Para este martes, la Universidad del Atlántico suspendió todas las actividades académicas y administrativas presenciales en su sede norte, como medida preventiva frente a los riesgos de seguridad que, según la rectoría, existen en torno a la realización del evento denominado “Conversando con Petro”, anunciado para las 10:00 de la mañana en la Plazoleta del Bloque D.El encuentro contempla la visita del expresidente Gustavo Petro, el exministro de Educación Daniel Rojas y la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Andrea Vargas; sin embargo, en una resolución firmada por el rector Leyton Barrios, la universidad advierte que esta actividad "no cuenta con las autorizaciones, planes de contingencia, pólizas ni permisos reglamentarios requeridos", lo que, según sus directivos, aumenta la posibilidad de que se registren posibles alteraciones dentro del campus universitario.Dice el rector que el riesgo es superior, debido a la tensión que hay por el proceso electoral que hoy cursa en la universidad para, entre otros, escoger a los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior. De hecho, Petro llega a acompañar al joven candidato Marcos Mercado, lo que ha generado malestar entre varios sectores de la comunidad universitaria que critican el apoyo de "actores externos", como el expresidente, "con el ánimo de incidir en el proceso democrático de los estudiantes".Así las cosas, las clases y labores administrativas se realizarán de manera virtual o remota este martes, y retornarán a la presencialidad el miércoles, 30 de septiembre.
Leyton Barrios Torres retomó esta semana sus funciones como rector de la Universidad del Atlántico, en la que fue recibido por un grupo de docentes, egresados y estudiantes, tras la orden del Tribunal Administrativo del Atlántico de suspender la intervención iniciada por el Ministerio de Educación Nacional sobre esta alma máter y con ello el nombramiento de Rafael Castillo Pacheco, quien había llegado como encargado provisional.Durante su discurso, Barrios Torres manifestó su intención de construir una “ institución más sólida, participativa y comprometida”, además hizo un llamado a la unidad de los diferentes estamentos de la Universidad para así defender su autonomía.Entre sus planes, está la dignificación de la labor docente, la atención a las reivindicaciones laborales de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad interna en los campus.Por eso, hizo un llamado directo al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación para que dirijan su atención a las necesidades urgentes de la Universidad del Atlántico. Además, reiteró su intención de consolidar los procesos académicos, investigativos y de extensión en la sede principal de Puerto Colombia y en las sedes regionales del departamento.Recordemos que la Procuraduría anunció una suspensión provisional contra Rafael Castillo Pacheco, por tres meses, y la apertura de una investigación disciplinaria, al parecer, por negarse a dejar el cargo, pese al auto que ratificó su salida.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico ordenó este jueves 6 de agosto la suspensión provisional de Rafael Castillo Pacheco como rector de la Universidad del Atlántico. La medida, que rige por tres meses prorrogables y sin derecho a salario, se dictó junto con la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por seis meses.“Ordenar la apertura de investigación disciplinaria en contra de Rafael Castillo Pacheco en su condición de rector de la Universidad del Atlántico designado por el Ministerio de Educación Nacional, por el término de seis (6) meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”, se puede leer en el documento.“Ordenar la suspensión provisional del señor Rafael Castillo Pacheco en su condición de rector de la Universidad del Atlántico designado por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial adoptadas mediante la resolución No. 022126 del 14 de noviembre de 2025, por el término de tres (3) meses, prorrogables hasta por otro tanto, sin derecho a remuneración”, agrega.De acuerdo con la entidad, todo se remonta al pasado 27 de julio, ya que el Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió los efectos de las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que habían sustentado el nombramiento de Castillo Pacheco como rector, en el marco de la vigilancia especial que el Gobierno impuso sobre la universidad. Con esa decisión, el Tribunal reconoció la vigencia de Leyton Daniel Barrios Torres, elegido rector por el Consejo Superior Universitario.Luego, el 5 de agosto, la Procuraduría exhortó formalmente a Castillo Pacheco a entregar el cargo de inmediato a Barrios Torres. Sin embargo, manifestaron que esa misma tarde Castillo Pacheco publicó un comunicado en el que expresó respeto por la decisión judicial y anunció que pediría al Tribunal aclarar y complementar el fallo, sin anunciar en ningún momento la entrega del cargo.Le puede interesar: Uniatlántico: Procuraduría pide salida inmediata del rector Rafael CastilloPor eso, para el ente de control, esto significó que, en la práctica, siguió actuando como rector, pese a que el sustento jurídico de su designación ya no existía.El despacho considera que los hechos podrían constituir falta disciplinaria gravísima, al encuadrarse en delitos como usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial o administrativa. Aclara, eso sí, que se trata de una calificación preliminar y que Castillo Pacheco conserva el derecho a defenderse dentro del proceso.Según la decisión, permitir que el investigado siguiera en el cargo abría el riesgo de que la presunta falta continuara cometiéndose, lo que justificó, para la Procuraduría, apartarlo de forma inmediata mientras avanza la investigación.Finalmente, la Procuraduría le ordenó al Consejo Superior Universitario hacer efectiva la suspensión. Contra la decisión no procede ningún recurso.
