Este viernes se adelantó una audiencia en el Consejo Nacional Electoral para decidir sobre la candidatura del conservador Antonio Quinto Guerra a la Alcaldía de Cartagena.
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Con seis votos a favor y dos en contra, la autoridad electoral negó la solicitud de revocarla.
Pese a esto, la Procuraduría y el solicitante de la revocatoria interpusieron dos recursos de reposición en rechazo a la decisión, lo cual obligará a esperar unos días más la decisión final.
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La notificación se realizará el próximo miércoles 2 de mayo.
El magistrado Alexander Vega había presentado una ponencia ante la Sala Plena pidiendo negar la solicitud de revocatoria de esa candidatura al argumentar que no hay claridad sobre si los contratos suscritos por Quinto Guerra con la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Vivienda se dieron en el año inmediatamente anterior a la elección, que será el próximo 6 de mayo.
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Las pruebas de la Procuraduría contra Guerra
La Procuraduría General de Nación envió un concepto al Consejo Nacional Electoral en el que le pide revocar la inscripción de Antonio Quinto Guerra como candidato a las elecciones atípicas de la Alcaldía de Cartagena.
El órgano de control considera que Quinto Guerra está inhabilitado porque cinco meses antes del 15 de abril de 2018, fecha que se había fijado inicialmente para la jornada electoral y que fue postergada por parte del ejecutivo para el día 6 de mayo del presente año, el candidato cuestionado estaba ejecutando dos contratos con el departamento del Bolívar y con el Ministerio de Vivienda, por lo que se encontraban vigentes la celebración de los mismos.
Los contratos son:
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- El contrato 461, del primero de marzo de 2017, que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2017, celebrado con la Gobernación de Bolívar.
- El Contrato 329, del 29 de enero de 2017, que se extendió hasta el 30 de octubre de 2017, celebrado con el Ministerio de Vivienda.
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Para la Procuraduría estos dos contratos se estaban ejecutando y se celebraban en Cartagena dentro del año anterior a las elecciones que se llevaran a cabo el próximo 6 de mayo. Lo que pone en ventaja a Quinto Guerra frente a los demás candidatos.
“La anterior situación favoreció al hoy candidato Antonio Quinto Guerra Varela y desequilibró las campañas electorales que se están adelantando para la elección de alcalde de Cartagena, al ubicarlo en una condición de privilegio frente a las demás opciones políticas”, dice el documento de la Procuraduría.
Además, en el Contrato 329 de prestación de servicios con el Ministerio de Vivienda, el 30 de octubre de 2017 se amplió el plazo, a través de un otrosí.
Al momento de suscribir este otrosí, señala la Procuraduría que Antonio Quinto Guerra Varela sabía que necesariamente se irían a realizar elecciones atípicas para designar alcalde de Cartagena pues el mandatario para ese momento ya había sido suspendido.
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El otrosí 1 de prestación de servicios se firmó el 30 de octubre de 2017, entre el Ministerio de Vivienda y Antonio Quinto Guerra Varela, cuando Manuel Vicente Duque ya no se encontraba ejerciendo el cargo de alcalde del distrito de Cartagena debido a que, desde el 17 de mayo al 4 de octubre de 2017, estuvo suspendido de su cargo por la Procuraduría General de la Nación y a partir del 1 de septiembre de 2017, se le impuso medida de detención preventiva por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, por los hechos que rodearon el colapso del edificio Blas de Lezo.
La Procuraduría amplió el concepto enviado al CNE en que se anexan las fotos, como documentos probatorios, de los actos públicos como inauguraciones, realizadas dentro del año anterior, a la fecha de la inscripción como candidato.
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