Se presentó ante un juez en Medellín el preacuerdo de uno de los imputados por el escándalo de contratos que suman más de 17.000 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. El tesorero del organismo de socorro aceptó irregularidades en 15 cuentas de cobro.
El ventilador está totalmente prendido en el presunto caso de corrupción por varios contratos entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, durante la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín y del exgerente de la autoridad ambiental, Juan David Palacio.
En una audiencia que no duró más de tres horas, la Fiscalía General de la Nación presentó los detalles de un preacuerdo con Juan Alberto Cardona, una de las seis personas que ya han solicitado principio de oportunidad y quien se desempeñó como tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí entre el 15 de marzo de 2019 y enero de 2026.
El hombre aceptó que hubo irregularidades en al menos 15 cuentas de cobro que se hicieron efectivas ante el Área Metropolitana, por un valor superior a 120 millones de pesos a nombre de un proveedor que no conocía dichos documentos, según relató la fiscal del caso. Por ello, se le atribuye el delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo.
"Señor Juan Alberto Cardona, en su calidad de contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itaguí, para los años 2020 a 2022 extendió 15 documentos privados falsificados que le sirvieron de prueba al cuerpo de bomberos para acreditar ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá la prestación de servicios de transporte para el desembolso de recursos por valores superiores a los que efectivamente pagó el Cuerpo de Bomberos", señaló.
Los cobros iniciaron en noviembre de 2020 y finalizaron el 30 de diciembre de 2022. Las cifras comenzaron en 3 millones de pesos y fueron aumentando hasta los 11 millones de pesos. Por el preacuerdo, el implicado pagaría una pena de 19 meses de prisión, según lo expuesto en la audiencia por el juez.
"Cada uno de esos hechos tiene que tener una sanción, y por eso la señora fiscal señala que, en este caso, tendría una pena de 22 días de prisión, y, en total, todo eso suma 19 meses de prisión por la totalidad de los 15 delitos. Esos son los términos del preacuerdo. ¿Su voluntad es aceptar o no aceptar este preacuerdo? Acepto el preacuerdo, señor juez", dijo.
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La audiencia de acusación ordinaria se retomará el próximo 27 de julio a las 9 de la mañana, cuando se oficializaría la decisión del juez sobre la aceptación del preacuerdo entre Juan Alberto Cardona y la Fiscalía General de la Nación, dentro de este proceso.
Hay que recordar que hace pocos días la Fiscalía General de la Nación confirmó el principio de oportunidad que ya había suscrito con Laura María Mejía Higuita en el caso del Parque de las Aguas. Sin embargo, no fue el único acuerdo.
La información entregada por el fiscal del caso indica que, tras aplicarse el primer principio de oportunidad el pasado 11 de diciembre de 2025 a quien fuera la líder del programa Unidad Logística del Área Metropolitana, la defensa de Yamileth Galíndez Chilito también solicitó colaborar con la justicia, según indicó el fiscal.
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