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Ya son cinco los exfuncionarios de Quintero imputados por presuntos casos de corrupción en Medellín

El peculado por apropiación en contratos asciende, según revelan las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, a los 2.835 millones de pesos.

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BLU Radio. Palacio de Justicia en Medellín / Foto: Google Maps

Por tercer día consecutivo la Fiscalía imputó cargos por presunta corrupción a exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero en Medellín. Esta vez, por irregularidades en contratos para el mantenimiento del Parque de las Aguas.

La Fiscalía General sigue avanzando en casos que comprometen a exfuncionarios de la anterior administración de Medellíncuestionada, especialmente, por el manejo de los recursos públicos en diferentes dependencias y esta imputó los cargos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos contra tres de ellos.

Se trata del exrepresentante legal del Área Metropolitana, Álvaro Alonso Villada García y los exgerentes de Metroparques María Eugenia Domínguez Castañeda y Jorge Liévano Ospina, también implicado en supuestas anomalías en contratos para el mantenimiento de zonas verdes de la ciudad y la ejecución de recursos del Presupuesto Participativo en materia de recreación.

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Dentro del más reciente proceso están vinculados, a su vez, Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamilet Galindes y Fabio Miguel Mestre Espitia, como representantes legales de empresas contratistas de tres procesos que superan los 17.000 millones de pesos, entre 2020 y 2021, para el mantenimiento del Parque de las Aguas en el municipio de Barbosa.

El ente acusador pudo determinar que, a través de la figura de contratos interadministrativos, se direccionaron los procesos de contratación, no solo durante la etapa de invitaciones privadas, sino además escogiendo a compañías cuyo objeto social no se ajustaba, pues una de ellas, por ejemplo, se dedicaba a la distribución de telas.

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El peculado por apropiación en estos contratos asciende, según las investigaciones de la Fiscalía, a los 2.835 millones de pesos.

Piedad Restrepo, vocera de la veeduría Todos por Medellín, destacó estos avances en situaciones que desde la entidad han denunciado como parte de una estrategia común para apropiarse de recursos públicos.

“Entonces yo creo que es muy disidente y creo que lo más importante, más allá de un contrato que es un contrato, es que entendamos que esto fue una forma de operación para apropiarse de recursos públicos y eso es solo uno de los ejemplos, entonces para nosotros es muy importante”, aseveró.

Ninguna de las personas procesadas por estos hechos se allanó a los cargos imputados, y así como en los demás casos de los últimos días, la Fiscalía presentará en las próximas semanas su escrito formal de acusación en el proceso.

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