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Antoquia cerró jornada de votaciones con seis capturados por delitos no electorales

Desde el PMU en el nodo departamental, las autoridades confirmaron que en el tiempo con urnas abiertas no hubo alteraciones del orden público y que el dispositivo de seguridad continuará.

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Foto: Registraduría Nacional

Pese a que 21 municipios fueron priorizados por estar en riesgo electoral extremo, la jornada electoral en Antioquia estuvo marcada por la normalidad, sin alteraciones de orden público reportadas. Lo que sí se registró fueron por lo menos seis capturas, por delitos no relacionados con lo electoral, en los municipios de Medellín, Caldas, Sonsón, Concordia, El Santuario y La Ceja.

Para el caso de la capital antioqueña, las autoridades reportaron una captura por orden judicial vigente: ocurrió en un puesto de votación de la comuna 11 (Laureles Estadio), en el que se reportó un hombre con cuentas pendientes con la justicia, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Tras el monitoreo de los 125 municipios del departamento, el secretario Luis Martínez aseguró que no hubo tranquilidad en todas las subregiones, incluso en localidades como Briceño y Anorí, marcadas por enfrentamientos activos; y Angostura y Sopetrán, donde se reportaron supuestos casos de constreñimiento y falta de uniformados, respectivamente. Esto dijo sobre las capturas.

"De las personas capturadas, una en el municipio de Concordia fue por el delito de concierto para delinquir, otro en el municipio de Sonsón por el delito de acoso sexual, y otro en en por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años", puntualizó.

Finalizando la jornada también se reportó la captura en Caldas de un hombre por el delito de explotación sexual comercial con menor de 18 años.

Otra de las novedades fue en un puesto de votación en la comuna 15 (Guayabal) en el que se aplicó medida correctiva a una testigo electoral por incumplimiento de sus funciones de acuerdo con el decreto 0188 de 2026, el cual prohíbe el uso de celulares en los puestos de votaciones. En total, en todo el Valle de Aburrá se impusieron 11 comparendos por diferentes conductas.

Esta misma conducta se registró en Guatapé, donde fueron siete los multados por el mismo tema, como lo dijo el personero Andrés Blandón.

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"No han existido quejas ante la mesa de justicia, sin embargo, han existido controles por parte de la Policía Nacional en cuanto a la restricción del uso del celular y la propaganda electoral, en donde 7 órdenes de comparé. Bueno, hay personas que se acercan al puesto de votación, a la mesa de votación, y quieren tomarle la foto al voto o sacar el celular ahí cuando están en el cubículo, y existe una restricción, una prohibición", indicó.

Martínez expuso que el despliegue de seguridad también incluye el después, es decir, la custodia del material a la sede de la Registraduría y la salida de uniformados de las zonas rurales y urbanas en las que reforzaron la presencia durante esta jornada.

"Todo ese material electoral tiene que ser trasladado a la registraduría departamental, de tal manera que eso también es acompañado por la fuerza pública. Inclusive, hay acompañamiento en los escrutinios que hacen posteriormente. Este es un proceso de seguridad muy extenso que va de la mano con los mismos tiempos que maneja la registraduría". expuso.

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Otros datos que rodearon la jornada

Pese al balance positivo, hay que mencionar que datos del Ministerio del Interior ubican a Antioquia de segunda en el país en cifras de denuncias de constreñimiento electoral, con un total de 62 denuncias, solo por debajo de Bogotá con 267.

Finalmente, hay que mencionar que se identificó que dos jurados de los 114 mil 301 dispuestos en el departamento en las 15 mil 801 mesas, estaban borrachos, los cuales fueron retirados de sus sitios asignados en la capital antioqueña y en el municipio de Copacabana.

Según consultó Blu Radio estas dos personas serán sancionadas, porque se considera como inasistencia o incumplimiento injustificado a la jornada electoral. Si es un particular, la multa es de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, si además es funcionario público podría enfrentar un proceso disciplinario.

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