La Gobernación de Chocó confirmó el desplazamiento forzado de 282 indígenas en Nuquí por disputas del ELN y el Clan del Golfo. Según las autoridades departamentales 16 personas están en riesgo de muerte por lo que se trabajar en su evacuación
La crisis de orden público en el municipio de Nuquí continúa generando preocupación luego de que la Gobernación de Chocó confirmara que 282 personas de la comunidad indígena de Villa Nueva se vieron obligadas a abandonar sus territorios en lanchas, con banderas blancas para evitar ser atacados por grupos armados y desplazarse hacia la cabecera municipal.
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La crisis humanitaria se da como consecuencia de las incursiones y acciones de grupos armados ilegales que fueron rechazadas por la Administración Departamental que señaló que la situación ha provocado graves afectaciones al orden público y a los derechos de las comunidades indígenas.
Hay que recordar que la emergencia ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo, que reportó inicialmente el desplazamiento de cerca de 500 indígenas por las confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo.
“En la que se presenta una disputa entre el ELN y el Clan del Golfo y aparentemente situaciones relacionadas con la presencia del Clan del Golfo generaron la muerte de dos personas líderes de indígenas en esta región, lo que provocó un desplazamiento. Inicialmente habíamos hablado de 500 personas en riesgo de desplazamiento. El día hasta el día de ayer habían llegado, si mal no recuerdo, 238 personas”, relató la defensora del Pueblo Iris Marín.
Frente a la emergencia, la Gobernación del Chocó anunció el envío de ayudas humanitarias para atender las necesidades básicas de la población desplazada. Asimismo, informó que gestiona la evacuación segura de 16 personas que enfrentarían amenazas inminentes contra su vida e integridad.
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También fueron dispuestas brigadas médicas y equipos de atención psicosocial para acompañar a las familias afectadas que tuviera que salir desplazadas y que estarían a la espera de la intervención de la Fuerza Pública para poder regresar a sus viviendas.