La Procuraduría investiga a contratistas de la Alcaldía de Segovia por la entrega de una caseta comunal en zona rural sin conexión a servicios públicos. Pese a ser entregada a la comunidad hace cuatro años, las obras de casi $300 millones no pudieron entrar en funcionamiento.
Una obra pensada para convertirse en punto de encuentro para la comunidad en zona rural del municipio de Segovia terminó bajo revisión disciplinaria por las condiciones en las que fue concebida y entregada.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra seis contratistas que tuvieron a su cargo labores de supervisión, seguimiento e interventoría durante distintas etapas de la construcción de una caseta comunal en la vereda La Palma.
El proyecto, ejecutado mediante la estrategia Obras PDET, contempló una inversión cercana a los 283 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con los elementos que dieron origen a la actuación disciplinaria, desde las primeras etapas se habría advertido que el lugar no contaba con servicios públicos esenciales, entre ellos energía eléctrica y suministro de agua, pese a lo cual se habría dado visto bueno a la factibilidad de la obra.
Los investigados son Miguel Ángel Báez Báez, Luis Enrique Moreno Moreno, Sandra Liliana Ordoñez Oliveros, Óscar Mauricio Sáenz García, Evelio Ramírez Guzmán y Sandra Milena Amaya Hernández.
La infraestructura fue entregada a la comunidad en noviembre de 2022, pero las deficiencias señaladas habrían impedido que comenzara a prestar el servicio para el que fue construida. La falta de conexión a los servicios básicos habría dejado inutilizada la edificación.
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La Procuraduría busca establecer si quienes participaron en las labores de control y vigilancia incurrieron en posibles faltas disciplinarias relacionadas con las decisiones adoptadas durante la ejecución del proyecto.