La necesidad de establecer las condiciones de ocupación del territorio y avanzar en la planificación urbana llevó a la Alcaldía de Bello a iniciar una nueva etapa de intervención en la vereda Granizal, donde una avalancha ocurrida en junio de 2025 dejó 28 personas muertas y dejó en evidencia las dificultades que enfrenta esta comunidad en materia de ordenamiento y gestión del riesgo.
La administración municipal anunció el comienzo de una caracterización socioeconómica en los sectores Manantial y El Pinar, con la que busca recopilar información sobre las condiciones de vida de sus habitantes y las características de las viviendas, como parte de las acciones encaminadas a avanzar en los procesos de planificación y regularización de los predios que aún no lo están.
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Según la Alcaldía, la iniciativa es liderada por las secretarías de Planeación, Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, que estarán al frente de las labores durante aproximadamente tres semanas.
La meta establecida es visitar cerca de 2.900 viviendas, mediante un trabajo de campo que permitirá conocer de manera más detallada la realidad de las familias asentadas en estos sectores reconocidos por acuerdo municipal.
"Estamos yendo casa por casa con varios funcionarios de la administración municipal para mirar quiénes habitan, cómo lo habitan y sobre todo cuántas personas están habitando el territorio de gran. Una vez tengamos culminada todas estas fases, llegar a otra parte importante que es definir cuál es el modelo de ocupación que queremos en el territorio", manifestó Leticia Tangarife, secretaria de Planeación de Bello.
Para cumplir con el cronograma, la Alcaldía dispuso de 20 encuestadores que diariamente estarán distribuidos en cuatro grupos de trabajo. Los equipos se alternarán durante las jornadas para garantizar el desarrollo de las actividades programadas y avanzar en la recolección de información.
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La administración local destacó este proceso como el primer paso para avanzar en el proceso de legalización urbanística de la zona, un compromiso que había sido adquirido tras la tragedia con los habitantes de la zona e inclusive entidades del Gobierno nacional.