La ofensiva de las autoridades contra las estructuras del ELN en el Magdalena Medio permitió la captura de alias 'Yender', señalado de integrar las redes de apoyo al terrorismo de ese grupo armado y de coordinar acciones relacionadas con homicidios selectivos y extorsiones en esta región del país.El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Artillería de Campaña No. 2 Nueva Granada, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, mediante una orden judicial.De acuerdo con las investigaciones, alias 'Yender' era requerido por los delitos de homicidio agravado, rebelión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.Le puede interesar: Hombre hallado muerto en Floridablanca era exjefe de las AUC del Magdalena MedioLas autoridades lo señalan de participar en el asesinato de líderes sociales en los municipios de Yondó (Antioquia) y Aguachica (Cesar), además de estar presuntamente involucrado en homicidios selectivos y en el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y otros sectores productivos del Magdalena Medio.Según el Ejército Nacional, la captura representa un golpe a las redes de apoyo del ELN, ya que el procesado tendría un papel clave en la articulación de acciones criminales orientadas a mantener el control territorial mediante la intimidación y la violencia.Las autoridades indicaron que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los delitos que le son atribuidos, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos violentos registrados en la región.Con este resultado, las tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional aseguraron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas e interinstitucionales para debilitar las estructuras armadas ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad en el Magdalena Medio.
Organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Briceño, un joven de 22 años que había caído a las aguas del río Cauca mientras cumplía con sus labores en una obra de infraestructura en el Occidente de Antioquia.El trágico accidente laboral ocurrió en la construcción del puente La Angelina, un proyecto de conexión vial ubicado entre los municipios de Liborina y Buriticá. De acuerdo con el reporte preliminar, el trabajador cayó desde la estructura directamente al cauce del río por causas que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.Tras la caída, la corriente arrastró al joven de manera inmediata, generando momentos de angustia entre sus compañeros de obra, quienes presenciaron la emergencia y dieron aviso a los equipos de rescate.Las labores de búsqueda desplegadas por el Cuerpo de Bomberos de Liborina, concluyeron con la recuperación del cuerpo, mientras las autoridades y los responsables del proyecto vial adelantan las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este accidente laboral.
La Procuraduría General de la Nación informó que realizó una visita preventiva a la vereda Alfonso López, ubicada en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja, Santander, con el propósito de escuchar a la comunidad y conocer las inquietudes relacionadas con posibles riesgos ambientales asociados a la actividad petrolera que se desarrolla en ese sector.La diligencia fue adelantada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, en el marco de sus funciones de prevención y protección del interés público. Durante el encuentro, los habitantes expusieron sus preocupaciones por presuntas afectaciones al medio ambiente, los recursos naturales y su calidad de vida, que, según manifestaron, estarían relacionadas con las operaciones petroleras en la zona.Tras recoger las inquietudes de la comunidad, el Ministerio Público anunció que promoverá la articulación entre las entidades competentes para que se realicen las evaluaciones técnicas correspondientes y, de ser necesario, se adopten las medidas contempladas en la normatividad ambiental vigente.La Procuraduría aclaró que su intervención tiene un carácter preventivo y busca facilitar el diálogo entre las instituciones responsables y la comunidad, con el fin de garantizar una atención oportuna a las denuncias y verificar las condiciones ambientales del sector.El organismo de control también informó que continuará haciendo seguimiento a esta situación, impulsando el diálogo institucional y velando por la protección del ambiente, la salud de las comunidades y la defensa del interés general en la región del Magdalena Medio.Por ahora, la Procuraduría no ha emitido conclusiones sobre la existencia de afectaciones ambientales, por lo que las posibles situaciones denunciadas deberán ser evaluadas por las autoridades competentes mediante los estudios técnicos correspondientes.
Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las circunstancias en las que un vehículo fue hallado completamente incinerado en zona rural del municipio de Cimitarra, Santander, mientras que el propietario del automotor permanece reportado como desaparecido desde que salió de Medellín.El comandante de la Policía Santander, coronel Néstor Arévalo Montenegro, informó que el automotor fue encontrado sobre un corredor vial entre Cimitarra y Puerto Araújo, en jurisdicción cercana al municipio de Puerto Parra. Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas del incendio ni qué ocurrió con el conductor.De acuerdo con la investigación preliminar, el propietario del vehículo salió de Medellín el viernes de la semana pasada en horas de la mañana con destino aún por establecer. El seguimiento realizado por las autoridades indica que tomó la ruta Medellín–Bogotá y posteriormente pasó por el sector de Doradal. Horas después, el vehículo apareció completamente calcinado en territorio santandereano."Estamos en el proceso investigativo alrededor de lo que pudo ocurrir con el vehículo incinerado y la persona que salió desde Medellín. El propietario está reportado como desaparecido", señaló el coronel Arévalo.El oficial explicó que una de las dificultades que enfrenta la investigación es la falta de registros claros en los peajes, ya que las cámaras no lograron captar la identidad del conductor debido a que el vehículo solo abrió parcialmente la ventana para efectuar el pago.La Policía Nacional trabaja de manera coordinada con otras autoridades para reconstruir el recorrido del automotor, verificar las últimas comunicaciones del propietario y establecer si el caso está relacionado con algún hecho delictivo.Mientras avanzan las diligencias judiciales y técnicas, las autoridades mantienen activa la búsqueda del conductor y hacen un llamado a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o sobre el recorrido del vehículo para que la suministre a través de los canales oficiales.
Cinco cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado fueron recuperados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en una zona rural de Cantagallo, sur de Bolívar, durante una misión humanitaria que también permitió ubicar tres nuevos sitios donde podrían encontrarse más víctimas.El hallazgo se produjo en un sitio de interés forense ubicado a campo abierto, como resultado de una investigación humanitaria y extrajudicial adelantada en el marco del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar. Las indagaciones permitieron reconstruir información sobre desapariciones ocurridas entre los años 2000 y 2003, recopilar testimonios de las comunidades y orientar las labores de prospección y recuperación.Le puede interesar: Unidad de Búsqueda inició intervención en cementerio de Donmatías para buscar desaparecidosLos cinco cuerpos serán trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación (CIAFI), donde se realizarán los análisis científicos que permitan establecer su identidad y avanzar en su posterior entrega digna a las familias.La operación se desarrolló en una zona de difícil acceso, cercana al río Magdalena, por lo que fue necesario habilitar un corredor humanitario y recorrer durante varios días rutas fluviales para transportar al equipo especializado y los equipos técnicos hasta el lugar de la intervención."A partir de un esfuerzo interinstitucional realizado por el equipo humanitario de la Unidad de Búsqueda en Barrancabermeja logramos la recuperación de cinco cuerpos en zona rural de Cantagallo, gracias a las estrategias del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar", explicó Daladier Jaramillo, coordinador de la UBPD en el Magdalena Medio.La misión contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), organizaciones sociales, familias buscadoras y líderes comunitarios, cuyo apoyo fue clave para ingresar al territorio y desarrollar la intervención.Además del hallazgo de los cinco cuerpos, la Unidad de Búsqueda identificó tres nuevos sitios de interés forense, que serán intervenidos en futuras misiones. La entidad señaló que este avance fue posible gracias a la información entregada por las comunidades y al trabajo de documentación realizado previamente en la región."La reconstrucción histórica con las comunidades, su solidaridad y el acompañamiento permanente de las familias buscadoras hicieron posible esta misión humanitaria. A pesar de los retos logísticos y técnicos, fortalecimos la confianza con quienes siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos", afirmó la investigadora de la UBPD, Nelly Güeto.Cantagallo hace parte del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar, donde la Unidad de Búsqueda registra 1.188 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Con este tipo de intervenciones, la entidad busca avanzar en la localización de las víctimas y ofrecer respuestas a sus familias después de años de incertidumbre.
