La Alcaldía de Bogotá rechazó las agresiones contra funcionarios del Distrito y los daños al bien público ocurridos en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, presuntamente protagonizados por integrantes de la comunidad Emberá Katío.
De acuerdo con la Administración, los hechos se registraron el pasado 16 de abril, cuando funcionarios que se encontraban en el lugar fueron agredidos y se presentaron daños graves en el archivo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).
Según informó el Distrito, en horas de la mañana los equipos institucionales conocieron que, presuntamente, algunos miembros de la comunidad estaban retirando documentos del archivo con fines de comercialización.
Ante esta situación, las entidades distritales adelantaron acciones para resguardar el material restante y trasladarlo a otra zona del predio. Sin embargo, el procedimiento no pudo culminarse debido a que los funcionarios fueron amenazados con objetos contundentes.
En la noche del mismo día, miembros de la comunidad intentaron nuevamente retirar los archivos, lo que derivó en nuevas agresiones contra el equipo institucional, en donde resultaron tres funcionarios lesionados.
Estos hechos, según la Alcaldía de Bogotá, se suman al bloqueo institucional que la comunidad mantiene desde el pasado 25 de marzo, el cual ha impedido el ingreso de los equipos del Distrito y la prestación de servicios sociales, especialmente para niños, niñas y adolescentes.
Adicionalmente, el Distrito informó que ese mismo día, tras un accidente de tránsito, miembros de la comunidad retuvieron a un motociclista durante cinco horas y aún mantienen retenida la motocicleta, extorsionando a la persona para la devolución de su vehículo.
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La Administración anunció que interpuso las denuncias correspondientes y solicitó acompañamiento del Ministerio Público. También hizo un llamado al Ministerio del Interior para fortalecer los mecanismos de diálogo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que actualmente media con los voceros de la comunidad.
Finalmente, reiteró su disposición al diálogo y aseguró que continuará buscando soluciones que permitan restablecer la presencia institucional y garantizar los derechos de la población, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
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