Tras cinco años, condenaron a la Policía por la pérdida del ojo de un joven durante el paro nacional en Medellín. El hombre no pudo volver a trabajar como oficial de construcción, tuvo estrés postraumático y depresión por lo sucedido
El 28 de junio de 2021, Alexis Alzate Quintero, de 24 años de edad, salió con su compañera sentimental a comprar un control remoto para el televisor. En medio de los disturbios registrados durante una jornada de protesta del paro nacional en Medellín, ambos quedaron en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
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Según su relato, cuando corría hacia el sector del Jardín Botánico para buscar un lugar seguro, un policía disparó un proyectil de gas lacrimógeno que lo impactó en el rostro, lesión que le causó graves afectaciones faciales y la pérdida del ojo izquierdo.
Más de cinco años después de los hechos, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por las lesiones sufridas por el hombre.
En la sentencia, del 30 de septiembre de 2026, el despacho concluyó que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, pese a que no se logró establecer la identidad del uniformado que accionó el lanzador, la decisión consideró probado que Alzate fue impactado por un proyectil disparado por integrantes del Esmad y que no se acreditó que representara un peligro para los policías o para otras personas. En diálogo con BLU Radio, la víctima narró el amargo momento que vivió y las secuelas que dejó en su vida.
“Estaba pasando por allá en ese instante cuando me pasó lo de los con un hotel es más me dispararon en la cara. Y desde eso hemos estado ahí luchando contra el gobierno a ver si responden o algo y gracias a Dios ya salió un dictamen favorable para mí”, afirmó.
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El juzgado tuvo en cuenta que el disparo se efectuó a menos de diez metros y hacia el rostro, aunque no se probó que el hombre estuviera agrediendo a la fuerza pública. Las consecuencias también afectaron su capacidad para trabajar. Alzate, quien se desempeñaba como ayudante de construcción para el proyecto del metrocable Picacho, quedó con una pérdida de capacidad laboral del 30,10 %.
“Me ha dado muy duro en la cuestión de conseguir trabajo. Entonces mi vida me ha cambiado mucho por esa por ese motivo, por eso que les ha dicho contra mí. Me jodió mucho la vida. He trabajado así por días o por ahí por mal o por ahí en puestos de esos de comida. En eso porque ninguna empresa lo recibe a uno con discapacidad”, agregó.
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Por estos hechos, el juzgado ordenó reparar económicamente los perjuicios sufridos por Héctor Alexis y sus familiares, además de reconocer las afectaciones a su salud y los ingresos que dejó de percibir.