La Fiscalía nuevamente imputó a Jorge Liévano, exgerente de Metroparques durante la administración de Daniel Quintero, esta vez por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos del programa de Presupuesto Participativo durante 2020. Al caso también está vinculada una empresa de eventos y logística contratista
En menos de 24 horas, Jorge Liévano, exgerente de Metroparques, nuevamente volvió a ser requerido por los organismos judiciales en medio de presuntos casos de corrupción que involucran a la pasada administración de Daniel Quintero al frente de la ciudad de Medellín.
Y es que la Fiscalía General volvió a imputar cargos contra el exdirectivo pero esta vez por asuntos relacionados a posibles irregularidades en la ejecución de recursos del Presupuesto Participativo para asuntos de recreación desde el 2020.
De acuerdo al ente acusador entre el 4 de septiembre de ese año y el 31 de diciembre de 2022, Liévano y Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de la empresa contratista Cyan Eventos y Logística, se habrían apropiado de por lo menos 3.705 millones de pesos destinados para el cumplimiento de esas obligaciones.
Yiri Milena Amado, directora de la Fiscalía en Medellín, explicó que se presentaron falsas motivaciones para que Metroparques terminara disponiendo de esos recursos, pero además eligiendo a ese contratista a través de invitación privada que hizo a otras dos empresas.
"Con esos comportamientos se habría vulnerados los principios de lealtad y transparencia contemplados en la ley 80 de 1993. Con las labores adelantadas por la Policía Judicial, durante la ejecución del contrato, al parecer, hubo detrimento patrimonial superior a los 3.000 millones de pesos", indicó Amado.
Además de esto, Cyan habría recibido un adelanto de hasta 11 mil millones de pesos por un contrato de 25 mil millones cuando ni siquiera había terminado de ejecutar uno anterior que superaba los 19 mil millones de pesos.
Por esta razón, además de peculado por apropiación, la Fiscalía les imputó los cargos de comisión de delitos contra la administración pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Ni Liévano ni Jaramillo Botero se allanaron a los cargos señalados por parte de la Fiscalía.
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