Seis familias campesinas de la vereda Remolinos Peñas Blancas, en el municipio de Yondó, Antioquia, avanzan en la implementación de sistemas de meliponicultura sostenible, una estrategia que busca proteger las abejas nativas sin aguijón, conservar la biodiversidad y generar alternativas de ingresos para las comunidades rurales.La iniciativa hace parte de la línea de incentivos para la conservación del Proyecto Vida Silvestre, un programa de inversión voluntaria liderado por Ecopetrol desde 2014, en alianza con la Wildlife Conservation Society (WCS) y Fondo Acción, enfocado en la restauración y protección de ecosistemas estratégicos del país.Actualmente, el proyecto ha permitido la instalación de 39 colonias de abejas nativas sin aguijón en seis predios rurales de Yondó. Estas especies cumplen un papel fundamental en la polinización de plantas silvestres y cultivos agrícolas, por lo que su conservación contribuye a la conectividad ecológica, los procesos de restauración ambiental y la seguridad alimentaria de las comunidades.De acuerdo con Ecopetrol, la meliponicultura hace parte de su portafolio de Soluciones Basadas en la Naturaleza y Soluciones Naturales del Clima, al combinar la protección de los ecosistemas con el fortalecimiento de capacidades locales y la generación de medios de vida sostenibles.Durante la cuarta fase del proyecto se busca fortalecer las capacidades técnicas de las familias participantes y ampliar gradualmente esta práctica como un incentivo de conservación en el territorio.“Con este proceso vamos entendiendo más qué son las abejas, para qué sirven y cómo funcionan. El mundo sin las abejas sería un completo caos”, afirmó Efraín Surmay, uno de los beneficiarios de la iniciativa.Por su parte, Catalina Gutiérrez Chacón, directora de WCS Colombia, destacó que la estrategia permite integrar la conservación ambiental con el bienestar de las comunidades y la protección del capital natural del Magdalena Medio.El Proyecto Vida Silvestre desarrolla acciones en los paisajes del Magdalena Medio, los Llanos Orientales y el Piedemonte Andino Amazónico, donde impulsa la conservación de 17 especies prioritarias de fauna y flora mediante investigación, monitoreo, restauración ecológica y trabajo con las comunidades rurales. En el Magdalena Medio, el programa trabaja en la protección de especies como el jaguar, el manatí antillano, la tortuga del río Magdalena y el paujil de pico azul.
Momentos de tensión se vivieron en el recinto del Concejo de Puerto Berrío tras una acalorada discusión protagonizada por el alcalde Robinson Baena y el presidente de la corporación, Víctor Marín.La situación se desencadenó en medio de la votación del Proyecto de Acuerdo 024 de 2026, que pretende incorporar recursos al presupuesto de esta localidad del Magdalena Medio para garantizar principalmente la continuidad del Programa de Alimentación Escolar.Mientras que el concejal le solicitaba al mandatario respetar el orden de la palabra, este trataba de imponerse con su voz por lo que la sesión fue suspendida argumentando falta de garantías.El presidente del Concejo Municipal indicó que durante su intervención el alcalde había desviado el motivo de la discusión y además se había referido de manera irrespetuosa a varios cabildantes."El señor alcalde le di la palabra, pero no conservó la unidad de materia. No queremos caer en la misma situación que veníamos anteriormente, lanzando calificativos degradantes para nuestros concejales, como ocurrió en algún momento con la concejal Alba, en algún momento contra el concejal Yarlison", explicó el directivo.Por su parte, el alcalde Baena sostuvo que su reacción se debió a la impotencia generada por el voto negativo en reiteradas en al menos ocho oportunidades del proyecto de acuerdo que beneficiaría a más de tres mil estudiantes del municipio. El mandatario recalcó que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el Concejo, inclusive presentando la iniciativa de diferentes maneras."En una ocasión me dijeron, pásenlo individualmente, los proyectos de acuerdo, no nos lo pasen un solo marco normativo, y lo presenté individualmente para llevarles el capricho, y, aun así, votaron negativo el proyecto de acuerdo", manifestó.Esta no se trata de la primera situación polémica en la que se ha visto inmerso Baena durante su periodo de gobierno. A inicios de mayo la administración anunció un nombramiento honorífico para el alcalde en París, pero con una inscripción al evento de 12 millones de pesos.También, a mediados de junio del año anterior la Secretaría de Salud de Antioquia le prohibió al alcalde continuar entregando carne y leche a población de bajos recursos sin condiciones sanitarias. Baena entregaba leche cruda en bidones y ollas sin preservar la cadena de frío.
