Otra preocupación en Segovia por cuenta de las extorsiones del Clan del Golfo: fuera de los desplazamientos en la ruralidad, en zona urbana denuncian que exigen el 10% de ganancias a cada minero.
El desplazamiento de 11 personas hacia el casco urbano, sumadas a las 250 que salieron de sus viviendas el mes pasado, por la violencia, no es el único problema que enfrenta el municipio de Segovia.
El personero, Hambler Patiño, advirtió que la abundante presencia de oro en la región ha mantenido históricamente los problemas de violencia, que no solo se registran en las zonas rurales sino también dentro del casco urbano, donde hay presiones económicas contra la actividad minera.
Según denunció, integrantes del llamado Clan del Golfo estarían exigiendo un pago del 10 % sobre las actividades mineras que se desarrollan en la región, lo que estaría afectando tanto a grandes empresas como a pequeños mineros.
“en el casco urbano todas las minas pues en este momento tienen un clamor porque al parecer estos señores del Clan del Golfo ya están exigiendo un 10% de todas las actividades mineras que se hacen en la región, entonces se sientan a negociar pero tienen un bastión económico en nuestra región”, contó.
Patiño señaló que, aunque en ocasiones los hechos violentos en el campo son los que generan mayor visibilidad, los enfrentamientos y las presiones de grupos armados continúan siendo una constante en el territorio.
“Es un municipio que le aporta demasiado a este país en la cuestión mineras y sabemos desde que haya oro en esta región, pues no va a amainar la violencia. La guerra la estamos pagando nosotros mismos en la región y no tiene sentido. Necesitamos acciones en lo rural y necesitamos acciones en lo urbano, con grupos de inteligencia, con grupos más sofisticados para poder atacar la extorsión”, agregó.
Finalmente, el representante del Ministerio Público explicó que en Segovia podrían existir más de 1.800 minas y que, con ese cobro, los grupos ilegales estarían recaudando entre 10.000 y 15.000 millones de pesos mensuales, recursos que a su juicio terminarían financiando la guerra.
Ante esta situación, el personero pidió al Gobierno nacional y departamental fortalecer la presencia de fuerza pública e inteligencia, con acciones tanto en lo rural como en lo urbano para enfrentar la extorsión y las amenazas.
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