La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Equipo Local de Coordinación de Antioquia advirtieron sobre el deterioro de la situación humanitaria en el municipio de Briceño, Antioquia, por cuenta de la persistencia de la confrontación entre grupos armados, que se disputan corredores estratégicos para el manejo de economías ilícitas como la minería ilegal.
De acuerdo con la OCHA, entre enero y mayo de 2026 se registraron múltiples emergencias humanitarias que han dejado al menos 290 personas desplazadas, equivalentes a 160 familias, así como cerca de 902 personas confinadas, correspondientes a 362 familias, principalmente en zonas rurales del municipio.
El informe advierte además sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre ellas reclutamiento y uso de menores de edad, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, instalación de artefactos explosivos, ataques con drones y restricciones a la movilidad de las comunidades.
Según OCHA, durante enero se presentó un evento de desplazamiento masivo que dejó 48 personas afectadas y un confinamiento que impactó a cerca de 554 personas. Posteriormente, en febrero, se reportó el desplazamiento de 15 docentes y sus familias. Luego, desde el 19 de abril, se registró otro desplazamiento masivo de 227 personas y un nuevo confinamiento que afectó a 348 habitantes de distintas veredas.
El informe también alerta por el impacto del conflicto sobre la población infantil y el sistema educativo. En enero, ataques con drones en la vereda El Roblal afectaron una escuela, una capilla y un puesto de salud, provocando la suspensión de clases en ocho centros educativos rurales y afectando a cerca de 230 niños, niñas y adolescentes. En abril, un nuevo ataque en el corregimiento de Las Auras volvió a impactar infraestructura educativa y viviendas civiles. Además, OCHA señaló que durante mayo una motocicleta bomba explotó en el parque principal de Briceño y dejó al menos 12 personas lesionadas, entre ellas 10 civiles.
“En lo corrido del año también se han documentado múltiples casos de reclutamiento, uso y utilización de NNA, así como su traslado mediante mecanismos informales fuera de las rutas institucionales de protección”, señala el informe.
La organización humanitaria también manifestó preocupación por las restricciones al acceso a derechos como salud, educación, alimentación, vivienda y libertad de movimiento, así como por el riesgo de reclutamiento de menores y el retorno de familias.
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“También preocupan graves incidentes contra la misión médica evidenciando la violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluyendo la interceptación de ambulancias, el homicidio de un paciente y afectaciones a instalaciones de salud”, agrega el documento.
El informe agrega que el homicidio de un joven periodista en el corregimiento de Travesías, ocurrido el pasado 5 de mayo, obligó a realizar una misión humanitaria liderada por un organismo internacional y la Defensoría del Pueblo para la recuperación de su cuerpo.
“Sumado a lo anterior, alerta la debilidad y vulnerabilidad institucional por amenazas contra funcionarios de la alcaldía (algunos renunciaron), algunos de ellos se han desplazado, situación que limita la presencia y respuesta a las afectaciones en las zonas afectadas, en especial las rutas de atención institucionales”.
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En materia de necesidades humanitarias, OCHA indicó que se requieren kits de alojamiento, y asistencia alimentaria inmediata. “Se identifican necesidades relacionadas con el restablecimiento y fortalecimiento de la atención en salud, incluyendo servicios de urgencias, atención a personas heridas por explosiones y seguimiento a afectaciones físicas derivadas del conflicto”.
Asimismo, el informe advierte la necesidad de fortalecer las rutas de atención y protección para niños, niñas y adolescentes, implementar medidas frente al riesgo de reclutamiento forzado y reforzar la protección de docentes, líderes sociales y misiones médicas en el territorio.
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