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Luego de surtir una recusación interpuesta por Luis Peláez contra dos diputados del Centro Democrático, la comisión ética aseguró que no hubo conflicto de intereses, por lo que la Comisión económica avanzó en la discusión y, al final, con seis votos a favor, dos en contra y un diputado que se abstuvo de votar, quedó aprobado en primer debate el polémico impuesto a la seguridad, propuesto por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Votaron a favor los diputados Juan Carlos Palacio, Jonathan Roldán, Juan Esteban Villegas, Jaime Alonso Cano. Carlos Humberto García y Luis Gabriel Gómez, mientras que la rechazaron Juan Felipe Vélez y Zulema Zapata. No estuvo presente en la votación Hernán Torres.
La iniciativa que tiene voces a favor y en contra, en donde el mandatario seccional tiene el respaldo de algunos congresistas paisas y cien alcaldes, pero no lo acompaña el empresariado, ni EPM por medio de su presidente de Junta, el alcalde Federico Gutiérrez, que advirtió que no es viable la iniciativa.
A pesar de ello, por la supuesta complicación jurídica para que EPM realice el recaudo de la tasa de seguridad en los servicios públicos de los antioqueños, se conoció que la misma compañía realiza intermediaciones similares en el Valle del Cauca. El proyecto lo aprobaron en primer debate.
El diputado de Antioquia, Jonathan Roldán, puso sobre la mesa una nueva arista en la discusión que hay en el departamento por el cobro que quiere hacer el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de una tasa de seguridad para los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 en los servicios públicos. Pese a que el proyecto de ordenanza ha dividido a los paisas en dos bandos, se conoció que el controvertido cobro se hace en otras regiones del país.
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Por ejemplo, Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín, cobra el impuesto en la región Caribe, allí se conoció una primera factura fechada del 17 de mayo de 2024 en donde a un usuario que vive en Sincelejo se le cobra una tasa de seguridad por cerca de 19.000 pesos. Por su parte, a otra vivienda, también en Sincelejo, se le cobró este mes un total de 37.650 pesos de tasa de seguridad y convivencia.
Pero allí no para la polémica, puesto que en el Valle del Cauca se conoció la factura de una empresa que, igualmente, paga una especie de tributo por tasa de seguridad al comercio como lo manifestó el diputado de Antioquia, Jonathan Roldán.
“Si no concretamente en el Valle del Cauca Empresas Públicas de Medellín directamente en la en la factura de energía está no solamente cobrando el consumo de energía, sino que también en el Valle del Cauca le está cobrando a los usuarios comerciales de la energía, la tasa de seguridad y convivencia”, afirmó.
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Con esta situación, desde EPM se aclaró que el cobro no hace parte de la misionalidad de la compañía y que esto se realiza hace varios años, por ejemplo, en el tema de alumbrado público de la ciudad y otros ítems que han sido cobrados en los servicios públicos. Sin embargo, ante una supuesta imposibilidad jurídica, expertos han insistido que este proyecto de ordenanza está amparado en el marco legal y que podría hacerse tal y como lo propone Rendón.
La discusión seguirá la próxima semana cuando nuevamente se discuta ante los 26 diputados la iniciativa de cobro de la tasa de seguridad para estratos 4,5 y 6, empresarios y donde se pretende recaudar unos 1.2 billones de pesos.
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