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Grupos armados tienen en riesgo a población civil: Defensoría emite alerta temprana en Balboa, Cauca

La presencia del frente Carlos Patiño y la posible incursión de la columna móvil Fredy Ortiz mantienen en riesgo a la población de Balboa, Cauca, según advirtió la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre instalación de minas antipersonal y posibles confrontaciones en la región.

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Grupos armados en Colombia.
Foto: Human Rights Watch.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para el municipio de Balboa, Cauca, al advertir un escenario de “alto riesgo” para la población civil debido a la consolidación de este territorio como corredor estratégico para grupos armados ilegales que operan entre el sur del Cauca y el norte de Nariño.

La entidad alertó sobre la presencia del Frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central, y la posible incursión de la columna móvil Fredy Ortiz, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

“Balboa es un punto central y de paso obligado para la movilidad hacia el municipio de Argelia y zonas del Pacífico, lo que lo convierte en un objetivo para el control de rentas ilícitas provenientes de la minería de oro y el tráfico de coca”, señala el comunicado.

La entidad advirtió además que la ruptura de pactos de no agresión entre estructuras ilegales, sumada a la circulación de panfletos y restricciones impuestas por grupos armados desde marzo de este año, pueden aumentar el riesgo de una escalada de violencia en la zona.

La Defensoria también recordó que entre agosto y septiembre de 2025 fueron asesinados varios líderes sociales en el municipio, entre ellos el excandidato a la Alcaldía José Erlery Velasco, el presidente de junta de acción comunal Leonel Imbachí y Cristian Arnobio Valencia, integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.

Asimismo, documentó la imposición de medidas de control, incluyendo restricciones a la movilidad nocturna, exigencia de documentos de identidad y presiones contra líderes comunitarios para exigir la salida de la Fuerza Pública de algunos sectores del territorio.

También advirtió sobre el aumento de la instalación de minas antipersonal en zonas rurales del municipio y el uso de drones con explosivos en acciones armadas.

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“El riesgo es especialmente alto para las infancias y adolescencias, vulnerables al reclutamiento forzado y la instrumentalización, como ocurrió en agosto del 2025 en San Alfonso, con la desaparición de dos adolescentes de 14 y 15 años”.

También identificó amenazas contra mujeres, líderes sociales, integrantes de organizaciones campesinas, firmantes del Acuerdo de Paz, docentes, transportadores, funcionarios públicos y el personero municipal.

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