En un golpe contundente contra las redes delictivas que impactan la tranquilidad de Barrancabermeja, la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura por orden judicial de dos hombres conocidos en el mundo del crimen como alias ‘Suso’ y alias ‘Cabezón’. Ambos sujetos están señalados de liderar el hurto de motocicletas bajo la modalidad de halado.La investigación de la Policía Judicial reveló un patrón alarmante: el robo de estos vehículos no era el fin delictivo definitivo, sino el medio para estructurar una cadena criminal mayor. Los automotores eran utilizados posteriormente para facilitar la ejecución de otras actividades ilícitas en el municipio, aprovechando su agilidad para evadir el control de las autoridades.Con respecto a este modus operandi, el coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, explicó el alcance de la operación: “Esa ofensiva contra el hurto que venimos haciendo, en ese trabajo focalizado y priorizado, son capturados dos sujetos por orden judicial por el delito de hurto. Estos sujetos se dedicaban a halar motocicletas. ¿Para qué utilizaban estas motocicletas? Para cometer actividades ilícitas, actividades delictivas”, reiteró.Las autoridades informaron que los capturados contaban con un amplio prontuario criminal. Dentro de la estructura de esta banda, alias ‘Suso’ ha sido identificado por los investigadores como el cabecilla principal, encargado de planear, coordinar y seleccionar los sectores estratégicos de Barrancabermeja para ejecutar los robos. Durante el procedimiento de captura, los uniformados incautaron un dispositivo móvil que será sometido a análisis forense para extraer información clave dentro del proceso judicial.Los dos indiciados cuentan con un extenso prontuario que incluye antecedentes penales por hurto, tráfico de estupefacientes, amenazas, violencia intrafamiliar y falsedad marcaria.Debido a la gravedad de los hechos y el material probatorio recolectado, los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías por el delito de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo sucesivo. Los dos capturados recibieron medida de aseguramiento.
Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la incautación de 41 cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizados para el almacenamiento y la comercialización ilegal de hidrocarburos en el municipio de Yondó, Antioquia.La operación fue desarrollada por tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No. 2, en coordinación con unidades de la SIJIN de Carabineros e Hidrocarburos de la Policía Nacional, como parte de las acciones para combatir las economías ilícitas en la región del Magdalena Medio.Según el reporte oficial, los cilindros fueron hallados ocultos en el sector del dique, a orillas del río Magdalena, y pertenecerían presuntamente a una red ilegal vinculada al frente Edgar Amilkar Grimaldo Barón del ELN. En total fueron incautados 10 cilindros de Gasan, cuatro de Vida Gas, 26 de Fedegás y uno de Gas País, todos con capacidad para 15 kilogramos.Las autoridades señalaron que estos elementos habrían sido utilizados para actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos, afectando las finanzas de la organización armada, además de generar perjuicios a la infraestructura energética y al patrimonio de Ecopetrol y de sus empresas contratistas, especialmente en el corredor Galán–Sebastopol.El Ejército indicó que la operación también permitió reducir riesgos ambientales, al evitar posibles fugas de gas que podrían afectar la calidad del aire, contaminar fuentes hídricas y poner en peligro tanto a las comunidades cercanas como a los ecosistemas del Magdalena Medio.