La Procuraduría exhortó a Rafael Castillo a cesar sus funciones como rector de la Universidad del Atlántico, a propósito del fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que dejó sin piso la intervención realizada por el Ministerio de Educación en el alma mater y que lo nombró en el cargo.“En otras palabras, retrotraídas las cosas a su estado original, cobra vigencia la designación como Rector de la Universidad del Atlántico realizada por el Consejo Superior al señor Leyton Daniel Barrios Torres”, explica el procurador Regional de Instrucción, Javier Enrique Bolaño.En ese sentido, señala el Ministerio Público que no acatar la decisión del Tribunal inmediatamente, constituye falta gravísima que podría enmarcarse en la conducta prevista en el Código Penal como fraude a resolución judicial.Asimismo, dice la Procuraduría Regional que de continuar suscribiendo actos administrativos, contratos o cualquier otra actuación, Castillo podría incurrir en usurpación de funciones públicas, ya que no tiene la competencia para ejercer como Rector, por la medida cautelar de suspensión.Por su parte, Rafael Castillo señaló en un comunicado que respeta las decisiones judiciales, pero solicitará la aclaración y complementación de algunos aspectos de la providencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, para tener certeza sobre su alcance y la forma en que debe ejecutarse.Sobre ese particular, la Procuraduría fue clara en advertir en el llamado que le hace a Castillo, que la jurisprudencia del Consejo de Estado indica que la presentación de una solicitud de aclaración o adición como la que anuncia, no suspende ni paraliza el cumplimiento material e inmediato de la decisión que decreta la entrega del cargo a Leyton Barrios Torres. quien fue elegido rector de la universidad por parte del Consejo Superior Universitario en el mes de octubre de 2025, para el periodo institucional en curso, so pena de incurrir en conductas reprochables en sede disciplinaria y penal.
