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La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) le pidió al Gobierno garantías concretas para que la salida de Fiduprevisora, después de 36 años de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), no afecte los servicios de salud ni el pago de las prestaciones de los maestros. El sindicato también exigió claridad sobre cómo será la transición, qué pasará con los recursos y cómo participará el magisterio en las decisiones.En diálogo con Blu Radio, Carlos Munevar, fiscal de la junta directiva de la ADE, aseguró que la principal preocupación es que se mantengan todos los servicios y que los docentes no terminen pagando las consecuencias de los problemas administrativos. “Más que anuncios, necesitamos garantías concretas: que se mantengan las citas, los tratamientos, que no se interrumpa la entrega de medicamentos y que los trámites prestacionales continúen sin más demoras”, afirmó.El dirigente sindical también pidió canales de comunicación claros para que los maestros sepan a quién acudir cuando tengan dificultades. Advirtió que las afectaciones ya son una preocupación cotidiana para los docentes y sus familias. “Hay compañeros que están esperando una cirugía, hay pacientes con enfermedades de alto costo. Nosotros recibimos quejas todos los días de docentes que necesitan medicamentos, de familias que dependen de una pensión o del pago de las cesantías”, señaló.Aunque la Asociación reconoce que la Fiduprevisora venía presentando graves problemas en su gestión, Munevar advirtió que todavía hay preguntas sin respuesta sobre el nuevo modelo de administración, por ejemplo, qué pasará con los contratos, quién responderá por los servicios y cómo se garantizará la protección de los recursos. Por eso, insistió en que el Gobierno debe explicar cómo se hará el cambio de operador y quiénes estarán a cargo.Otro de los reclamos tiene que ver con el manejo de los recursos del fondo y la participación de los maestros en cualquier decisión sobre su futuro. Munevar aseguró que el sindicato no se opone a una transformación que permita corregir los problemas, pero advirtió que la crisis no puede convertirse en una oportunidad para cambiar las condiciones del régimen especial del magisterio.“Una cosa es mejorar su funcionamiento y otra es aprovechar la crisis para modificar nuestro régimen especial, privatizar la administración, abrir nuevas oportunidades de negocio para los operadores o para quienes ven en los recursos del magisterio una oportunidad de enriquecimiento”, afirmó. En ese sentido, insistió en que los recursos del Fomag “deben estar protegidos y utilizarse exclusivamente para los fines establecidos por la ley”. También pidió que cualquier propuesta se discuta con Fecode, los sindicatos filiales y los propios maestros, antes de tomar decisiones.La ADE también reclamó una auditoría forense para establecer qué ocurrió con los recursos y quiénes son responsables de las irregularidades. “Esa investigación debe abarcar las diferentes administraciones. No puede convertirse en un ejercicio para señalar únicamente a los funcionarios de un gobierno y dejar por fuera a los demás”, sostuvo.Finalmente, el dirigente advirtió que el magisterio acudirá a mecanismos sindicales, jurídicos y de movilización si considera que sus derechos están en riesgo. Defendió el Fomag como una conquista histórica de los maestros y reiteró que no permitirán decisiones que desconozcan sus derechos. “El Fomag es una conquista histórica de los maestros y maestras de este país y lo vamos a defender independientemente de quien esté gobernando”, concluyó.

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