El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, impugnó la decisión del juez quinto laboral del circuito de Bogotá que ordenó tanto al presidente Abelardo De La Espriella y al jefe del Legislativo ofrecer excusas públicas por el acto religioso realizado durante la posesión presidencial del pasado 7 de agosto, bajo el argumento que este acto podía vulnerar el principio de neutralidad religiosa que debe regir en las actuaciones del Estado.
El senador uribista sostiene que la modificación del orden del día y la realización del acto religioso fueron decisiones adoptadas de manera colegiada por las mayorías presentes en la sesión plena del Congreso, por lo que no se puede endilgar una responsabilidad individual en cabeza del presidente del Senado por una decisión colectiva.
Otro de los principales argumentos de la impugnación es la inviolabilidad parlamentaria, contemplada en el artículo 185 de la Constitución y en la Ley 5.ª de 1992. Según esta figura, los congresistas son inviolables por las opiniones y los votos que emitan en ejercicio de sus funciones.
El presidente del Senado también cuestionó que el fallo pueda representar una injerencia en la autonomía del Congreso y en el principio de separación de poderes, al recordar que su función durante la sesión fue dirigir el debate y aplicar las reglas parlamentarias, pero no representar individualmente la voluntad de todos los congresistas.
El parlamentario agregó que durante la posesión no hubo adhesión ni favorecimiento hacia una religión específica, pues participaron representantes de diferentes confesiones religiosas. En la ceremonia intervinieron un rabino, un pastor protestante y un representante de la Iglesia Católica, lo que, según el presidente del Senado, evidencia la pluralidad de credos que estuvo presente durante el acto.
Adicionalmente, Henriquez afirma que la laicidad en Colombia implica garantizar la imparcialidad del Estado frente a las diferentes creencias y no supone excluir las manifestaciones religiosas de los actos públicos.