Con intervenciones de los defensores y la Procuraduría, este lunes se retoma la audiencia por el caso del AMVA y Bomberos de Itagüí contra Miguel Quintero y tres personas más. La pasada sesión, el representante de víctimas sustentó por qué también debe ir a la cárcel el contratista Sebastián Ortega.
¿Será la vencida? Luego de varias sesiones de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, este lunes, 28 de septiembre, se retoma la diligencia por el caso de presunta corrupción.
La pasada sesión, hace una semana, terminó con la exposición de nuevos elementos sobre cómo se habría gestado el entramado investigado.
El representante de víctimas del AMVA, el abogado Majer Abushihab, presentó testimonios, mensajes y otros elementos con los que buscó sustentar la presunta participación de Quintero en las irregularidades. Entre lo expuesto, mencionó supuestas presiones para remover a funcionarios que se habrían convertido en obstáculos para la firma de los contratos.
También se conocieron declaraciones de Misael Cadavid, excomandante de Bomberos de Itagüí y testigo clave de la justicia, quien habría señalado que las presuntas coimas correspondían al 15 % de los contratos y que, según su testimonio, estarían dirigidas a Miguel y Daniel Quintero. A raíz de esto, incluso, habría recibido presiones.
Uno de los puntos que tomó fuerza durante la audiencia fue la situación del contratista Sebastián Ortega, pues el representante de víctimas pidió que Ortega también sea cobijado con esta medida, al señalar su presunta participación en las irregularidades y una supuesta apropiación de más de 130 millones de pesos.
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Así las cosas, este lunes la defensa de los involucrados tendrá ahora la palabra, antes de la intervención del Ministerio Público.
Vale la pena recordar que el caso investiga el presunto direccionamiento de seis contratos entre el Área Metropolitana y Bomberos de Itagüí, suscritos entre 2019 y 2023, por más de $17.600 millones.
Según la Fiscalía, habría un detrimento superior a $2.400 millones y, por estos hechos, Miguel Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que los demás procesados enfrentan cargos relacionados con su presunta participación en el esquema.