Las comunidades del municipio de Yondó, Antioquia, en límites con Barrancabermeja completan 10 días de protesta con el bloqueo del ingreso al campo de producción Casabe, en rechazo a la suspensión de las obras de perforación y a la reducción de las inversiones que, según denuncian, habían sido socializadas por Ecopetrol para el desarrollo del proyecto.Los manifestantes aseguran que la incertidumbre sobre el futuro del campo y la falta de claridad frente a la continuidad de las operaciones ponen en riesgo cientos de empleos y afectan la economía del territorio.Rafael Ospino, vocero de la comunidad, afirmó que el reclamo busca que Ecopetrol responda por los compromisos adquiridos con la población."Estamos reclamando los derechos. Hace más de un año se socializaron aquí 53 pozos. Estamos diciendo que Ecopetrol responda por los pozos faltantes. Queremos que el nuevo operador también se manifieste y nos diga qué va a pasar con el resto de los pozos que están pendientes por perforar", señaló.Por su parte, el líder comunitario Yebrail Meza sostuvo que la comunidad se siente engañada por los cambios que ha tenido el proyecto durante los últimos años."Primero nos socializaron 74 pozos. Después pasaron a ser 53 y finalmente solo se perforaron 24. Hoy el trabajo se termina de un momento a otro y Ecopetrol dice que se acabó la plata. Ahora entregan la operación a Parex, pero esa empresa no ha dado la cara a la comunidad ni ha explicado cuáles serán sus planes", manifestó.Los manifestantes sostienen además que la decisión de suspender los contratos podría dejar sin sustento a más de 300 familias y reclaman que los recursos e inversiones anunciados para los campos Casabe, Casabe Sur y Peñas Blancas permanezcan en el territorio y se cumplan los compromisos adquiridos durante las socializaciones.Frente a la protesta, Ecopetrol rechazó el bloqueo que ha impedido el ingreso y la salida de trabajadores y contratistas del campo Casabe.La compañía advirtió que estas acciones afectan la seguridad industrial, ponen en riesgo a las personas y al medio ambiente, además de comprometer la continuidad de la operación petrolera.Asimismo, indicó que, de mantenerse el bloqueo, se verá obligada a suspender contratos asociados a la operación, una medida que impactaría a más de 1.200 trabajadores y a proveedores de bienes y servicios de la región.Ecopetrol explicó que la suspensión temporal de la campaña de perforación, una vez concluido el pozo número 24, hace parte de las condiciones pactadas para la entrada en operación de la alianza con la empresa Parex Resources y mientras se surten los trámites pendientes, entre ellos la aprobación del acuerdo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.La estatal petrolera aseguró que el plan de re-desarrollo del campo y las inversiones para el primer año se encuentran en revisión por parte de los equipos técnicos de ambas compañías y serán socializados con las comunidades una vez sean aprobados.Además, recordó que Parex Resources tiene prevista una inversión cercana a los 250 millones de dólares durante los próximos cinco años para fortalecer la operación de los campos Casabe y Llanito mediante la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras operativas.Finalmente, Ecopetrol reiteró que mantendrá la priorización de mano de obra local, la contratación de proveedores de la región y los programas de inversión social en Yondó, Barrancabermeja y el Magdalena Medio, al tiempo que hizo un llamado a levantar el bloqueo y continuar el diálogo con las comunidades.