El Tribunal Administrativo del Atlántico le dio un golpe judicial al Ministerio de Educación del presidente Gustavo Petro, justo a solo unos días de ser relevados en el poder, ya que la Sala de Decisión Oral ordenó suspender de manera provisional la vigilancia especial que se instauró sobre la Universidad del Atlántico en noviembre de 2025 y, a su vez, la llegada del rector encargado Rafael Castillo Pacheco, reemplazo provisional de Leyton Daniel Barrios Torres.La decisión está relacionada con la demanda que Barrios realizó al ser separado del cargo en medio de protestas, bloqueos y tensiones por el proceso de elección rectoral. Los magistrados Óscar Wilches Donado y Ángel Hernández Cano argumentaron que fue usada una causal equivocada para decretar la vigilancia especial, ya que esta no respondía a una afectación a la calidad educativa sino a protestas estudiantiles, algo que la ley excluye en los motivos para activar este tipo de intervención.Según ellos, tampoco fue encontrado el informe técnico exigido para demostrar que —en su tiempo— el rector Barrios obstaculizó las medidas ordenadas desde el Gobierno. Sumado a que, entre las exigencias que le hizo el Ministerio y la decisión de sacarlo del cargo pasaron apenas cinco días hábiles, un plazo que el Tribunal consideró como insuficiente para cumplir todo lo que se le estaba pidiendo.Así las cosas, fue suspendida provisionalmente la resolución que abrió la vigilancia especial (022126 de noviembre de 2025) y la que estableció el reemplazo de Barrios (023896 de diciembre de 2025), la cual quedando sin efectos abre la posibilidad al regreso de Leyton de forma transitoria.“Decretase la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los siguientes actos administrativos demandados: i) Resolución No. 022126 de 14 de noviembre de 2025 «Por la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial para la Universidad del Atlántico», ii) Resolución No. 023896 del 11 de diciembre de 2025 «Por la cual se reemplaza al Rector de la Universidad del Atlántico, en el marco de la vigilancia especial dispuesta en la Resolución No. 022126 del 14 de noviembre de 2025»; y, iii) De los actos administrativos fictos o presuntos derivados del silencio administrativo negativo frente a los recursos de reposición interpuestos en vía gubernativa contra las Resoluciones No. 022126 del 14 de noviembre de 2025 y No. 023896 del 11 de diciembre de 2025”, se puede leer en el documento.Hay que decir también que el proceso fue devuelto al Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla para que continúe el trámite de fondo, es decir, la decisión definitiva sobre si esos actos del Ministerio fueron legales o no.
“Las madres nunca se deben separar de sus hijos”, fueron las palabras con las que este jueves la candidata a la vicepresidencia, Aida Quilcué, lamentó las protestas en Bogotá donde, en los videos publicados por el presidente Gustavo Petro, se puede ver a niños siendo usados como escudo en un enfrentamiento con el Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) o antiguo Esmad.Desde Barranquilla, la candidata sostuvo que no estuvo en el lugar de los hechos, pero qué hay que investigar qué fue lo que sucedió.“La comunidad Embera ha sido golpeada históricamente por el conflicto armado. Nosotros sabemos que, culturalmente, las mujeres están con sus niños. Habría que revisar, no he estado allá de cerca, pero tenemos que revisar que los niños no sean utilizados para estos fines. Reitero, considero que culturalmente las mujeres no pueden dejar a sus niños”, dijo a los medios de comunicación momentos antes de iniciar su discurso. Además, aprovechó su visita al Atlántico para abrir la posibilidad a tener un debate con candidatos a la vicepresidencia diciendo “ahí estaremos”.“Estamos en el Atlántico visitando a la juventud universitaria, quienes han construido el proyecto político desde estas instituciones con la resistencia y reivindicación de derechos. Vamos a la primera vuelta, vamos a ganar”, dijo inicialmente.“A la gente en Barranquilla le decimos que estamos aquí para seguir transformando. Si bien esta ciudad ha avanzado en el desarrollo económico del país, sabemos que aún falta mucho porque hay exclusión. Se requiere oportunidades para la juventud, para las mujeres cabeza de familia y vamos a continuar con este cambio del país”, agregó.Su agenda inició en la Universidad del Atlántico a la que llegó con dos horas y media de retraso, luego tendrá que trasladarse en horas de la tarde a la universidad Simón Bolívar.
