Después de un año bajo vigilancia especial, la Universidad de Antioquia recuperó plenamente su autonomía administrativa tras la decisión del Ministerio de Educación de levantar la medida de inspección y vigilancia que había impuesto desde el pasado 29 de julio de 2025.
La cartera nacional concluyó que las condiciones que dieron origen a esa actuación fueron superadas en buena parte y que la institución registró una mejora significativa en su desempeño.
Según la Alma Mater, la determinación del Ministerio se sustenta en una recuperación progresiva de los indicadores financieros y administrativos. Mientras al finalizar 2025 la Universidad enfrentaba un panorama con pagos aplazados por más de $84.600 millones y una disponibilidad de recursos de libre destinación que apenas superaba los $3.600 millones, durante 2026 la institución logró mantener un flujo de caja positivo y estable.
A ese resultado se suma el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del plan de recuperación diseñado tras la intervención. De las 24 acciones contempladas para corregir las principales observaciones financieras, 19 ya habían sido ejecutadas en su totalidad al cierre de junio de este año.
Asimismo, el seguimiento realizado por el Ministerio mostró que la universidad alcanzó un nivel de cumplimiento cercano al 94% en las actividades programadas para responder a los requerimientos formulados por el Ministerio.
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Pese al alivio que representa el fin de la intervención, el proceso aún deja inquietudes dentro de la comunidad universitaria. Melisa Olarte, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, indicó que ya se ha solicitado que se haga público el informe elaborado por la inspectora in situ, Angelly Paola Martínez.
La vocera de los estudiantes considera que ese documento permitirá conocer con precisión el diagnóstico que motivó la intervención, evaluar la pertinencia de las medidas implementadas y abrir un debate sobre nuevas estrategias.
“El informe debe detallar el análisis a profundidad de la situación financiera y administrativa de la universidad y el por qué se llegó a la crisis de 2024. Además, cuáles son los hallazgos registrados en la inspección realizada por el Ministerio de Educación Nacional”, señaló Olarte.
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Tras la llegada de Luquegi Gil como nuevo rector en propiedad, un nuevo panorama también estará respaldado por recursos frescos para la Universidad.
Recientemente, el Ministerio de Educación también confirmó la incorporación de 72.520 millones de pesos a la base presupuestal de la institución, una inyección de recursos que tendrá carácter permanente y que permitirá distribuir esa financiación en los próximos años para atender necesidades prioritarias.
Los recursos podrán ser invertidos en asuntos como funcionamiento y fortalecimiento académico para seguir consolidando el proceso de recuperación.
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