El terremoto plantea un nuevo desafío para las finanzas públicas de Colombia, que ya enfrentaban un escenario de ajuste fiscal. Así lo explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien señaló que una eventual reforma tributaria no permitiría obtener recursos inmediatos para atender la emergencia de este año.“Cualquier cambio tributario que se haga aplica para 2027. Es decir, siempre que usted hace reforma tributaria o ley de financiamiento, eso no va a aplicar para esta vigencia como tal”, precisó Salazar.¿Qué opciones tiene el Gobierno para financiar la emergencia?El experto señaló que, ante las limitaciones fiscales, Colombia tendría que acudir principalmente a mecanismos como la cooperación internacional y el endeudamiento. También destacó que los desastres naturales pueden justificar un gasto extraordinario dentro de las reglas fiscales.“Todo esto va a venir en el contexto súper complejo en el cual a futuro hoy nos va a tocar gastar más, que es un punto del PIB, son 20 billones extras total al recorte anunciado”, explicó el académico. Salazar agregó que el país enfrenta la emergencia en un momento especialmente complejo para sus cuentas públicas, debido al ajuste fiscal que ya había sido anunciado por el nuevo Gobierno.Recursos extraordinarios y control del gasto públicoEl director del Observatorio Fiscal planteó que existen recursos extraordinarios que podrían ser revisados para atender parte de las necesidades generadas por el terremoto. Mencionó los cerca de 8 billones de pesos asociados a una emergencia ambiental declarada durante el primer semestre y cuestionó el nivel de ejecución de esos recursos.“Pues este puede ser un momento para coger mano de esos recursos. Ahora, si el tamaño son 19, 20 billones, tenemos 8, digamos, ahí para coger”, señaló el director.Además, Salazar mencionó un análisis realizado por el Observatorio Fiscal sobre la contratación durante la ley de garantías. Según explicó, encontraron alrededor de 70.000 contratos adicionales y un sobrecosto estimado de 7 billones de pesos.¿Se justifica una emergencia económica?Frente a la posibilidad de utilizar mecanismos extraordinarios, Salazar consideró que la situación actual sí podría justificar una emergencia económica, especialmente por las necesidades de las personas afectadas.“En este contexto sí se justifica. Y justamente yo creo que toda esta discusión ya estructural, como usted bien la dice, en su momento cuando la Corte Suprema tumbó en la primera emergencia económica, acá estamos frente a una condición que sí es una emergencia”, sostuvo el catedr.ático. El economista insistió, además, en la necesidad de mantener vigilancia sobre el uso de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia.Escuche la entrevista completa aquí:
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cifró este martes en 181 el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias zonas del país, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados."En este momento tenemos 181 fallecidos a nivel nacional, 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas, 807 centros educativos también averiados", dijo el mandatario a periodistas en Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades afectadas por el terremoto.De la Espriella añadió que al menos 85 centros de salud resultaron averiados y que unas 74 carreteras presentan daños.El balance presidencial se conoce 24 horas después del primer conteo oficial del Gobierno nacional, que el lunes al mediodía situó en 111 la cifra de fallecidos.Sin embargo, los datos divulgados por las autoridades de los departamentos afectados y sus capitales elevan el número de víctimas mortales a por lo menos 240.El Valle del Cauca es la región con más fallecidos, con 130, de los cuales 95 corresponden a Cali, su capital, y 35 a otros municipios, mientras el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, informó de 949 heridos, 86 personas rescatadas y 239 atrapadas bajo los escombros, además de 56 edificios colapsados.En Risaralda, las autoridades hablan de alrededor de 90 muertos, mientras que en el Chocó, donde estuvo el epicentro del terremoto, se contabilizan 14 fallecidos, 138 heridos y cinco desaparecidos.En el departamento de Caldas, por su parte, la Gobernación registraba seis muertos, 76 heridos y más de 1.300 viviendas afectadas.La diferencia entre las cifras nacionales y regionales se produce después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informara que, por instrucción de De la Espriella, toda la información oficial sobre la emergencia sería emitida exclusivamente por la Presidencia de la República.La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) había contabilizado esta mañana al menos 169 muertos, aunque su registro solo incluye las capitales departamentales y no los municipios y zonas rurales.A su vez, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que había recibido 160 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca relacionados con el terremoto ocurrido el lunes.El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, en el departamento Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda.Pereira fue la tercera ciudad visitada tras el terremoto por el mandatario, que ayer estuvo en Quibdó (Chocó) y en Cali (Valle del Cauca), y este martes irá también a Armenia (Quindío).
