El presidente Abelardo De La Espriella anunció a Ilva Myriam Hoyos Castañeda como nueva ministra de Educación Nacional, en reemplazo de Viviane Morales, quien dejará el cargo para atender una situación personal, según explicó el mandatario.
Hoyos llega al gabinete después de una extensa trayectoria como abogada, docente, investigadora y funcionaria pública, además de haber ocupado cargos en la Procuraduría General de la Nación y en instituciones universitarias.
Ilva Myriam Hoyos es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra, en España. Además, es una jurista reconocida por sus posiciones conservadoras en asuntos relacionados con la familia y los derechos reproductivos.
El presidente destacó, al anunciar su designación, su “talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores” y aseguró que está convencido de que desempeñará el cargo “con entrega, carácter y convicción”.
Su trayectoria profesional además ha estado estrechamente relacionada con la academia. Ha ejercido como docente en varias universidades de Colombia y del exterior y ocupó cargos como directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.
También ha desarrollado labores de investigación y publicación académica. Según la información de la Universidad de La Sabana, es autora de varios libros relacionados con asuntos como la dignidad humana, los derechos humanos, el derecho constitucional, el derecho civil y el derecho comparado.
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Uno de los capítulos más conocidos de su trayectoria ocurrió en la Procuraduría General de la Nación, donde se desempeñó como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia durante la administración de Alejandro Ordóñez.
Desde ese cargo asumió posiciones frente a asuntos relacionados con la protección de la familia, la infancia y los derechos reproductivos.
Su actuación en torno al aborto la llevó a tener enfrentamientos públicos con organizaciones y activistas que defendían los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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En 2012, Hoyos se vio involucrada en una tutela presentada por 1.279 mujeres contra el entonces procurador Alejandro Ordóñez y funcionarios de esa entidad, entre ellos la propia Hoyos. Las accionantes argumentaron que se habían difundido informaciones que afectaban sus derechos fundamentales, incluidos los derechos reproductivos.
La Corte Constitucional concedió el amparo y ordenó, entre otras medidas, que Hoyos rectificara una comunicación enviada al Superintendente Nacional de Salud relacionada con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Antes de llegar al Ministerio de Educación, Hoyos había sido considerada en diferentes procesos para integrar altas cortes, por ejemplo el Consejo de Estado la incluyó en 2012 en una terna para elegir magistrado de la Corte Constitucional.