La Procuraduría tomó las primeras decisiones de fondo que el país le está pidiendo a los órganos de control, para saber quiénes son los responsables de la crisis que desde hace 10 meses vive Hidroituango.
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En las últimas horas, se conoció el inicio de una investigación formal contra los integrantes de la junta directiva de EPM, de Hidroituango y contra algunos funcionarios del ANLA, muchos de ellos “pesos pesados” de la política y de la clase empresarial antioqueña, en principio para que respondan por la catástrofe ambiental que se viene presentando desde el 29 de abril de 2018, cuando comenzaron las contingencias en la obra.
Sobre el tema ambiental, la Procuraduría no solamente habló con los habitantes de los pueblos que viven a orillas del río Cauca y que vieron cómo ese caudal bravo y sólido que vieron siempre, se redujo durante varios días al tamaño de una triste quebrada, con las consecuencias directas incluso que podría haber puesto en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias cuya única fuente de subsistencia es la pesca.
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Además de eso, solicitó a las ocho corporaciones autónomas regionales información sobre los daños ambientales que se hayan provocado por el cierre de las compuertas, como tuvo que hacerlo Hidroituango.
Para efectos de las investigaciones disciplinarias, desde septiembre del año pasado se adelantaba una indagación por presuntos riesgos ambientales, sociales y económicos causados por la construcción de la represa, en particular frente a la flora, a la fauna, a la población y a la infraestructura. Esa indagación comenzó a tomar forma para convertirse en investigación formal el pasado dos de febrero, cuando arrancó la más reciente contingencia
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