El informe anual elaborado por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos que incluyó a Colombia enel listado de los 20 países del mundo en riesgo de padecer una crisis de hambre en 2022, ocasionó una nueva controversia entre la ONU y el gobierno del presidente Iván Duque.
El documento, publicado el viernes pasado en Roma, afirma que más de 7 millones de colombianos sufren inseguridad alimentaria y señala que la situación podría deteriorarse en los próximos meses por la inestabilidad política, los desafíos económicos y la constante migración venezolana.
Según ese informe, Colombia está al nivel de países como Haití, Honduras, Afganistán, Birmania entre otros, incluso, con unos índices peores que los de Venezuela, que a todas luces tiene una situación mucho más difícil que la realidad colombiana frente al hambre.
En las últimas horas, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el ministro de Agricultura Rodolfo Zea y otros funcionarios del gobierno le pidieron directamente a la oficina de la FAO en Roma que rectifiquen el informe y que temporalmente retiren a Colombia del mismo, pues no comparten las conclusiones que se muestran.
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Incluso, el representante de la FAO en Colombia, Jorge Bojanic, reconoció que el informe no refleja lo que pretendía decirse sobre la situación de lucha contra el hambre en el país, puesto que incluso reconoce “grandes esfuerzos del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria y destaca el trabajo del Ministro de Agricultura liderando esfuerzos durante la pandemia frente a la distribución de productos agropecuarios” y terminó diciendo que “sería injusto no reconocer el esfuerzo y los recursos comprometidos”.
En medio de los esfuerzos de entidades gubernamentales, hay una realidad que no se puede ocultar, relacionada con la crítica situación por falta de comida en departamentos como La Guajira, Chocó y Vichada entre otros, particularmente entre población vulnerable y por eso, aunque el panorama pintado inicialmente por la FAO puede resultar distorsionado, no podemos entrar en estado de negación frente al hambre que padecen millones de hogares colombianos.
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El tema fue tan controvertido que incluso propició un debate entre los candidatos presidenciales Alejandro Gaviria y Gustavo Petro, sobre la conveniencia o no de aumentar los precios de los aranceles a la importación de insumos y productos alimenticios como principio de la solución a la actual coyuntura.
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