La Procuraduría envió una carta al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, solicitando información acerca del estado actual en el que se encuentran las piscinas de la institución educativa, clausuradas en marzo de este año luego de registrar una mala calidad en sus aguas derivada de la falta de mantenimiento.La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, en este documento, pidió conocer el estado en el que estaban durante la visita de la Secretaría de Salud del municipio de Puerto Colombia, los resultados de las muestras de laboratorio practicadas al agua, el registro fotográfico previo a su cierre y las certificaciones o actas internas sobre inspecciones, revisiones o mantenimientos realizados durante los últimos dos años.En el mismo sentido, el ente de control requirió identificación y soportes de capacitación y formación del personal responsable del mantenimiento y manejo de las piscinas, así como los protocolos internos adoptados para el control de contingencias.De igual manera, dieron un plazo de solo cinco días para que el rector encargado Rafael Castillo dé “respuesta sobre las quejas o reportes de afectaciones a la salud asociados a su uso, si las hubiere, las medidas adoptadas para proteger a la comunidad universitaria antes y después de la clausura, y la copia del plan de mejoramiento exigido por la autoridad sanitaria y su estado actual de su cumplimiento”.Más denuncias Esa no es la única polémica que hay en estos momentos alrededor de la Universidad del Atlántico, pues en las últimas horas la Alcaldía de Soledad denunció que no se evidencian avances alrededor de la construcción de la nueva sede de esta alma mater en dicho municipio.De hecho, la preocupación según la administración pasa porque ya cumplieron con su cesión del lote e inversión de $4.000 millones en su primera fase para hacer realidad esta obra.“La sede de la Universidad del Atlántico en Soledad es un proyecto estratégico para ampliar el acceso a la educación superior en el municipio y la región”, escribieron inicialmente.“Señor Presidente Gustavo Petro y señor Ministro de educación, Daniel Rojas, agradecemos informar a la comunidad el estado actual del proyecto y el cronograma de ejecución. Los jóvenes de Soledad esperan este compromiso hecho realidad”, agregaron en su cuenta de X.
Al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, le abrió la Procuraduría una investigación disciplinaria por presuntamente no cumplir con una suspensión de cuatro meses que le fue ordenada por el Ministerio Público en febrero de 2025, tras un fallo en segunda instancia. Al parecer, Castillo Pacheco asumió el cargo como rector, a pesar de que debía primero cumplir con la sanción antes de ejercer cualquier cargo dentro de la misma universidad que fuera diferente al de docente. Sin embargo, no queda claro si este cumplió con la suspensión de sus funciones durante cuatro meses, sin que hubiese sido suspendido el pago de su salario ni notificado el Ministerio Público. "La entidad también ordenó investigar a los jefes de la Oficina Jurídica, Control Interno Disciplinario y Talento Humano de esa institución educativa: María Andrea Bocanegra Jiménez, José Waldir Hoyos Franco y Salomón Elías Mejía Sánchez, respectivamente, quienes, al parecer, no habrían certificado la ejecución de la sanción o el pago de la misma convertida en salarios", expone la Procuraduría en un comunicado. En caso tal, la Procuraduría insiste que Castillo no debió asumir el cargo si tenía vigente la sanción, lo que podría dar lugar a una segunda amonestación. "La Procuraduría señaló que, mediante estas investigaciones, verificará la ocurrencia de la conducta, establecerá si se configuró falta disciplinaria y determinará la eventual responsabilidad de los investigados", indica la entidad. NombramientoRafael Castillo Pacheco llegó al cargo de rector encargado de la Universidad del Atlántico el pasado 17 de diciembre, tras la suspensión de Leyton Barrios del cargo, a partir de un proceso de vigilancia especial que el Ministerio de Educación declaró, ante los problemas de gobernabilidad que enfrentaba el plantel por un paro indefinido que realizaron los estudiantes. Castillo podrá estar durante un año en el cargo, siendo que ya es la segunda vez que él ocupa este cargo. Precisamente, fue en 2023 cuando estuvo en una situación similar y se extralimitó en sus funciones al autorizar una comisión de servicio remunerada a un docente de la facultad de ciencias económicas para que viajara a Argentina a cursar estudios de doctorado. Según la Procuraduría, esta conducta fue objeto de la sanción que actualmente tiene al funcionario bajo la mira.
