Con presencia del superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle y tras unas cuatro horas de la diligencia, el próximo 20 de mayo continuarán las audiencias por el polémico caso de Aguas Vivas en Medellín.
En la diligencia, que tiene como antecedentes sesiones similares desde noviembre del año anterior con argumentos contra la imputación de la fiscal Yarlecy Mena, esta vez fue el turno del abogado Kevin Giraldo, representante de Ingrid Vanessa Gonzalez, exsecretaria de Gestión Humana, quien también se sumó a los demás defensores que insisten en que el 7 de mayo de 2025 no se detalló en qué medida cada uno de los 13 implicados cometió los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos en el presunto entramado de corrupción. Esto para buscar que sea declarada nula.
"La imputación que fue formulada, la doctora Ingrid Vanessa González Montoya no individualizó de manera completa y concreta el comportamiento penalmente relevante que se le atribuía. En vez de ello, la fiscalía lo que hizo fue relatar su participación en sesiones del comité de conciliación, y a partir de allí confluyó, abro comillas, se interesó indebidamente", indicó.
Por parte del Distrito, que busca ser declarado formalmente como víctima en el proceso, el abogado Alfonso Cadavid criticó que tras seis meses de que el caso llegara al despacho de la jueza 22 penal del Circuito de Conocimiento sigue sin avanzar a la siguiente fase, a la par que reiteró que pese a lo mencionado por los defensores la Alcaldía tuvo consecuencias por la situación del predio de 147.000 metros cuadrados.
"Un detrimento patrimonial evidente del municipio, cuando en cabeza suya un bien evaluado para ese momento en cuarenta mil quinientos nueve millones de pesos, de pronto se quiere sacar del haber patrimonial del municipio para dejarlo a disposición de unos particulares. No hay duda de que, además de él, se afectó la legalidad y el funcionamiento transparente, correcto y ceñido a la legalidad de la administración pública", señaló.
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En contraste, el abogado Emanuel Goldstein argumentó que sí hay un conflicto de intereses en declarar al Distrito como víctima por el alcalde Federico Gutiérrez, quien también era mandatario para 2019 cuando se inició la historia de este predio.
"El alcalde es el representante legal, judicialmente, y aquí, su señoría, existiría un conflicto de intereses, porque nótese cómo los hechos jurídicamente relevantes que la fiscalía habla del contrato, es un contrato que fue firmado la administración de Federico Gutiérrez, que allí se materializó, que se firmó y que protocolizó, ante la oficina de instrumentos públicos", defendió.
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Recordemos que el caso del lote de Aguas Vivas comenzó en el año 2019, cuando un grupo de constructores entregó a la Alcaldía de Medellín un terreno, sin costo alguno para la ciudad, cumpliendo con las llamadas "obligaciones urbanísticas".
En ese momento, el lote pasó a ser propiedad de todos los ciudadanos de manera gratuita. Sin embargo, lo que se busca esclarecer es por qué durante la administración de Daniel Quintero, presuntamente se intentó que el Distrito le pagara más de $40.500 millones a varios particulares por ese terreno.
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