Defensoría del Pueblo exigió liberación de menores de edad secuestradas en zona rural de El Bagre

Tras conocerse los graves hechos violentos ocurridos en los últimos días en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, el Ministerio Público se pronunció frente a estas confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, en las que fueron secuestradas dos menores de edad.Por medio de un comunicado, la Defensoría del Pueblo solicitó la liberación de Jhocer Alexandra Yánez Hernández y María Ana Yánez Hernández, dos hermanas de 12 y 15 años de edad, respectivamente, que, según la institución, habrían sido retenidas por uno de los grupos en confrontación con fines de reclutamiento forzado.La Defensoría recalcó que lo sucedido, donde también fueron asesinadas dos personas, no se trata de un hecho aislado, “sino que se inscribe en un escenario de confrontación que continúa afectando gravemente a la población civil” y ya advertido en la Alerta Temprana 045 de 2020 sobre los escenarios de riesgo que podrían provocar grupos criminales en el Bajo Cauca de Antioquia.“Conforme al derecho internacional humanitario (DIH), las niñas, los niños y adolescentes gozan de una protección especial. Su reclutamiento, uso y utilización, así como la toma de rehenes, la privación ilegal de la libertad y cualquier forma de violencia contra la población civil están prohibidos y constituyen graves infracciones a esta normativa”, remarcó la Defensoría.Sobre el caso, las autoridades ya activaron un protocolo de búsqueda, como lo aseguró el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez."Lo que yo hice inmediatamente fue, con la directora de Derechos Humanos, hacer que se activen todas las rutas correspondientes con los organismos que trabajan de la mano con la Gobernación para ver de qué manera conseguimos que estas dos menores sean liberadas de manera inmediata", afirmó el funcionario.Al final de su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo también pidió a los grupos armados no solo la liberación de estas menores de edad, sino además respetar su vida e integridad. “La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades y compromete la responsabilidad, inclusive penal, de quienes los cometen”, concluyeron.