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La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, presentó este miércoles 2 de julio una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra su colega Denuncian a Isabel Zuleta tras polémica Medellín: "Hubo vicios jurídicos graves, se debe investigar" del Pacto Histórico, por presunto abuso de función pública. El hecho está relacionado con el polémico evento del pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, al que asistieron varios líderes de estructuras criminales que se encuentran actualmente condenados.
Según Holguín, la senadora Zuleta gestionó ante el INPEC el traslado de los internos desde la cárcel de Itagüí sin tener la facultad legal para hacerlo. “Ni como senadora de la República, ni como coordinadora de la mesa sociojurídica con estructuras criminales está autorizada para solicitar ese traslado. Eso solo lo puede autorizar un juez de ejecución de penas”, afirmó.
La denuncia de Holguín también incluye al teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Anabria, director encargado del INPEC, a quien acusa de prevaricato por acción. “Aquí se violó el artículo 139 de la Ley 65 de 1993, porque las salidas extraordinarias solo pueden ser autorizadas por orden judicial”, explicó.
En su defensa, la senadora Zuleta aseguró que su papel ha sido en el marco del diálogo sociojurídico con estructuras armadas, y pidió al alcalde Federico Gutiérrez formalizar las denuncias sobre presuntas amenazas. “Si no lo hace, lo que está haciendo es un nuevo ataque”, dijo Zuleta, rechazando las acusaciones.
A las acciones legales de Holguín se suma una queja disciplinaria presentada por el concejal de Medellín, Alejandro Bedout, ante la Procuraduría. Según él, Zuleta incurrió en extralimitación de funciones, ya que la resolución 138 de 2023 establece que el diálogo con estos grupos solo puede darse dentro de la cárcel de Itagüí. “Si el presidente quería reunirse con ellos, el evento debió hacerse allá, no traerlos a la plaza pública”, indicó.
Además, Bedout cuestionó que alias Grandepa, quien no estaba incluido en la resolución de traslado, también haya estado en tarima. “Aquí hubo vicios jurídicos y administrativos graves, y se debe investigar toda la cadena de responsabilidades”, señaló.
Por ahora, la senadora Zuleta enfrenta una creciente presión política y judicial. Mientras tanto, distintas voces exigen claridad sobre el alcance legal de estas conversaciones y los procedimientos utilizados.
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