Según el Ministro del Interior Armando Benedetti, Leyton Barrios estaría a punto de ser reintegrado al cargo de rector de la universidad del Atlántico, tras haber interpuesto una acción de tutela en la que alega ser padre cabeza de familia.Benedetti recordó que sobre Barrios pesan señalamientos graves, entre ellos la presunta falsificación de certificados para acreditar su experiencia laboral, razón que llevó al Ministerio de Educación a retirarlo del cargo el pasado mes de diciembre, es decir, es decir, un mes y medio después de que fuera nombrado en el puesto.“Está a punto de volver ahora por una tutela y esa tutela es con base en que es padre cabeza de familia. O sea, por favor, ayúdame a recordar esto. Entonces, no se debe volver”, insistió Benedetti.El ministro insistió en que detrás de este proceso existirían intereses de carácter político y fue enfático al señalar que Barrios no debería regresar al cargo.El 27 de octubre de 2025 el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico eligió a Leyton Daniel Barrios Torres como rector para el periodo 2025–2029, sin embargo, ante las denuncias de presunto fraude con documentos anexos a su hoja de vida, el ministerio de Educación resolvió separarlo del cargo y posteriormente nombrar como rector encargado a Rafael Ángel Castillo Pacheco.
Tras dos intensas jornadas de discusión, directivos y estudiantes de la Universidad del Atlántico llegaron a un acuerdo para levantar el paro en el que se declararon las facultades hace dos meses, en rechazo a la elección del rector Leyton Barrios, ahora suspendido por presuntas irregularidades en su escogencia.Aunque el Consejo Académico de la Uniatlántico había propuesto un calendario de dos semanas para ponerse al día con las actividades y finalizar el segundo semestre de 2025, esto fue motivo de debate con los estudiantes hasta que finalmente se acordó un cronograma que reanudará las clases el próximo 15 de enero y se extenderá hasta el 21 de febrero.Juan Maza, líder estudiantil, destacó que finalmente se están brindando las garantías que los universitarios exigían para darle continuidad a todos los procesos académicos."Quedaron unas garantías también muy interesantes, donde hay unos compromisos, no solo académicos, disciplinarios y de derechos humanos, sino también desde el punto de vista presupuestal, de inversiones y de darle dignidad a la contratación pública", manifestó el estudiante.Luego, a partir del 15 de enero, se retomarán las clases, los parciales y finales pendientes del segundo semestre de 2025, para posteriormente comenzar las actividades correspondientes al primer semestre de 2026."En un ejercicio de doble vía, administración y estudiantes, hemos cuajado un manual de garantías, por decir así, que reivindica aspectos en los programas de bienestar, en el ámbito de las garantías académicas, en los procesos de participación política y en los procesos de desarrollo universitario", destacó el rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, al término de la Mesa de Garantías de la institución.
La cuenta regresiva para que el estadio Metropolitano reabra sus puertas en la final de la Copa Sudamericana 2026 está en marcha. Desde la Alcaldía Distrital no solo se pensó en la renovación del escenario para aumentar su capacidad, sino también para mejorar su sistema de videovigilancia. Por tanto, en las últimas horas se conoció que serán instaladas más de 300 cámaras de última generación.Las cámaras serán de 61 megapíxeles, lo que permitirá hacer zoom hasta el último rincón de la tribuna más lejana y ver un rostro o una acción con nitidez. El sistema está equipado con cámaras de tipo profesional, domos y domos duales, balas de 5 MP, multisensores panorámicos, minidomos, ojos de pez de 360 grados, entre otros elementos de videovigilancia.No siendo suficiente, el sistema incluirá un procesador con inteligencia artificial generativa, en el que se identificarán posibles alteraciones para así dar pronto aviso a las autoridades. De hecho, incluye una función de identificación fisonómica capaz de rastrear a una persona entre miles en cuestión de minutos."Estamos poniendo tecnología de punta, con inteligencia artificial generativa, equipos muy modernos y que ningún otro estadio de Colombia tiene. Falta poco para que volvamos abrir las puertas del Supermetro, para que recibamos el fútbol sudamericano. Este estadio está al nivel de los mejores del mundo. Nos infla el pecho a los barranquilleros de orgullo y pronto estará abierto para todos", afirmó el alcalde Alejandro Char.La gerente TIC de Barranquilla, Natali Escorcia, explicó que en estos momentos se trabaja en la instalación de los nuevos canales de internet y antenas 4G y 5G, para que el escenario deportivo cumpla con los estándares internacionales.En la parte superior del escenario, se instalarán nuevas antenas de última tecnología para mejorar la capacidad de conexión cuando se esté frente a la alta demanda de usuarios, lo cual era una de las principales necesidades del estadio.Finalmente, la intervención también contempla cambios en la infraestructura de red interna, en la que se dispondrá de canales de internet, backup de 2,5 gigas cada uno y puntos de acceso distribuidos en diferentes áreas del escenario. Su objetivo será garantizar el funcionamiento de los sistemas tecnológicos del ‘Supermetro’.