Cada vez es más compleja la situación en la Serranía del Perijá, especialmente en el sur del Cesar, donde el fuego que comenzó a una altura superior a los 1000 metros hace una semana, hoy se extiende a la parte baja, a escasos 50 metros sobre el nivel del mar, y amenaza a veredas como La Mula Alta y Baja, Lamas Verdes, Las Nubes y El Pancho, en jurisdicción de Curumaní.Wilson Pérez Ascanio, coordinador de Foro Ambiental del Cesar, indicó que es urgente intervenir la emergencia desde el aire, pues por tierra las labores de extinción del fuego son casi imposible por la falta de vías de acceso y problemas de orden público.Pérez asegura que hasta ahora solo los habitantes de la zona son los que han intentado apagar las llamas por sus propios medios para proteger sus predios, pero sus esfuerzos no dan abasto, pues no hay suficiente agua y el fuego ya abarca miles de hectáreas.Cuenta que, lejos de mitigar la emergencia, la comunidad se está exponiendo al fuego y hasta uno de ellos ya sufrió heridas mientras intentaba combatir el incendio."Ya se han quemado algunas viviendas, se quemaron potreros, cultivos, especies menores, bosques naturales, entonces realmente estamos viviendo una calamidad ambiental y social", expresó Pérez.Otro de los incendios que afecta a la Serranía del Perijá se presenta en la vereda El Cinco, municipio de Manaure Balcón del Cesar, a donde ha sido enviada una aeronave cisterna con capacidad para transportar 3.050 litros de agua y sumarse a las labores de control. Esta misma intervención es la que esperan ahora en Curumaní.No se descarta que detrás de estos incendios forestales estén las malas prácticas humanas, por eso desde la Corporación Autónoma Regional del Cesar también emiten recomendaciones para evitar más conflagraciones como estas."Hacemos un llamado a las comunidades a que eviten el uso del fuego en la preparación de labores agrícolas, pues no va a tener ningún fruto. Quienes poseen predios rurales deben construir las guardarrayas o los famosos cortafuego, ojalá de 4 metros de ancho a 2 metros de cada lado de los linderos. Y evitar dejar restos de vidrios, de botellas, porque con la acción del sol, pues se crea el efecto lupa y eso también ocasiona incendios", aconseja Jorge Armenta, ingeniero a cargo de la coordinación de gestión del riesgo en Corpocesar.A raíz de la situación, la senadora Alexandra Pineda radicó un derecho de petición pidiendo la inmediata atención de los incendios, tanto a la Gobernación del Cesar como a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Ante la emergencia que vive Colombia, la familia Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas expresan su solidaridad con las familias y comunidades que hoy enfrentan el dolor de sus pérdidas y profundas dificultades.Las contribuciones serán canalizadas a través de la Fundación Santo Domingo, que trabajará en coordinación con la oficina de la Primera Dama, las autoridades y las organizaciones que atienden la emergencia, para que las ayudas lleguen de manera oportuna y efectiva a las zonas y personas que más las requieren. Asimismo, se está avanzando en la habilitación de mecanismos de acopio de las ayudas y canales de donación, con el propósito de facilitar que más personas puedan sumarse a este esfuerzo de país.Hoy Colombia nos necesita unidos. Reafirmamos nuestro compromiso y confiamos en que el sector empresarial y fundacional acompañará a quienes atraviesan esta difícil situación. Toda ayuda cuenta y juntos podemos marcar la diferencia.
