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La cadena de tiendas D1 emitió un comunicado oficial manifestando su profunda preocupación por las amenazas recibidas en los departamentos de Chocó y Risaralda, donde grupos armados ilegales, específicamente el ELN, han declarado a la empresa como objetivo militar por negarse a pagar extorsiones.
"Rechazamos estos actos y hacemos un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades competentes para que se garantice la seguridad y continuidad de nuestras actividades en beneficio de los ciudadanos en estas regiones. Solicitamos, con el mayor respeto y la mayor urgencia al Gobierno para que tome medidas para proteger la vida e integridad de nuestros trabajadores, clientes, aliados y proveedores, así como velar por el normal desarrollo de nuestras operaciones", dice el comunicado.
Según el Frente de Guerra Occidental del ELN, el grupo insurgente atacará los vehículos que transporten mercancía hacia los supermercados D1 en Chocó, alegando que la empresa se ha negado a pagar el llamado “impuesto de guerra”.
Esta amenaza ha encendido las alarmas entre transportadores y trabajadores de la cadena, generando temor por la posible quema de vehículos de carga y afectaciones a la seguridad de quienes participan en la cadena logística.
Se estima que diariamente ingresan al Chocó cerca de 15 furgones de alimentos, indispensables para abastecer estas tiendas en municipios apartados del departamento. La situación ya ha generado que varios conductores se nieguen a realizar los viajes, por temor a represalias, lo que podría derivar en el cierre temporal de algunos puntos de venta y afectar el suministro de productos básicos en la región.
Walter Arango, vocero de los transportadores de Quibdó, expresó que el miedo de los conductores por posibles represalias ha generado que se nieguen a transportar alimentos para abastecer a los D1 de varios municipios del departamento.
La empresa pidió de manera urgente al Gobierno nacional y a las autoridades competentes que garanticen la seguridad y continuidad de sus operaciones.
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Mientras tanto, las autoridades departamentales continúan investigando la situación y buscando soluciones para evitar que la amenaza de los grupos armados impacte la economía local y el abastecimiento de alimentos en zonas vulnerables.
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