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¿Por qué el uribismo cree que contrato viejo de exmagistrado lo inhabilitaba en proceso?

En el Centro Democrático se asegura que César Augusto Reyes debió declararse impedido. El contrato data de 2016.

376518_Caso Uribe - Corte Suprema // Fotos: AFP - Rama Judicial
Caso Uribe - Corte Suprema // Fotos: AFP - Rama Judicial

Tres novedades se han conocido en las últimas horas en torno al proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal:

La Fiscalía emitió un escueto comunicado en el que informa que una vez reciba el expediente, se asignará a un fiscal que “asumirá con autonomía y tomará las decisiones necesarias” respetando las garantías constitucionales para Uribe, para las víctimas y para los demás involucrados.

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También hace un llamado a la sociedad y a los diferentes actores públicos a respetar el rol autónomo e independiente de la Fiscalía y de los funcionarios de la Rama Judicial.

La segunda novedad es la recusación que entabló el senador Iván Cepeda contra el fiscal general Francisco Barbosa y contra la vicefiscal Martha Mancera, para que la Corte Suprema nombre un fiscal ad hoc que, según él, permita garantizar independencia en el manejo del proceso.

La tercera novedad se produjo anoche tras una revelación proveniente del Centro Democrático, de un contrato firmado el 14 de julio de 2016 por el magistrado César Augusto Reyes, entonces litigante que tenía una oficina de abogados, con el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República, por 575 millones de pesos, para “establecer la situación jurídica y el estado de salud de las personas con medida de aseguramiento o condenadas” que estuvieran en la lista de exguerrilleros de las Farc.

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Para activistas y defensores de Uribe, el contrato de Reyes, suscrito dos años y tres meses antes de haber sido elegido como magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, según dicen, enemigo de Uribe, es causal de impedimento para que Reyes hubiera conocido el proceso contra el expresidente y traen a colación el caso de la magistrada Cristina Lombana, quien fue recusada por el senador Iván Cepeda por haber sido subalterna del abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados y porque como militar, fue subordinada del expresidente.

Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:

 

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