Momentos de tensión se registraron en horas de la tarde de este domingo por un nuevo atentado, en este caso, en el peaje de Villa Rica en el norte del Departamento del Cauca. De acuerdo con información preliminar, el ataque se realizó mediante el uso de drones contra la infraestructura del peaje. Las autoridades adelantaron las verificaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido, mientras se recomendó a los conductores evitar transitar por este sector.Otro hecho similar ocurrió en la madrugada del sábado 7 de noviembre donde también fue atacado con explosivos el peaje de Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana. Según los primeros reportes, los responsables habrían utilizado drones para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones, ocasionando daños materiales en la infraestructura.Después de la detonación, unidades de la Fuerza Pública adelantaron labores de verificación y seguridad en el corredor vial para descartar nuevas amenazas. Fabián Alonso Romero España, secretario de Gobierno del Cauca, solicitó reforzar la presencia permanente del Ejército en las estaciones de peaje, teniendo en cuenta los riesgos que estas acciones representan para los trabajadores, las comunidades cercanas, los viajeros, y el sector productivo.“Solicitamos de manera reiterativa para que el gobierno haga presencia del departamento del Cauca, protegiendo sectores estratégicos de la economía nacional, en dos ocasiones, desde el 8 de agosto se han reiterado los ataques al peaje con explosivos, lo que pone permanentemente en riesgo la estabilidad económica de nuestro departamento “, expresó el funcionario.A estos hechos se sumó otra acción violenta en el municipio de Suárez, también en el norte del Cauca. Allí, fueron detonados explosivos para atacar un tramo de la carretera que comunica la cabecera municipal con el sector de La Betulia. La detonación se registró en la vereda Playa Rica y ocasionó afectaciones en la infraestructura vial. El alcalde César Lizardo Cerón informó que, de manera preliminar, no se reportaron personas heridas ni fallecidas.Mientras avanzan las verificaciones por el reporte de Villa Rica y las investigaciones por los demás hechos, las autoridades buscan mejorar las condiciones de seguridad de las vías que están siendo atacadas constantemente con el uso de drones que representan una amenaza para la población civil y quienes transitan por las carreteras del sur occidente colombiano.
Las autoridades intensificaron los controles en Cuadra Play, uno de los sectores de rumba de Bucaramanga, donde un operativo de la Alcaldía, con apoyo de la Policía Nacional, Tránsito y el Cuerpo de Bomberos, dejó como resultado la inmovilización de vehículos y el cierre de dos establecimientos comerciales por incumplir los requisitos para su funcionamiento.Durante las intervenciones se llevaron a cabo requisas, verificación de antecedentes y controles a vehículos. Como resultado, fueron inmovilizados varios automotores que se encontraban estacionados en andenes y zonas de espacio público, obstruyendo estos lugares.Asimismo, las autoridades detectaron la presencia de menores de edad en inmediaciones de los establecimientos nocturnos y ordenaron el cierre de dos negocios que no cumplían con los requisitos exigidos para su funcionamiento.De acuerdo con la Administración Municipal, durante los procedimientos algunos conductores se opusieron a los controles, por lo que fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía para garantizar el desarrollo de los operativos.Las autoridades señalaron que estas acciones buscan mantener el orden, recuperar el espacio público y verificar que los establecimientos nocturnos cumplan con las normas para operar en este sector de la ciudad.
