en abril del 2019 no fue producto de una decisión judicial colombiana, sino del cumplimiento de una circular roja de la Interpol, cuando ocurrieron dichos sucesos la investigación por narcotráfico contra 'Santrich' se adelantaba en los Estados Unidos y no de Colombia; y después de mi retiro de la Fiscalía, esta obtuvo una orden judicial de captura contra 'Santrich' por narcotráfico, la que luego fue refrendada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, detalló Martínez.El exfiscal general también solicitó rectificar las declaraciones Novoa, entregadas en entrevista en el programa Pregunta Yamid, sobre una posible denuncia de la JEP sobre dicho entrampamiento.“Nunca la JEP ha denunciado un entrampamiento a Santrich. Lo remito simplemente a la denuncia penal que es de conocimiento público. Además, en la rueda de prensa respectiva en la que el presidente de la JEP anunció dicha actuación ratificó que el informe que le sirvió de sustento a la misma no hablaba de entrampamiento de manera categórica y repetida manifestó que en la denuncia de la JEP no se acusaba al exfiscal Martínez a pesar de lo cual Usted hizo esta afirmación temeraria en la televisión”, puntualizó el exfiscal.Martínez insistió que es necesaria la rectificación de Nova para en protección al derecho al buen nombre y que las declaraciones de Novoa se basan en realidades ilustradas.
Este martes 26 de marzo de 2023 se realizó una rueda de prensa desde Ginebra, Suiza, donde Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos, presentó sus hallazgos en un Informe al Consejo de Derechos Humanos, sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz, y la demanda de la JEP de marzo de 2023 (Caso 'Santrich').Sobre este último tema, el informe señala que habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la JEP en el caso de 'Jesús Santrich', exintegrante de las Farc-EP y negociador del Acuerdo de Paz. El informe recalca que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el acuerdo y en el sistema de justicia transicional.“Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, dice el informe.En el informe, Urrejola urge a la Fiscalía General de la Nación a dar prioridad a la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023, y a determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable, mediante la conformación de un grupo de expertos y expertas independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación. “La Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año”, dijo la experta.Recordemos que la JEP radicó en marzo de 2023 una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que los habrían “engañado”, según comentó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, cuando la jurisdicción estudiaba el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en mayo de 2019.“Pese a que existían órdenes judiciales de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación de entonces no le entregó a la jurisdicción toda la información -que fue requerida en varias oportunidades-, para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte. Esto último afectó la credibilidad en la JEP y en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP”, indicó el magistrado Vidal.El informe recomienda “respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes.”
En una operación llevada a cabo por investigadores del CTI de la Fiscalía en Bogotá, ha sido capturado el exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carlos Julián Bermeo Casas. Esta captura responde al cumplimiento de una condena de 8 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá en septiembre de 2022.Bermeo fue sentenciado por el delito de cohecho propio, luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostrara que el exfuncionario recibió la suma de 40.000 dólares para incidir indebidamente en un trámite que se surtía en la JEP. Este trámite tenía como objetivo beneficiar a Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como alias Jesús Santrich.Se espera que Bermeo sea trasladado a un centro penitenciario para cumplir con la pena impuesta por los delitos cometidos en el ejercicio de su función como exfiscal de la JEP.Según la acusación de la Fiscalía, Bermeo trató de influir en personas de la JEP para retrasar el trámite de extradición de Jesús Santrich. "Bermeo era un servidor público y recibió 40.000 dólares al retardar un trámite que se surtía al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz; conforme a las funciones del encausado como Fiscal de Apoyo 2 para la Justicia Transicional, se concluye que tenía la competencia para ejecutar un acto contrario a sus funciones, que era torpedear el trámite de extradición de alias Jesús Santrich a través el retraso a las órdenes impartidas por los magistrados”, precisó el magistrado en su fallo.