A un año del magnicidio y posterior fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el proceso judicial ha dejado siete condenas contra personas vinculadas a la ejecución y logística del atentado, mientras permanece pendiente el avance de la judicialización de los cabecillas de la Segunda Marquetalia señalados por la Fiscalía como presuntos determinadores del crimen.Víctor Mosquera, abogado representante de las víctimas y de la familia Turbay, hizo un llamado para que la investigación avance más allá de los responsables materiales. “Tengo el deber de decir que, un año después, el homenaje más importante que podemos hacerle no consiste solamente en recordarlo. Consiste en exigir verdad y justicia”, afirmó.El abogado reconoció los avances alcanzados por la Fiscalía y señaló que “la investigación ha permitido avanzar por la labor incansable de la Fiscalía y se ha judicializado a todos los autores materiales. Es un resultado que debe reconocerse. Pero no es suficiente”. Mosquera insistió en la necesidad de establecer quiénes estuvieron detrás de la planeación del atentado y cuál fue la cadena de responsabilidades. “Colombia necesita saber quiénes determinaron este crimen. Quiénes lo instigaron. Quiénes lo financiaron. Quiénes impartieron las órdenes. Quiénes tuvieron interés en silenciar a Miguel”, señaló.En este punto permanece uno de los principales asuntos pendientes dentro de la investigación. Un juez de control de garantías negó la solicitud de la Fiscalía para declarar como personas ausentes a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias “Iván Márquez”, “John 40”, “Zarco Aldinever”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, “Gonzalo” y “Yako”, investigados por su presunta responsabilidad como determinadores del magnicidio.El despacho concluyó que no estaban acreditados los requisitos materiales y formales para adoptar esa decisión. Entre los argumentos expuestos estuvo la existencia de errores en las labores de localización adelantadas por la Policía Judicial en el caso de Kendry Téllez, incluida la utilización de un correo electrónico y un número telefónico equivocados.Además, la juez señaló que la Fiscalía debía realizar labores de búsqueda individualizada frente a los demás investigados, pese a que registros de la Nueva EPS reportaban, para mayo de 2026, afiliaciones activas y datos de contacto vigentes en territorio nacional. Por esta razón, el despacho exhortó a la Fiscalía a corregir las falencias detectadas y realizar nuevas labores de ubicación. “En consecuencia, el despacho exhortó a la delegada fiscal para que subsane las falencias detectadas, realicen las instalaciones y verificaciones correspondientes mediante los canales de contacto correctos y adelanten nuevas labores de ubicación”, señala la decisión.La Fiscalía, por ahora, asegura que no ha presentado nuevamente la solicitud de declaratoria de persona ausente, debido a que continúan las actividades de policía judicial ordenadas por la juez.Mientras tanto, el proceso registra avances frente a quienes ya fueron judicializados. De las nueve personas procesadas, siete han obtenido condenas mediante preacuerdos. Entre ellas está Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” o “Chipi”, con un preacuerdo aprobado por 26 años y tres meses de prisión, aunque está pendiente la lectura de sentencia.También está William Fernando González Cruz, alias “El Hermano” o “El Viejo”, con un preacuerdo aprobado por 21 años y nueve meses de prisión, y Harold Daniel Barragán Ovalle, con un preacuerdo de 21 años y cuatro meses de prisión, cuya lectura de sentencia está prevista para el 14 de agosto.Asimismo, Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión; Katherine Andrea Martínez Martínez recibió una condena de 21 años y dos meses; y Carlos Eduardo Mora González fue condenado a 21 años de prisión. En el caso del menor de edad vinculado al atentado, se impuso una sanción de siete años de internamiento preventivo.Aún está pendiente el aval de la negociación alcanzada con Cristian Camilo González Ardila, señalado de ser el motociclista encargado de labores logísticas y de transporte del sicario. También está pendiente la definición de un eventual preacuerdo para Jhorman David Mora Silva, señalado de realizar una videollamada al menor de edad para convencerlo de ejecutar el ataque. De aprobarse esa negociación, podría enfrentar una pena superior a diez años de prisión.