La Defensoría del Pueblo denunció la grave situación en la que se encuentran los habitantes del sur de Córdoba (San José de Uré), norte de Antioquia (Ituango) y Bajo Cauca (Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia), debido a los combates de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos de 2192 y el incremento de homicidios.
De acuerdo a información de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018 se han registrado 23 asesinatos, en San José de Uré se han reportado 6 asesinatos hasta el día 15 de marzo de 2018, cuatro de las víctimas eran representantes de comunidades o líderes comunitarios y se han presentado asesinatos e intimidaciones a líderes indígenas en Caucasia y Cáceres.
También la Defensoría advierte el alto riesgo para comunidades del Pueblo Zenú y del Pueblo Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango.
En las verificaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo se ha hecho evidente que ante la magnitud de la emergencia humanitaria se han presentado dificultades como la falta de recursos y la coordinación entre las alcaldías, las gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para la atención de los desplazamientos, la prevención de violaciones a los Derechos Humanos y las garantías para el retorno.
El organismo humanitario advierte que es tal la dimensión de la crisis humanitaria y de los riesgos en estas subregiones exige que se refuerce la intervención del Gobierno Nacional en apoyo a los entes territoriales, de manera que se garanticen los derechos fundamentales al mínimo vital para la población desplazada forzadamente y confinada.
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