El Tribunal Administrativo del Atlántico le dio un golpe judicial al Ministerio de Educación del presidente Gustavo Petro, justo a solo unos días de ser relevados en el poder, ya que la Sala de Decisión Oral ordenó suspender de manera provisional la vigilancia especial que se instauró sobre la Universidad del Atlántico en noviembre de 2025 y, a su vez, la llegada del rector encargado Rafael Castillo Pacheco, reemplazo provisional de Leyton Daniel Barrios Torres.
La decisión está relacionada con la demanda que Barrios realizó al ser separado del cargo en medio de protestas, bloqueos y tensiones por el proceso de elección rectoral. Los magistrados Óscar Wilches Donado y Ángel Hernández Cano argumentaron que fue usada una causal equivocada para decretar la vigilancia especial, ya que esta no respondía a una afectación a la calidad educativa sino a protestas estudiantiles, algo que la ley excluye en los motivos para activar este tipo de intervención.
Según ellos, tampoco fue encontrado el informe técnico exigido para demostrar que —en su tiempo— el rector Barrios obstaculizó las medidas ordenadas desde el Gobierno. Sumado a que, entre las exigencias que le hizo el Ministerio y la decisión de sacarlo del cargo pasaron apenas cinco días hábiles, un plazo que el Tribunal consideró como insuficiente para cumplir todo lo que se le estaba pidiendo.
Así las cosas, fue suspendida provisionalmente la resolución que abrió la vigilancia especial (022126 de noviembre de 2025) y la que estableció el reemplazo de Barrios (023896 de diciembre de 2025), la cual quedando sin efectos abre la posibilidad al regreso de Leyton de forma transitoria.
“Decretase la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los siguientes actos administrativos demandados: i) Resolución No. 022126 de 14 de noviembre de 2025 «Por la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial para la Universidad del Atlántico», ii) Resolución No. 023896 del 11 de diciembre de 2025 «Por la cual se reemplaza al Rector de la Universidad del Atlántico, en el marco de la vigilancia especial dispuesta en la Resolución No. 022126 del 14 de noviembre de 2025»; y, iii) De los actos administrativos fictos o presuntos derivados del silencio administrativo negativo frente a los recursos de reposición interpuestos en vía gubernativa contra las Resoluciones No. 022126 del 14 de noviembre de 2025 y No. 023896 del 11 de diciembre de 2025”, se puede leer en el documento.
Hay que decir también que el proceso fue devuelto al Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla para que continúe el trámite de fondo, es decir, la decisión definitiva sobre si esos actos del Ministerio fueron legales o no.
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