El Contralor General Jorge Laverde , ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que suman cerca de $20.783 millones. La decisión, anunciada este 9 de noviembre de 2026 en Bogotá, responde a las denuncias de Noticias Caracol sobre presuntas irregularidades en la compra de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y el uso de recursos públicos.Según la Contraloría General de la República, las denuncias señalan posibles fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad y sobrecostos. La revisión buscará establecer si los recursos se administraron conforme a la ley y si hubo afectación al patrimonio del Estado.Los cinco contratos de la DNI bajo revisiónHelicóptero no tripulado por $9.000 millonesEl contrato de mayor valor corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones. El ente de control verificará las condiciones de compra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. También revisará la aplicación de las garantías contractuales.Tres sistemas antidrones por $8.340 millonesLa Contraloría examinará las condiciones de contratación, las características técnicas, la entrega y el funcionamiento de tres sistemas antidrones, así como su uso efectivo y su correspondencia con las necesidades de la entidad.Computadores y sistema biométricoEl contrato 043 de 2024, por cerca de $1.314 millones, para la compra de 595 computadores, será revisado por denuncias sobre deficiencias de calidad, fallas e incumplimiento de especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago.En el caso del contrato 053 de 2022, por unos $580 millones, destinado a un sistema de identificación biométrica, el organismo buscará establecer por qué el sistema no habría entrado en funcionamiento, su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la DNI y las condiciones de planeación y ejecución.Mobiliario para la sede de FunzaLa quinta contratación, por aproximadamente $1.549 millones, corresponde a mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza (Cundinamarca). Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición y la entrega de los bienes, con atención a los posibles sobrecostos denunciados.Revisión al Sistema Integrado de Inteligencia y ContrainteligenciaAdemás, la Contraloría verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el destino de los recursos comprometidos en su desarrollo.Para estas actuaciones se solicitarán estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Si se identifica un presunto detrimento patrimonial, la entidad adelantará las actuaciones fiscales correspondientes. Los hechos con posible relevancia penal o disciplinaria serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción”El contralor Laverde Vargas recordó que los recursos de seguridad e inteligencia del Estado también están sujetos a control fiscal, el cual se ejercerá respetando la reserva de la información y la protección de la seguridad nacional.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos”, afirmó.
Después de un par de meses de esperar, Hidroituango por fin llegó a la cota 420, medida con la que Empresas Públicas de Medellín espera hacerle frente al Fenómeno de El Niño, que tendría en los primeros meses de 2027 su temporada más extrema.El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que la represa había llegado al nivel estimado, “aunque no es suficiente frente a los riesgos qué significa el Fenómeno de El Niño”. Hay que recordar que este proceso de llenado se hizo más rápido de lo esperado, debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas.Habían sido las autoridades antioqueñas las que en su momento reconocieron que solo hasta inicios del próximo año se llegaría a la meta propuesta, no obstante, las condiciones climáticas en el Norte del departamento permitieron hacer el proceso más rápido aunque el gerente de EPM, Jhon Maya, explicó que no se hizo de manera inmediata."Que subir como a 40-50 centímetros diario, parar y esperar a hacer unas mediciones a ver cómo responde la presa, cómo responden todos esos indicadores y si no hay ningún problema vuelve y se sube. Entonces tiene que ser muy lento porque eso es un bloque de agua de 12 metros más, que es un volumen de agua muy importante que hace una presión muy fuerte a una presa y a todo lo que eso implica. Entonces eso hay que subirlo muy gradualmente y en eso es lo que vamos muy bien", indicó el funcionario.Sobre la cota 420 y las implicaciones que esto podría tener para la energía de Colombia, hay que recordar que fue la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, quien le dio permiso a EPM para remover la cobertura vegetal y así subir el nivel el embalse y estar preparados para la temporada más seca.Durante el transcurso del día, autoridades departamentales y nacional como los ministros de Minas y Energía y Medio Ambiente estarán en las instalaciones de Hidroituango, recorriendo el megaproyecto y se espera que se entreguen nuevos detalles sobre el aporte de la hidroeléctrica para la estabilidad energética del país en los próximos meses.