En la mañana de este miércoles, el senador por Salvación Nacional, Enrique Gómez, presentó un proyecto de acto legislativo que busca modificar el plazo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y establecer un régimen para el cierre y transición de los procesos que permanezcan pendientes.
La iniciativa plantea que la JEP tenga un término de diez años improrrogables contados desde la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de sus salas y secciones, es decir, hasta marzo de 2028. Actualmente, el mandato de la JEP contempla diez años para la función acusatoria y cinco años adicionales para la actividad jurisdiccional, con la posibilidad de una prórroga bajo determinadas condiciones.
El proyecto también establece que el cierre de la JEP no significaría la terminación de los procesos que todavía estén en curso. Para esos casos, propone crear un régimen de transición que permita trasladar los asuntos pendientes a las autoridades judiciales ordinarias competentes en los tribunales de justicia y paz.
“La JEP se dedica solo a lavarle el rostro histórico a las FARC y a garantizar una simulación de penas que al final del día nos llevan a la triste conclusión de que ese acuerdo sobre la JEP está orientado a amnistiar lo inamnistiable que son los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, no solo del secretariado, sino de los comandantes de muchos bloques y frentes de las FARC”, señaló el senador Gómez Martínez.
De acuerdo con el texto, las actuaciones, pruebas y decisiones válidamente adoptadas por la JEP conservarían sus efectos. Además, las personas sometidas a esta jurisdicción no podrían recibir un tratamiento penal o procesal más gravoso como consecuencia del traslado a la justicia ordinaria.
La propuesta señala que las decisiones en firme y las sanciones impuestas por la JEP también mantendrían plenamente sus efectos, mientras que una futura ley tendría que establecer las autoridades y reglas encargadas de su ejecución, supervisión y cumplimiento. El proyecto no modificaría las facultades ni los derechos reconocidos a las víctimas y plantea que estos se mantengan durante el proceso de cierre y transición.
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Esta iniciativa llega al Congreso justo en el momento en que se sostiene un debate por el presupuesto asignado a esta jurisdicción para el año 2028 y en el que se da una reducción de cerca de $170 mil millones de pesos.