El pasado 26 de julio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, designó a Antonia Urrejola como la encargada de investigar los posibles obstáculos a la paz que se han presentado en Colombia. Urrejola fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Gabriel Boric, en Chile.Es importante recordar que la JEP denunció a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron, la denuncia es por posible ocultamiento.Tras algunas visitas en Colombia y reuniones con funcionarios, instituciones, excombatientes y víctimas, entre otros; Antonia Urrejola entregó un balance preliminar sobre el caso, en el que asegura que sí hubo obstáculos.Por otro lado, si bien Urrejola aclara que no puede concluir que la detención de ‘Jesús Santrich’ sea la causa del surgimiento de la Segunda Marquetalia, dice que sí aceleró el regreso a las armas de varios excomandantes.“A partir de la detención de ‘Jesus Santrich’ sí existió posteriormente varios dirigentes de la exfarc que dejaron el acuerdo y tuvo un efecto de la información que he tenido de los propios firmantes, tuvo un efecto interno que venía de antes, la propia Comisión de la Verdad en su informe hace referencia al caso de ‘Jesús Santrich’, hace un recuento de las tensiones internas que tenían la Farc EP con anterioridad al caso ‘Jesus Santrich’, por eso yo no digo que el caso mismo es el responsable pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas”, explicó Urrejola.También señaló que hubo una “demora excesiva” por parte de la Fiscalía para entregar la información y que esto afectó el debido proceso, también informó que hubo persecución en contra de algunos funcionarios de la JEP que tenían, por ejemplo, la labor de autorizar la salida del país de firmantes de paz.“También el mismo hecho generó, por los testimonios que he tenido, una división interna de los propios firmantes del acuerdo quienes hoy están en el partido Comunes como también los que están en la Mesa Autónoma de Reincorporación y esas divisiones están ligadas a hechos anteriores, pero también en este caso específico de lo que pasó con ‘Jesús Santrich’ y también cuando ‘Ivan Márquez’ dejó el acuerdo y se fue de nuevo a las armas”, indicó Urrejola.Por último señaló que es importante cumplir con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y garantizar la seguridad de los excombatientes teniendo en cuenta que hay una “impunidad estructural” frente a las amenazas y homicidios de firmantes.“Una primera observación es que los hechos denunciados por la JEP del año 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, no se pueden leer de manera aislada, sino que hacen parte de un contexto político en el que un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contrario al acuerdo de paz y en el cual, actores importantes cuestionaron sobre todo las facultades y competencias de la JEP y de la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, finalizó.Le puede interesar:
Nuevamente revive el caso Santrich en Colombia, pues, en las últimas horas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para apoyar a Colombia con una mayor asistencia técnica a la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país. En esta resolución se refieren a las denuncias que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, recientemente en contra de funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, esto ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no, la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron y es por esto denunciaron a Ana Fabiola Castro, exdirectora de Asuntos Internacionales en la Fiscalía, por posible ocultamiento.“La nueva resolución dispone además que la oficina del alto comisionado designe un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los anunciados públicamente por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, y que identifique las consecuencias de estos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos y formule recomendaciones para superarlos”, señaló el comunicado de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.En la misma resolución de la ONU, se solicita al experto internacional, designado por el alto comisionado, que presente un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre los avances en el caso.Por último, la resolución le pide al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que proporcione a la oficina del alto comisionado los recursos que permitan aplicar esta resolución.Le puede interesar
El canciller Álvaro Leyva emitió un comunicado en el que informa que el consejo de ministros negó una recusación que había presentado el exfiscal Néstor Humberto Martínez en su contra y que seguirá en su propósito de que se cree una comisión de la ONU que investigue el supuesto entrampamiento a Jesús Santrich y otros firmantes del acuerdo de paz de las Farc.En el comunicado se explica que el exfiscal Martínez elevó la recusación después de que el canciller Leyva hablara de la necesidad de esa comisión internacional de investigación el pasado 24 de marzo en el Consejo de Seguridad de la ONU.“Curiosamente, sin haber mencionado nombres propios, el ciudadano colombiano Néstor Humberto Martínez Neira, abogado de profesión, elevó una acción de recusación dirigida a impedir actuaciones del canciller en el sentido por él anunciadas ante el referido organismo de Naciones Unidas”, señaló el canciller.E informó que el Consejo de Ministros reunido el lunes 8 de mayo, sin su presencia, negó la recusación interpuesta por el exfiscal y exministro Néstor Humberto Martínez Neira.Así las cosas, Leyva insistirá en que se cree esa comisión: “En consecuencia, el ministro Leyva comunica que procederá de conformidad a lo por él afirmado ante el consejo de seguridad en su última comparecencia. Su acción irá acompañada de copias debidamente expedidas de la denuncia penal presentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.Le puede interesar: siga la señal de Blu Radio en vivo
