El confinamiento forzado en Colombia sigue en aumento y se consolida como una de las principales afectaciones humanitarias del conflicto armado. Así lo advirtieron la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), al señalar que cerca de 40.000 personas se vieron obligadas a permanecer encerradas en sus territorios durante el primer trimestre de 2026.
De acuerdo con las entidades, entre enero y marzo más de 39.000 personas resultaron afectadas, lo que representa un incremento del 63% frente al mismo periodo de 2025. Además, el número de eventos de confinamiento también creció en un 23%. La tendencia ha aumentado, ya que durante todo 2025, más de 128.000 personas vivieron esta situación, superando en más de un 19% las cifras registradas en 2024.
“El año anterior, los departamentos con mayor afectación fueron Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En lo que va del 2026, los más afectados son Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guanía”.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que una parte importante de estos eventos impacta a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, cuyos territorios enfrentan condiciones de mayor aislamiento, baja presencia institucional y dependencia de la movilidad para su subsistencia, lo que agrava los riesgos humanitarios y amenaza su continuidad cultural.
En el primer trimestre de 2026 se documentaron 26 eventos de confinamiento, de los cuales 17 afectaron a comunidades étnicas y 9 a poblaciones campesinas.
La entidad señala que el confinamiento, provocado por la presencia y control de grupos armados ilegales, implica restricciones a la movilidad y al acceso a derechos básicos. Estas situaciones pueden extenderse por semanas o meses, afectando la seguridad alimentaria, la atención en salud, la educación y el acceso a vivienda digna, además de debilitar la relación de las comunidades con su territorio.
La Defensoría ha identificado patrones de control territorial y limitaciones a la libre circulación, e insistió en la necesidad de que las autoridades adopten medidas urgentes para prevenir estos escenarios y proteger a la población civil. También reiteró la importancia de que las víctimas sean incluidas en el Registro Único de Víctimas y accedan a rutas de atención y reparación.
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El representante de ACNUR en Colombia, Giovanni Lepri, advirtió que el confinamiento es un fenómeno en expansión que requiere una mejor definición para fortalecer la respuesta institucional.
“Estamos frente a un tema que está aumentando, que necesita ser conceptualizado de manera más clara para poder tener acciones más contundentes. (…) Hoy vemos desafíos importantes, la prevención del confinamiento en su atención integral, en una respuesta que sea oportuna, que sea sostenida, en la presencia institucional, en las comunidades confinadas, que es un gran desafío, con el agravio de las limitaciones continuas del acceso del acceso humanitario”.
Aunque existen esfuerzos para atender a la población confinada, la Defensoría señaló que la respuesta sigue siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía, especialmente en zonas rurales donde este fenómeno es más recurrente.
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“Si bien se registran esfuerzos por mantener la atención a la población confinada, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada, y mucho, y en muchos casos tardía, particularmente en contextos rurales que es donde más se presenta y en emergencias recurrentes, lo que retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos”, señaló la Defensora del pueblo Iris Marin.
También alertaron sobre barreras administrativas, limitaciones presupuestales y problemas de articulación institucional que afectan la cobertura y calidad de la ayuda humanitaria, profundizando vulneraciones en derechos como la alimentación, la salud y la educación, y aumentando los riesgos para mujeres, niñas, niños y adolescentes.
“La recurrencia del confinamiento evidencia la urgencia de fortalecer acciones preventivas con monitoreo temprano del riesgo, presencia institucional integral, control efectivo del territorio. Limitar la presencia y control territorial de los actores armados y activar de manera oportuna rutas de prevención y de protección antes de que las restricciones se consoliden en crisis humanitarias. En este contexto de crecimiento acelerado del confinamiento, no basta con responder a la emergencia”, concluyó Marin.
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