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El presidente Gustavo Petro sancionó una ley que establece nuevas reglas para la publicación de encuestas de intención de voto en época electoral, como la que se avecina en el país.
"Ha sido sancionada la Ley de Encuestas que regula a las encuestas, su publicación, fortalece la vigilancia del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre ellas y es una iniciativa parlamentaria de varios congresistas", dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Lo principal de la nueva ley es que limita los periodos en los cuales se pueden publicar las encuestas, algo que solo podrá hacerse cuando falten tres meses para el inicio de inscripción de candidaturas y no en cualquier momento, como se ha hecho hasta ahora.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que organiza los comicios, "el 8 de noviembre de 2025 se iniciará la inscripción de candidatos para las elecciones de Congreso", con lo cual las primeras encuestas de intención de voto para Senado y Cámara de Representantes solo podrán publicarse a partir del próximo 8 de agosto.
En diálogo con Mañanas Blu, la senadora del Pacto Histórico Clara López entregó detalles sobre la ley que desde ya ha generado la preocupación y malestar de los encuestadores y varios sectores políticos.
De acuerdo con la senadora, la ley limita su contenido y el tiempo de publicación y explicó: "Se pueden hacer en todo tiempo encuestas de opinión relacionadas con favorabilidad, con reconocimiento, con opinión de candidatos y personas o gestión de funcionarios públicos, pero se limita la propiamente intención de voto a tres meses antes de la apertura de la inscripción de candidatos, lo que significa en el caso presidencial, siete meses antes de las elecciones".
La senadora defiende la ley, asegura que con ella buscan garantizar el rigor técnico, transparencia y equidad electoral y lo que es más importante, la trazabilidad de los resultados y su replicabilidad técnica en caso de que se presenten dudas sobre su idoneidad.
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Por otro lado respondió al sector de los encuestadores, quienes aseguraron que ahora las encuestas costarían el doble, lo que calificó como exagerado.
"Estamos hablando de más o menos 2.000 encuestas, porque en el tamaño, el tamaño de la muestra y su diseño técnico probabilístico es fundamental para conocer que sí tenga la capacidad de ser representativa de la opinión pública. Entonces, ¿Qué sacamos con que se saquen encuestas que no reflejen realmente por su tamaño y por su diseño, que tengan la posibilidad de replicar como una especie de espejo, una especie de retrato cómo está la opinión pública? Entonces el tema es de calidad, el tema busca sin lugar a dudas garantizar calidad y rigor técnico", dijo.
La nueva ley establece además criterios técnicos para las encuestas, que deben garantizar la representatividad de la población, y las firmas demoscópicas tendrán que entregar al CNE los ficheros de datos y códigos de los sondeos.
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