Por mensajes de texto o razones enviadas a través de terceros, grupos armados ilegales siguen amenazando a docentes universitarios del Atlántico, Magdalena y Cesar, en lo que ha sido considerado un ataque sistemático para silenciar el pensamiento crítico, pues las víctimas son en su mayoría investigadores dedicados al estudio de la violencia en el Caribe.
Las más recientes amenazas fueron lanzadas contra el sociólogo Armando Martínez, un docente mexicano que labora hace siete años en la Universidad Popular del Cesar y al que un supuesto jefe de la zona norte del Clan del Golfo le dio “40 días para que salga del país”, porque de lo contrario será víctima de “una acción militar”.
El profesor afirma que sus investigaciones nunca han estado enfocadas a la actuación de grupos armados y que amenazas como estas no solo ponen en riesgo su vida, sino la de toda la comunidad universitaria.
"Es una amenaza a la comunidad universitaria y a cualquier persona que quiera plantear un pensamiento crítico dentro de la universidad, porque el mensaje es para mí, pero en el fondo siento que hay una cuestión de hostigamiento y de generar miedo a todo docente o estudiante que quiera cuestionar algo", expresó Martínez.
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En los últimos dos meses han sido amenazados seis docentes investigadores de la región y, como consecuencia de estas intimidaciones, una docente de la Universidad Popular del Cesar abandonó el país, mientras que el profesor de la Universidad del Norte Luis Trejos anunció que suspenderá todas sus actividades de investigación.
A través de Twitter, Trejos anunció que no volverá a emitir su “opinión sobre crimen organizado, violencia armada y rentas ilegales en el Caribe”. Sostuvo que, inclusive, está “gestionando el desmonte de columnas de opinión y entrevistas relacionadas con estos temas que han sido publicadas en portales web”.
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“Mi trabajo académico nunca tuvo como objetivo ser usado con fines judiciales o de insumo en contra de ninguna organización ilegal”, dijo.
La situación recuerda el sangriento capítulo del paramilitarismo en el que las universidades públicas del Caribe fueron escenario de guerra, ya que la mayoría de los profesores amenazados trabaja en las mismas instituciones que hoy son sujeto de reparación colectiva por el conflicto armado.
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