A las cero horas de este sábado inició la suspensión de servicios ambulatorios no urgentes en 46 hospitales públicos de Antioquia para cerca de 100.000 usuarios afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Crecen las dificultades y las denuncias por retrasos y barreras en la atención médica.
La medida genera preocupación entre los afiliados, quienes reportan que las líneas de atención telefónica para autorizaciones y programación de citas no responden, sumado a extensas filas en las sedes físicas y constantes trámites que obligan a reiniciar los procesos de asignación.
Las personas que visitan la oficina del FOMAG, en el barrio Laureles, no ocultan su descontento y preocupación.
“Yo no puedo estar en medio de tanta gente porque es muy, muy dañino para mi salud. He llamado muchas veces al teléfono que indican, pero es imposible, ya que no contestan ni dan respuesta. Esto es muy duro porque no dan una atención rápida y oportuna”, dijo Amparo, una de las pacientes afectadas.
Estos casos evidencian que los pacientes enfrentan dificultades en la entrega de medicamentos, desplazamientos reiterados entre diferentes sedes y largas esperas sin recibir los insumos requeridos.
“Esto es muy humillante, porque son filas largas y se pierde toda la mañana. Me atienden a las 4:00 o 5:00 de la tarde. Me dan ganas de llorar porque esto no es justo con los maestros”, señaló Nora Molina, otra de las afectadas.
Una situación difícil enfrentan familiares de pacientes como María Gilma Correa, quien fue operada recientemente de la columna, y su tía, quienes han estado buscando atención médica urgente durante ocho días debido a un problema de anemia y sangrado interno.
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“Pusimos una tutela, le dieron una cita prioritaria por un código QR. El médico le dijo que se fuera para el FOMAG porque ahí le dan la orden para la transfusión de sangre. Vinimos desde Sabaneta y, al llegar, nos informaron que no nos pueden atender porque no traemos la orden del médico”, dijo María Gilma.
A pesar de haber interpuesto la acción de tutela, los centros asistenciales continúan exigiendo trámites adicionales y órdenes previas, mientras la paciente permanece a la espera de un diagnóstico y tratamiento oportunos, lo que genera sobrecostos por traslados y un deterioro en su estado de salud.
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