Este jueves, 13 de abril, se cumplió la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc, en donde el último en intervenir fue el canciller Álvaro Leyva, quien propuso la idea de una Comisión de Investigación Internacional para investigar el supuesto entrampamiento contra Jesús Santrich y otros exmiembros de esa guerrilla.Leyendo una parte del informe de la Comisión de Verificación, el canciller destacó aquella en la que señala que la JEP presentó denuncias contra exfuncionarios de la Fiscalía General por tres supuesto delitos en el 2018 “durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de Farc – EP, Seuxis Pausias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich quien volvió a las armas”.Por eso, el canciller señaló que “algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la JEP, por eso siento como mi obligación llamar la atención al Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz, de allí que después de reflexionarlo veremos si es conducente la creación de una comisión internacional de investigación de las Unidas Unidas”.Dijo además que ese tipo de comisiones se han conformado con el fin de investigar alegaciones de violaciones del Derecho Internacional y advirtió sobre la “creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz, mediante el entrampamiento realizado por extraños que ha generado la conformación de disidencias y el debilitamiento del acuerdo se hace necesaria la conformación de una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes con el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas”.La intervención de Rodrigo LondoñoDurante la sesión del Consejo de Seguridad también participó el presidente del Partido Comunes y otro líder de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, quien acusó al gobierno de Iván Duque de torpedear la implementación del acuerdo de paz al señalar que hubo “falta de voluntad política” para sacar adelante la reforma rural y advirtió que solo se avanzó en el 8 % del total de la compra de 3 millones de hectáreas.Adicionalmente, Londoño aseguró que apoya el objetivo de la paz total del Gobierno pero hizo un llamado a los grupos armados: "el Gobierno actual es democrático y progresista, su lucha contra él no tiene sentidos".Londoño también advirtió que el número de disidentes del acuerdo representa un número minúsculo y que esos grupos se han reproducido con gente nueva que se ha reclutado en los campos.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
La JEP denunció a la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Ana Fabiola Castro, por posible ocultamiento y maniobras fraudulentas en la información que se le solicitó en su momento al ente de control, cuando los magistrados de la Sección de Revisión debían decidir si le otorgaban o no la garantía de no extradición de alias 'Jesús Santrich', acusado por reincidir en el narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz.“La autoría de tales conductas punibles se predica en principio de quien fungía como directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General para ese momento (abril a diciembre de 2018), pero es muy probable que su actuar haya sido inducido, corealizado o auxiliado conscientemente por otras personas a quienes también debe extenderse la investigación”, se lee en la decisión de la JEP.También se solicita una investigación para personas indeterminadas de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez con el fin de que se determinen presuntas responsabilidades de otros funcionarios en este caso.En el mismo sentido, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, aseguró que en este caso la justicia transicional es víctima, pues a los magistrados que tomaron la decisión se les negó una información importante, afectando el nombre de la justicia especial.“La Jurisdicción Especial para la Paz basa su actividad judicial en el principio ético de la justicia restaurativa, lo cual implica el reconocimiento de las víctimas y del daño provocado por la actividad criminal como partes fundamentales de la reparación. Con la presente denuncia invocamos tales principios éticos en cuanto a que la JEP fue víctima de hechos que pudieron constituir delitos que tuvieron como propósito impedir el ejercicio de sus competencias constitucionales”, señaló el magistrado Roberto Vidal.Puede ver:
El pasado 3 de febrero la Jurisdicción Especial para La Paz, informó que iba a denunciar ante la justicia a funcionarios de la Fiscalía que habrían cometido delitos en el caso de alias ‘Santrich’.El fiscal Francisco Barbosa aseguró que hasta el momento no han recibido ni conocen que la JEP haya denunciado formalmente el supuesto entrampamiento que hicieron algunos funcionarios de la anterior administración, liderada por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, hayan hecho a los exintegrantes de las FARC que se unieron a los acuerdos de paz y después retomaron las armas.“¿Qué hubo entrampamiento? Aquí conforme a la información que nosotros tenemos, no hubo ningún entrampamiento de la Fiscalía General de la Nación y si los hubo estamos esperando la denuncia de la JEP para que nos digan dónde estuvo exactamente”, aseguró Barbosa.El Fiscal aseguró que: “los Estados Unidos hay sentencias condenatorias contra personas capturadas en el marco de ese proceso, o sea, le estaríamos diciendo a ese país que utilizó falsos procedimientos para condenar gente. Eso es gravísimo”.La reacción del máximo representante del ente investigador se dio después de que el presidente de la JEP denunciara hace casi un mes que iba a llevar ante la justicia información que involucraría a varios funcionarios de la anterior administración de la Fiscalía por delitos cometidos en el caso ‘Santrich’.Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?Le puede interesar: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2023?