Las Comisiones Primeras Conjuntas del Congreso de la República aprobaron el proyecto de Ley de Sometimiento a la justicia presentado por el Gobierno nacional, una iniciativa que busca establecer las condiciones para que integrantes de grupos armados y bandas criminales se sometan a la justicia, sin que ello implique la apertura de mesas de negociación ni el reconocimiento de estatus político.
El proyecto avanzó en medio de una carrera contra el tiempo, debido a que la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, debe renovarse cada cuatro años. Esta norma constituye el marco jurídico que permite a cada Gobierno definir las estrategias para enfrentar la criminalidad.
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El plazo para su renovación vence el próximo 4 de noviembre de 2026.
Tras la aprobación, el segundo debate deberá citarse ocho días después de aprobado por las comisiones. Es decir, el próximo jueves 28 de octubre se anunciaría la fecha del debate y desde ese jueves tendrían solo seis días para superar los debates en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la iniciativa conserva, en términos generales, la estructura con la que fue presentada por el Ejecutivo, aunque durante el trámite se introdujeron modificaciones en algunos de sus componentes.
Uno de los cambios más relevantes establece que el interlocutor de los grupos armados o las bandas criminales ante la justicia ya no tendrá que ser obligatoriamente un abogado. A partir del ajuste, podrá ser cualquier persona designada por la organización al margen de la Ley, sin que esa representación le otorgue estatus político.
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El ministro también señaló que se introdujeron ajustes para fortalecer la protección de las víctimas, precisar las disposiciones relacionadas con colaboradores y testaferros, y reforzar las medidas frente al reclutamiento de menores de edad.
“La persona tiene que entregar la lista de bienes y tendrá que ser verificada por la Fiscalía General de la Nación, no tendrá los beneficios el primer año, sino a los tres años. Frente al reclutamiento tampoco habrá impunidad tienen que, además de entregar y restablecer los derechos de la niñez, un deber jurídico de decir la verdad reforzado y si tuvieron mando en el feclutamiento la sanción no podráser inferior a un monto alto de la pena", explicó Cancino.
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La propuesta contempla beneficios judiciales diferenciados según el nivel de participación dentro de los grupos armados. Los integrantes rasos podrán acceder a reducciones de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas se establece una reducción máxima del 30 % de las penas acumuladas.
Asimismo, la iniciativa establece que el sometimiento no supondrá la suspensión de las operaciones militares ni el levantamiento de las órdenes de captura. Tampoco implicará la eliminación de las medidas de extradición.
Entre las obligaciones previstas, los integrantes de los grupos deberán entregar los bienes obtenidos ilícitamente y proporcionar información sobre las rutas del narcotráfico, como parte de las condiciones contempladas en el mecanismo de sometimiento.
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Luego de la aprobación en las comisiones conjuntas, el Gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en conseguir el respaldo de las plenarias de ambas cámaras para completar el trámite legislativo dentro del plazo previsto.
En la tarde, antes de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara su salida, el entonces ministro del Interior Rodrigo Lara, había hecho una vehemente defensa del proyecto y dio claridades sobre varios puntos.
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"Esto va para el que vive de la cocaína, del oro ilegal, de la extorsión, sin reconocerle, de ninguna manera, estatus político, se les ofrece es justicia", enfatizó el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, sobre el proyecto.
Lara recordó que "no se crea una justicia paralela, ni cárceles a la medida".
"Aquí no hay tribunal especial, no hay jurisdicción nueva, no hay amnistías, lo que hay, básicamente, es un marco para someterse a la Fiscalía y un juzgamiento por parte de jueces ordinarios de la República, con el Código de Procedimiento Penal a la mano", explicó el ministro.
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Lara salió del Congreso aproximadamente a las 8:10 de la noche, luego de una breve declaración a periodistas en el salón social del recinto de sesiones del Senado, cuando aún estaba el debate en desarrollo. Media hora después se conoció su salida del cargo, el cual temporalmente ocupa el ministro de Justicia, Iván Cancino, mientras asume el nuevo titular, Alejandro Ordóñez Maldonado.