A tan solo dos días de que se radicara el proyecto de ley de sometimiento o acogimiento por parte del Gobierno y se presentara el respectivo mensaje de urgencia, ya fue radicada la ponencia positiva para el primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Congreso.
Aunque la iniciativa mantiene la decisión de no realizar negociaciones políticas con grupos armados ilegales, entre los principales cambios incluidos por los congresistas ponentes está la inclusión de un filtro de control para la acreditación de los miembros de las estructuras ilegales.
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En la versión inicial, el Ministerio de Justicia recibía de buena fe los listados de integrantes presentados por las organizaciones. Sin embargo, la ponencia establece que la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación deberán hacer una verificación previa para validar los nombres antes de que el Ministerio acepte formalmente las listas, evitando que personas ajenas a los grupos armados o “colados” accedan a beneficios penales.
En materia de tratamiento penal, los ponentes reemplazaron la noción de "rol de liderazgo" por la figura técnica de "rol de mando", alineando el vocabulario del proyecto con el Código Penal. Además, se aclaró que la acumulación de incentivos penales aplicará únicamente a los combatientes de base sin rol de mando. Para los líderes de las organizaciones se mantiene una pena mínima de 10 años de prisión.
En el ámbito de la transparencia y el control institucional, la ponencia precisó que las contrataciones directas de carácter reservado del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) se destinarán única y exclusivamente a proyectos de la fuerza pública. De igual forma, la obligación del Ministerio de Justicia de rendir un informe público anual ante el Congreso sobre los avances y dificultades de la norma se convirtió en un artículo independiente, garantizando una veeduría legislativa permanente.
Con la ponencia, el articulado pasará de 22 a 28 artículos buscando facilitar la aplicación judicial de la norma por parte de la Fiscalía y los jueces. Se espera que el primer debate se lleve a cabo la próxima semana.